Durante abril, 250 trabajadores de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) fueron sumariados por supuesto ausentismo, y en mayo se despidió a 64 empleades de ese total. El personal de la entidad asegura que el procedimiento para concretar esas medidas está “repleto de irregularidades” puesto que no se “computaron licencias, vacaciones” ni el trabajo territorial.
Según explicó el personal afectado y delegades gremiales, desde marzo de 2024 varies trabajadores comenzaron a recibir notificaciones de supuestas ausencias acontecidas durante el 2023. A partir de ahí, las nuevas autoridades emitieron más de 200 sumarios e imputaciones por dicha causa.
De todas esas intimaciones, alrededor de 50 corresponden a “trabajadores que fueron instados a jubilarse, algunos inclusive no cuentan con los años necesarios de aporte”.
Motosierra y desguace en ACUMAR
En este marco, Nota al Pie dialogó con la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en ACUMAR, Débora Frites. La entrevistada sostuvo que “a partir de finales de marzo a los compañeros se les notifica que han tenido incumplimientos durante todo el 2023”. “La mayoría son trabajadores territoriales”, agregó.
En referencia al presentismo, Frites detalló: “La forma que tenemos de plasmar el horario que hacemos es mediante una planilla de campo”. Y aclaró que “en su momento no se había cargado y bueno, incurrió en estas cuestiones”.
Sin embargo, la delegada aseguró que “todas las faltas que se les acusa (a les sumariades) han sido justificadas debidamente con el trabajo de campo porque no trabajamos solos: trabajamos con la Defensoría, trabajamos con las organizaciones barriales, con los vecinos”.
A su vez, denunció que, aunque las actividades siempre son programadas, continúan “llegando notificaciones de intimaciones”.
Irregularidades en los sumarios y en los métodos
El personal de ACUMAR señaló que las supuestas ausencias a los puestos de trabajo no son reales, y que las autoridades “basaron la intimación en los datos biométricos que no reflejan la actividad que realizamos en el territorio”. En algunos casos, ésta comprende “el 60% de la carga laboral semanal”.
En este sentido, los casos que están destinados de forma exclusiva a actividades de campo como, por ejemplo, en un municipio de la cuenca, no disponen de dispositivos para fichar el presentismo bajo esa modalidad. Por este motivo, algunos empleades fueron imputades con un año de faltas.
Respecto a las supuestas inasistencias, el personal de la entidad comentó que no se trata de incumplimientos al trabajo “sino que la antigua gestión no estableció los controles que indica nuestro convenio de trabajo y avaló nuestra asistencia a través de otros instrumentos”.
En esa línea, agregaron que estos procedimientos fueron establecidos por “las autoridades de ese momento” y que les funcionaries encargados de legitimar estas irregularidades “aún continúan prestando servicio en el organismo, y hoy nos indican que eso no era válido”.
La lucha por las reincorporaciones de les despedides
Como consecuencia de los acontecimientos, el gremio y les trabajadores iniciaron un plan de acción que busca resistir y revertir esta situación. En este sentido, la referente de ATE comentó que en la asamblea de trabajadores es donde votan “las medidas en las que podemos avanzar para que se visibilice esta cuestión de los despidos y las reincorporaciones”.
“Hemos realizado un paro, hemos hecho una retención de tareas, un cese de actividades la semana pasada y una radio abierta con mucha concurrencia donde pudimos visibilizar esta problemática”, detalló Frites.
“Además, se sumaron compañeros y compañeras de otros organismos que también están afectados por despidos y porque sus organismos han sido y están siendo desguazados”, agregó.
Por último, la delegada sindical anticipó que en la última asamblea del 10 de mayo se decidieron acciones para la próxima semana. “Estamos en alerta y movilización constante tomando las medidas que sean más aptas para lograr la reincorporación de los compañeros y las compañeras”, finalizó.