La huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA Autónoma y Trabajadores), se hizo sentir este 9 de mayo. Sin atención en dependencias públicas ni bancarias, sin dictado de clases, ni transporte, la jornada de lucha contó con el apoyo de casi todos los gremios de empleades.
Como era de esperarse, el Gobierno nacional intentó desestimar y deslegitimar la medida gremial. Es el caso del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en vísperas del paro calificó a los integrantes de la CGT como “los fundamentalistas del atraso”. Además, aprovechó la oportunidad de advertir que “a los trabajadores estatales que paren se les descontará el día”.
La medida sindical busca impedir la Ley de Bases
Por medio de un comunicado conjunto, las tres centrales sindicales sostuvieron que la medida se llevó a cabo por la dura situación que sufre el país bajo la gestión de Milei. “En nombre de una mal entendida libertad de mercado, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados”, aseguraron.
Bajo la consigna “Milei pará la mano, la patria no se vende”, las entidades destacaron que el Ejecutivo nacional “promueve una quita de derechos laborales y sociales, redefine el rol del Estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población”.
En esa línea, cuestionaron la paralización de la obra pública y su impacto en el desempleo, el desfinanciamiento de la salud pública, la educación, la ciencia y la cultura que pone en riesgo “la población en general”.
A su vez, subrayaron que las decisiones de la administración de La Libertad Avanza (LLA) promueven “peligrosas políticas de privatización de empresas públicas y de entrega de los recursos del patrimonio nacional”.
El documento, además, apunta contra “un Gobierno sin diálogo social, que sólo se vincula con los representantes de intereses amigos, que agrede y desecha a los trabajadores y a sus organizaciones”.
Sin transporte, sin industria y sin bancos
La “jornada de resistencia y reclamo” se desarrolló con una fuerte adhesión de los gremios del transporte; sólo algunas pocas líneas de colectivos circularon en el país. El sector público en todas sus áreas y jurisdicciones, industria, sindicatos docentes y otras actividades se plegaron a la convocatoria sindical.
En tanto, los vuelos aeronáuticos sufrieron modificaciones en sus cronogramas de servicio. Mientras que los aeropuertos no prestaron gran parte de sus habituales tareas para su sector. A su vez, se registró la suspensión del servicio logístico de camiones, como así también importantes ceses de funciones en el sector marítimo.
Las excepciones a la medida de fuerza se registraron en el ámbito de los locales comerciales y algunas estaciones de servicio. Asimismo, algunos establecimientos privados de la educación se las ingeniaron para dictar clases. En general, el sector privado fue el menos adherente a la convocatoria de las centrales obreras.
Por otra parte, el paro fue respaldado por todo el campo de las organizaciones sociales que expresaron su categórico “rechazo y repudio a la Ley Bases, el paquete fiscal y el DNU inconstitucional” (en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23) como a las políticas implementadas por el Gobierno en materia de seguridad social.