La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) realizó un estudio en el que concluyó que las medidas de fuerza del sector, cuya responsabilidad es compartida por todos los actores, tuvieron un impacto negativo “sobre la actividad industrial, el empleo y en las arcas estatales”.
El informe reveló que durante los últimos cinco meses “se desperdició una potencialidad en la actividad extractiva de más de 30 mil toneladas de pescado” del total de las especies que se capturan en el mar argentino. Esta pérdida se traduce en una severa crisis de rentabilidad para las empresas pesqueras “por más de 260 millones de dólares”.
La fundación, además, indicó que este perjuicio se produjo en un contexto de incumplimientos de contratos internacionales de exportación, de pérdidas de contratación de personal eventual (por la interrupción de las distintas zafras) y de un estancamiento salarial para les trabajadores.
Asimismo, estos factores fueron acompañados por “una fuerte caída en el pago de impuestos estatales relacionados con los cánones de extracción, derechos de exportación, ingresos brutos, y aportes a la seguridad social y al sistema de salud”.
El diagnóstico de la entidad sobre la pesca argentina
En ese marco, el presidente de la entidad, Raúl Cereseto, sostuvo que desde inicios del 2024 “la industria pesquera nacional estuvo cautiva de un sinfín de conflictos y medidas de fuerza en las que se han repartido responsabilidades simétricas los gremios marítimos, la patronal y el ejecutivo nacional”.
En ese sentido, añadió que la dificultad que atravesaron las partes para “ponerse de acuerdo en cómo desarrollar las tareas, y la falta de sentido común para arribar a un entendimiento mutuo ha causado una reiterada suspensión en la producción habitual”.
De acuerdo a Cereseto, este escenario trajo como consecuencia un daño para las distintas unidades productivas del sector, y significó una privación a las “economías regionales, al consumo interno, a la contratación y retribución de los trabajadores; y a los ingresos públicos del estado”.
Para ilustrar este panorama, el informe de la FULASP hizo referencia a la situación que afecta a la flota fresquera de altura del puerto de la ciudad de Mar del Plata y a los “buques amarillos” de la provincia de Chubut en sus diferentes amarraderos (los más importantes del país).
Estas unidades “vieron canceladas sus actividades en muchas oportunidades tanto por reclamos paritarios de los sindicatos, como por decisiones empresariales, que llevaron a la pérdida de muchas mareas laborales”, aseguró la entidad.
El Gobierno nacional y la ley federal de pesca
Otro punto crítico del informe apuntó contra el Gobierno nacional por las modificaciones propuestas respecto a la Ley Federal de Pesca.
La iniciativa del oficialismo buscaba “instaurar severas modificaciones en los permisos (de pesca) y establecer, entre otras cuestiones, que las cuotas de captura se asignaran por un sistema de licitaciones internacionales (medidas que luego retrotrajeron)”.
A pesar de la marcha atrás del Ejecutivo, la entidad explicó que este intento de reformas creó un escenario de “mucha incertidumbre sobre la actividad en su conjunto y desinflaron las operaciones (productivas y comerciales) del sector”.
En este aspecto, el presidente de la fundación puntualizó que “la caída es muy importante porque se van generando pérdidas multiplicadoras”. Por un lado, esto afecta a “la valuación del precio que el armador o el empresario pesquero vende en banquina (en el muelle) a las plantas procesadoras”.
Por otra parte, Cereseto detalló que “hay un segundo vacío que genera el hecho de que esa mercadería, al no poder procesarse, trae aparejada la imposibilidad de ser exportada”.