Nancy Fernández fue asesinada en 2014 tras reclamar justicia por el secuestro, por parte de una red de trata, y asesinato de su hija, Micaela. Su familia tuvo que esperar 10 años para llegar al juicio que tiene como acusado a Juan Carlos Corvalán.
El debate se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Para Paula Alvarado Mamani, abogada de la hija de Nancy, el juicio puede dividirse en dos procesos.
En dialogó con este medio, aseguró que, por un lado, se trata de “un proceso que tiene que ver con lo judicial, lo jurídico, en una causa que estuvo archivada es un avance enorme”. Por otro lado, mencionó: “se llega a este juicio en una situación compleja en lo subjetivo. Esa es la etapa que no se ve, lo que no se muestra, que después de tantos años de lucha logremos llegar, alcanzar a esta etapa judicial”.
La historia de Nancy y Mica
Nancy Fernández fue una mujer qom que vivía en General Pacheco con sus dos hijas. En 2013, un grupo dedicado al narcotráfico y el proxenetismo secuestró y explotó sexualmente a la mayor, Micaela, de 14 años.
Al tiempo, Micaela fue encontrada asesinada en la cama del proxeneta, golpeada y con un tiro en la cabeza. A pesar de las pruebas y del reclamo de la madre, su muerte fue caratulada como suicidio.
Nancy se movilizó en reclamo de justicia apenas ocurrió el asesinato de su hija. En lugar de obtener ayuda, fue golpeada y torturada por un grupo de policías que la amenazaba diciéndole “Te callás la boca, india de mierda”. El proxeneta, por su parte, fue identificado como “Pato” Cenizo. Sin embargo, sólo estuvo preso por venta de drogas.
A sus 36 años, Nancy fue asesinada y abusada. Para su familia, su crimen resulta inseparable de sus denuncias contra la red de trata que, un año antes, había asesinado a su hija. “Este juicio lamentablemente se toma como un caso aislado, no hay vinculación, no se logró por parte de la justicia encontrar la vinculación que la parte del particular damnificado, solicitó”, explicó Alvarado Mamani.
La policía y el Estado: cómplices
Si bien Juan Carlos Corvalán está acusado de ser el autor material del crimen de Nancy, es necesario mencionar que hay muchos más involucrados. Antes de que la asesinaran, Micaela había advertido a su madre que era inutil hacer la denuncia porque muchos policías estaban involucrados. Incluso, parte del personal policial abusaba de la joven.
Para la abogada, “en este caso el concepto de justicia es un poco alejado, si bien ahora está culminando el juicio por el feminicidio de Nancy, hay muchas aristas que quedaron afuera de este caso”. En ese sentido mencionó: “en primer lugar, la vinculación con el feminicidio de Micaela”.
Del mismo modo, sostuvo que “en una segunda instancia nos quedó pendiente todo el contexto en el cual sucede el feminicidio de Nancy”. Allí mencionó el contexto de trata y de narcotráfico.
El juicio y la búsqueda de justicia
El debate comenzará el próximo 3 en el Tribunal de San Isidro. Al respecto, Alvarado Mamani afirmó: “Donde no teníamos ninguna persona a quien imputar, ahora ya contamos con una certeza de que hay una persona que efectivamente cometió un crimen”.
Sin embargo, el juicio deja afuera muchos de los planteos por parte de la querella. “Cuando uno habla de justicia es una justicia muy lenta en primer lugar y en este caso sería incompleta”, reflexionó la abogada.
“Lisette (hija de Nancy) era una niña cuando sucedió todo esto, y tuvo que afrontar toda su vida sola, sin su madre”, sostuvo la abogada. Al respecto de su lucha agregó: “El concepto de justicia queda muy lejano a lo que estamos esperando o lo que uno esperaría”.
Tanto Nancy como Micaela pertenecían al pueblo Qom. Eugenio Fernández, el padre de Nancy y abuelo de Lisette y Micaela, era un activista por los derechos de los pueblos indígenas. Para la abogada, “todo el reclamo de justicia se marca en una vulneración a un sector social, a una etnia específica, en este caso el pueblo Qom”.
En relación a ello, contó: “Eugenio cuando viene a Buenos Aires y cuando empiezan a armar una comunidad, le suceden las cosas que suceden a todas las comunidades indígenas cuando se conforman en la provincia de Buenos Aires, una vulneración de derechos”. Para Alvarado Mamani, “esta precariedad lleva a que todo un sistema esté armado para que sean justamente las mujeres indígenas las más permeables”.
A pesar del reclamo, la abogada aseguró que “la justicia no ha tenido foco ni en lo étnico, ni en lo racial, ni en el tema del racismo, no solamente por las muertes de ellas, sino en todo el acceso a la justicia”. “El acceso a la justicia de los pueblos indígenas, y más de mujeres indígenas, tienen obstáculos que todavía no se han logrado superar por ninguna institución estatal”, concluyó.