El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, solicitó restablecer el decreto de 2017 que busca “expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”. La solicitud se enmarca en una construcción discursiva negativa por parte de ciudad y nación, quienes buscan acelerar el proceso de expulsión de migrantes en el país.
En este contexto, los derechos de las personas extranjeras que residen en Argentina están en riesgo. Sin embargo, este ataque tiene un antecedente no muy lejano: durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) se instaló la idea de que los hechos delictivos eran causados por extranjeros. Ahora, Jorge Macri, en línea con las políticas del presidente Javier Milei, volvió a promover este discurso.
Migrar es un derecho humano
La migración no es un delito, sino un derecho amparado por la Constitución Nacional, así como también por tratados internacionales. De acuerdo con el artículo 20 de la Carta Magna, “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes”.
El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) no desaprovechó la oportunidad para manifestar su postura sobre les migrantes, incluso impuso aranceles para aquelles que estudian en las universidades públicas del país. Siguiendo la misma línea, Jorge Macri no tardó en avanzar en esta política de exclusión basada en argumentos de “seguridad nacional”.
“Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, comunicó el jefe de Gobierno porteño a través de X.
La publicación del funcionario hace referencia al DNU 138/2021, el cual derogó el decreto discriminatorio gracias a la lucha incansable de migrantes y refugiados en Argentina en defensa de la Ley de política migratoria N° 25.871, que estableció el régimen de política migratoria argentina.
Una historia de larga data
En 2017, el gobierno de Mauricio Macri impulsó el decreto 70/2017 para expulsar a les migrantes de Argentina. “Los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian, por regla general, de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo”, expresaba el documento.
Sin embargo, el decreto generó preocupaciones sobre el respeto a los derechos constitucionales y humanos de las personas migrantes ya que planteaba interrogantes sobre el respeto a los principios de igualdad y protección de derechos para todos los individuos dentro del territorio argentino.
Finalmente en 2021, el Ministerio de Justicia de la Nación fundamentó la derogación del decreto 70/2017 argumentando que “se vuelve a colocar a la Argentina en la senda de la inclusión y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, valorando su aporte a la cultura y a la identidad de nuestro país”.
La medida del gobierno porteño continúa en la misma línea que las políticas discriminatorias del Gobierno nacional. También es importante recordar el protocolo “anti piquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que, en su artículo 11, establece medidas para las personas extranjeras que participan en movilizaciones sociales. “En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la Dirección Nacional de Migraciones, a los fines pertinentes”, precisa.
A ello se suma la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), junto a los dichos de Milei sobre el arancelamiento de las universidades para extranjeres, lo cual supone un conjunto de acciones peligrosas que violentan los derechos de las personas migrantes en el país.