El miércoles a la noche, tras una reunión de Labor Parlamentaria, los principales jefes de bloques (exceptuando al kirchnerismo), junto a la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, arreglaron la postergación de la sesión de este jueves en el Senado. La misma se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre a las 14 horas. Se iban a tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia que le da 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Boleta Única y el financiamiento universitario.
Con esta maniobra, La Libertad Avanza consigue una semana más para asegurarse los votos en la ley que cambiaría el sistema electoral nacional. Y, además, logra retrasar dos derrotas que de todos modos se espera que ocurran la semana que viene. Una de ellas es la ley de financiamiento universitario, que desde el Gobierno aclararon que van a vetar en caso de que se apruebe, como lo hicieron con la reforma jubilatoria. La otra derrota sería el rechazo al DNU que le otorga su presupuesto a la SIDE, que podría ser el primer decreto que ambas cámaras del Congreso dejen sin efecto.
¿Cómo se llegó a la suspensión de esta sesión en el Senado?
El problema surgió en los últimos dos días y en el centro tuvo a la Unión Cívica Radical (UCR). Si bien elles fueron les impulsores del proyecto de Boleta Única, fue dentro de su bancada donde algunes de les legisladores pusieron reparos a los acuerdos previos. El conflicto estaría en que no llegaron a un consenso en cuanto a la eliminación del voto de lista completa, un pedido que le habían realizado desde provincias como Río Negro y Misiones al jefe de Gabinete Guillermo Francos.
El Gobierno necesita que el proyecto se apruebe este mes para que se pueda utilizar en las elecciones del año que viene. Como se realizaron modificaciones al texto (en vez del modelo de boleta única de Córdoba se utilizaría el de Mendoza), en caso de aprobarse, debería volver a Diputados. Asimismo, dado que la media sanción se había conseguido en diciembre de 2022, si no se trata en febrero próximo, se cae.
El cambio de modelo de boleta generó un conflicto interno en la UCR. Eduardo Vischi, titular de la bancada radical, motivado por su gobernador Gustavo Valdés, cuya provincia no tiene boleta única y tiene elecciones a gobernador el año que viene, preferiría la opción de votar boleta completa. El senador correntino podría conseguir otros aliades en su bloque, pero no hace falta, porque el oficialismo necesita los 13 votos de la UCR para conseguir la aprobación. Ante la duda, no tuvieron otra opción que posponer la sesión para negociar durante la semana o sino hubiesen sumado tres derrotas en un mismo día.
Desde Unión por la Patria no aceptaron la postergación y le enviaron una carta a Victoria Villarruel para anunciarle que van a estar en el recinto el jueves a las 14. En su comunicado le reclaman a la Secretaría parlamentaria que “garantice el funcionamiento del recinto para tratar el financiamiento universitario y el DNU de los fondos de La SIDE”.
¿Qué se iba a tratar en la sesión?
El proyecto de Boleta Única era el único tema que le podría haber garantizado un triunfo al Gobierno, dentro de lo que se iba a debatir este jueves, pese a que no fue algo que impulsaron. Este proyecto no solo implicaría la utilización del modelo de Mendoza a nivel nacional, sino también, según la nueva versión, un adelantamiento de las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y como consecuencia un cambio en el cronograma electoral.
Además, podría haber sido un día histórico, dado que podría haber sido la primera vez que tanto Diputados como Senadores rechazan un Decreto de Necesidad y Urgencia, desde que se reglamentó la ley en 2006. En este caso se trataba del DNU que le otorgaba 100 mil millones de pesos a la SIDE como gastos reservados. Todo parece indicar que solo se postergó el rechazo y que sucederá en la próxima sesión.
El tercer tema de discusión era el financiamiento universitario, iniciativa que el 15 de agosto fue aprobada en la Cámara baja por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. El texto establece una recuperación salarial del personal docente y no docente desde el 1 de septiembre hasta que se sancione la ley. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), tendría un impacto presupuestario de “$738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”. Desde el Gobierno, Guillermo Francos avisó que, en caso de aprobarse, lo van a vetar como hicieron con la reforma jubilatoria.