Hasta este viernes, se contabilizan un total de 2500 detenciones de estudiantes que se manifestaron a favor de Palestina en universidades de Estados Unidos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene el estado de alerta.
Desde mediados de abril, movimientos estudiantiles decidieron tomar medidas de protesta por un alto al fuego de Israel en la Franja de Gaza, asi como también manifestar su crítica por la posición del gobierno de Joe Biden frente al genocidio.
Las movilizaciones estudiantiles se replicaron con fuerza en 50 facultades de todo el territorio norteamericano, finalizando algunas con operativos policiales de desalojo; además de detenciones, como las aplicadas en la Universidad de Columbia en Nueva York.
Frente a esta situación, los reclamos dentro del principal país aliado de Israel siguen acrecentándose en sintonía con los ataques en Rafah, que ya acumulan más de 34 mil muertes de palestines en Gaza.
En este contexto, la Universidad de Columbia fue acompañada por Harvard y Yale en el noroeste del país, mientras que en la costa oeste se unió la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y en el suroeste, la Universidad de California en San Diego (UCSD).
Por otro lado, al reclamo liderado desde la costa oeste se unieron las medidas de fuerza de la Universidad Estatal de Oregón, mientras que hacia el sur se adhirieron las universidades de Arizona, Nuevo México, así como las de Texas en Dallas y Austin.
Los reclamos y la oposición de las autoridades universitarias
Les estudiantes de universidades de varios Estados del país norteamericano se movilizan contra el brutal asedio israelí en tierras palestinas y reprochan el apoyo de la gestión presidencial de Joe Biden.
Además de reclamar un alto al fuego, también exigen que las universidades desinviertan sus propios fondos en empresas israelíes, considerando que bajo esta modalidad, las mismas se benefician económicamente con vistas al conflicto bélico.
Asimismo, les estudiantes exigen la cancelación de todos los acuerdos académicos con las universidades de Israel. De momento, las casas de estudio norteamericanas no atienden a los requerimientos para el cese de las tomas.
Otro de los reclamos, que se sumaron conforme escala el conflicto, es el de una amnistía para todes les expulsades y suspendides por las autoridades de las distintas facultades.
Las detenciones se sucedieron tras la declaración de un toque de queda en distintas universidades para evitar acampes en las instituciones. Una de las facultades que aplicó esta medida fue la UCLA, en donde estudiantes afirman que dicha resolución no afecta a alumnos activos. Pese a ello fueron desalojados, según informó el medio El País.
La CIDH exigió garantizar la libertad de expresión
En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la persecución contra estudiantes por parte de las casas de estudio y las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos.
Así, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su “preocupación ante los hechos de violencia, arrestos masivos y sanciones a personas de la comunidad educativa que se movilizan sobre asuntos de interés público”.
En continuidad, llamaron al Estado a “respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y la reunión pacífica”, así como también a “la libertad académica, y disponer de instancias de diálogo para abordar las preocupaciones de las personas manifestantes”.
En otra parte del comunicado, reafirmaron que la ocupación de edificios, “ya sean públicos o privados, constituyen una modalidad de protesta legítima”, en contraposición a los toque de queda y las detenciones posteriores.
También aclararon que la restricción de estas manifestaciones debe ser “excepcional, necesaria y proporcional”. Además, remarcaron que las protestas en instituciones académicas representan una plataforma para que estudiantes “expresen sus críticas, demandas y reivindicaciones”.
En lo que refiere al rol del Estado, la CIDH reafirmó que el mismo debe “abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas”. A su vez, limitó al Estado en atribuir actos criminales sobre conductas que categoriza como de protesta.
Por último, el escrito hace un llamado a las autoridades estadounidenses a respetar “los derechos a la libertad de expresión, la reunión pacífica y la libertad académica, conforme a estándares internacionales de derechos humanos”.