El debate sobre la educación en Argentina ha tomado un giro preocupante. Este miércoles 14 de agosto se lleva a cabo el tercer día del paro nacional docente en todas las universidades públicas del país, el cual comenzó el lunes 12 de agosto en protesta por la falta de respuestas a las demandas salariales y laborales.
La medida de fuerza, convocada por CONADU Histórica, afecta el normal inicio de clases en varias instituciones y es parte de un contexto más amplio de reclamo por la preservación de la educación pública como un derecho social y no como un servicio.
El eje del conflicto surge a partir del proyecto de ley que impulsa el Bloque de Cambiemos, con el respaldo del oficialismo y la UCR, que busca declarar a la educación como un «servicio esencial». Desde sectores sindicales, como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), denuncian que el verdadero objetivo de esta iniciativa es limitar el derecho a la protesta social y abrir las puertas a la privatización de la educación en Argentina.
Docentes y gremios advierten que esta propuesta desconoce la Ley de Educación Nacional 26.206, aprobada por unanimidad en 2006, que consagra a la educación como un derecho social garantizado por el Estado. Según los críticos del proyecto, plantear la educación como un servicio desvirtúa su esencia, reduciéndola a una prestación que puede ser gestionada y comercializada como cualquier otra mercancía.
Además, denuncian que el Gobierno ha sido cómplice de un ajuste sistemático al sistema educativo, que se ha traducido en el desfinanciamiento total del sector. Entre los recortes más notorios se encuentran la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reducción salarial, la suspensión de programas nacionales de entrega de libros y computadoras, y la falta de financiamiento para comedores escolares y obras de infraestructura. Esto, sumado a la constante pérdida de poder adquisitivo y la reforma jubilatoria, afecta de manera directa a miles de docentes y familias en todo el país.
El proyecto de ley propuesto también incluye medidas como la implementación de «guardias mínimas» en las escuelas, una idea que ha sido duramente criticada por los gremios al considerar que reduce el rol de las instituciones educativas a simples «guarderías». Según los sindicatos, esta concepción demuestra un desconocimiento profundo del proceso educativo y de la complejidad de las dinámicas de enseñanza y aprendizaje.
En respuesta, desde CTERA y otros gremios docentes han reafirmado su compromiso con la defensa de la educación pública y gratuita como un derecho fundamental. Señalan que lo que realmente se necesita es cumplir con la Ley de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo, garantizando mayor inversión estatal en el sector y promoviendo políticas educativas que respondan a las necesidades reales de la población, sin convertir a la educación en un producto comercial.
El conflicto continúa, y las tensiones entre el gobierno y los gremios docentes se profundizan. Con el paro nacional en curso, el debate sobre la esencialidad de la educación sigue generando controversia en todo el país, mientras docentes y estudiantes exigen que la educación siga siendo un derecho garantizado por el Estado.