El expresidente argentino, Alberto Fernández, rompió el silencio tras la denuncia de Fabiola Yáñez, su expareja, por violencia de género. Lo hizo a través de una entrevista brindada al diario español El País, en la cual aseguró que nunca ejerció violencia física contra la exprimera dama. En ese sentido, sostuvo que probará su inocencia ante la Justicia.
Sin embargo, sus declaraciones generaron controversia ya que utilizó estrategias de minimización y negación típicas en casos de agresores denunciados.
Previamente, Yáñez había dado una entrevista en la que narró las situaciones de violencias que atravesó durante la relación. «He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho», declaró.
Por otro lado, describió cómo se sintió aislada y sin apoyo durante su tiempo en la residencia de Olivos: «Yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros», comentó al respecto.
Abusos, política y negación: la versión de un varón con poder
Durante la entrevista, Fernández insistió en que la acusación en su contra es infundada: «Estoy acusado de algo que no he hecho». El exmandatario también cuestionó la legalidad de la denuncia, alegando que en casos de violencia de género, «la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable».
Este argumento fue refutado por los propios periodistas de El País, quienes explicaron que en Argentina se aplica el principio de amplitud probatoria en casos de violencia machista, sin alterar los estándares de prueba aplicables a otros delitos.
Luego de la denuncia, se filtraron fotos y chats -que algunos medios de comunicación compartieron también sin consentimiento- en donde se ve a la víctima con lesiones. A raíz de ello, Yáñez declaró este martes a las 10, desde Madrid por videoconferencia para ampliar su testimonio.
Hasta ahora, manifestó haber sido víctima de «lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad». Asimismo, quiere que Fernández sea acusado por amenazas coactivas.
Por su parte, el expresidente también insinuó que Yáñez podría haber sido «incentivada» a realizar la denuncia por motivos externos, una táctica común para desvirtuar la legitimidad de las acusaciones.
Además, al referirse a los chats que muestran presuntas agresiones físicas, se excusó diciendo que «se borraron todas las conversaciones» que mantenía con Yáñez, lo que dejó más dudas sobre su versión de los hechos.
“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra (exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia) y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza», enfatizó.
Una deuda que no perdona a ninguna: la falta de políticas de protección contra la violencia de género
Yáñez expresó su frustración por la falta de apoyo que recibió durante su relación, incluso cuando buscó ayuda en organismos oficiales: «Yo pedí ayuda a varias personas. Y esas personas no me ayudaron». En esa línea, apuntó contra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad: «Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí».
Por su parte, Fernández admitió violencia verbal, aunque minimizó la situación al afirmar que «uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo». Este tipo de justificaciones que naturalizan el maltrato bajo la excusa de la «vehemencia» en discusiones de pareja, perpetúan la cultura de la violencia y eximen de responsabilidad al agresor.
Las declaraciones del expresidente no se limitaron a su situación personal. Fernández también acusó al Gobierno actual de Javier Milei de aprovecharse políticamente de su caso. Sin embargo, las acusaciones en su contra trascienden lo personal y resuenan en un país con grandes logros en materia de género, donde las denuncias por violencia contra las mujeres ya no pueden ser ignoradas.
Mientras tanto, la causa penal sigue su curso y la sociedad argentina espera que la Justicia determine cómo fueron los hechos con la seriedad que merece un caso de esta magnitud. Alberto Fernández, quien durante su mandato promovió políticas de género, ahora enfrenta la prueba más dura: demostrar su inocencia frente a las graves acusaciones que pesan en su contra.