Entre el miércoles y la madrugada del jueves, en una sesión extendida que duró más de 15 horas, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos y a la llamada “ley Finocchiaro” que declararía a la educación como servicio esencial. Además, aprobaron la ley de presupuestos de las universidades nacionales.
Este jueves, se levantó la sesión por falta de quórum cuando se iba a tratar la situación de Venezuela. Esto se debe a que sólo contaban con 102 diputades por la ausencia de Unión por la Patria e Innovación Federal, más algunes de otros bloques. No se llegó a tratar tampoco la regularización de armas de fuego.
A su vez, desde la oposición más dialoguista, nombres como Nicolás Massot, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer solicitaron una sesión especial para el miércoles 21 de agosto próximo para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia que le asignó cien mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación (SIDE). Diputados como Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica y Esteban Paulon denunciaron que la SIDE ya utilizó el 80% de los fondos reservados.
¿Cómo fue la sesión de Diputados?
La sesión empezó caldeada, porque desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda plantearon un proyecto de ley para sancionar a Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, les seis diputades de La Libertad Avanza que habían ido a visitar genocidas a la cárcel de Ezeiza. Bonacci, una de las diputadas que formó parte de la comitiva votó a favor de que se le sancione. No obstante, la solicitud terminó siendo rechazada por les legisladores del Pro, la Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal.
Dentro de la maratónica sesión se aprobó, con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones, la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) para que pueda abarcar todo tipo de investigación criminal. Para aprobar el proyecto tuvo que ser rechazado el artículo 2 que trasladaba el registro al ámbito del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Por lo que continuará en la órbita del Ministerio de Justicia.
La educación fue un eje central de la sesión
A las 21 horas empezó a tratarse la llamada “Ley Finocchiaro”, por el diputado que la propuso. El proyecto declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional. Tiene como objetivo garantizar las clases en los días de paro, por lo tanto, limitaría el derecho de huelga para les trabajadores escolares. Fue aprobado con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones
El proyecto busca reemplazar el artículo n°3 de la Ley de Educación Nacional y propone la creación de un “Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias”. Esto garantizaría las guardias en el caso de “medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente o no docente”. Las escuelas deberían contar con un mínimo de personal del 30% en medidas de fuerza que duren uno o dos días y del 50% cuando son de más de tres días.
No es la primera vez que intentan llevar a cabo este cambio. El Gobierno lo había escrito en el DNU 70/23, pero estaba dentro del capítulo de la reforma laboral que frenó la justicia. A su vez, en el 2001, la Corte Suprema declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich, donde también habían intentado avanzar con este cambio.
Finocchiaro, diputado del Pro, aclaró que van a “regular el derecho de huelga, que es materia federal”. Por su parte, Christian Castillo, parte del Frente de Izquierda dijo que la ley “es una gran estafa, porque se le presenta a la población como que esta ley va a mejorar las condiciones del sistema educativo, y no es así”.
Los gremios docentes se manifestaron frente al Congreso en contra de este proyecto antisindical que busca limitar el derecho a la huelga. Angélica Graciano, secretaria gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), en una nota con El Grito del Sur expresó porque no quieren que se convierta en un servicio: “Nosotros decimos que la educación es un derecho social y humano. Poner a la educación en la categoría de servicio es abrir la puerta a la privatización y a la mercantilización”.
En la sesión también se aprobó el proyecto de Financiamiento de Universidades Nacionales. En la mañana del jueves les diputades dieron media sanción al segundo dictamen de minoría, propuesto por la Unión Cívica Radical, que incluía modificaciones de Unión por la Patria. Para su aprobación contó con 143 votos afirmativos, 77 en contra y una abstención.
En un contexto donde varias universidades aún no iniciaron las clases por los problemas salariales, el dictamen en minoría establece que desde el Poder Ejecutivo deben actualizar, cada dos meses y por inflación, los gastos salariales y de funcionamiento de las Universidades Nacionales. Se deberá realizar en forma retroactiva desde enero de este año hasta el 31 de diciembre.