Del 22 al 24 de abril se realizó en Santiago de Chile la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o, como se la conoce coloquialmente, la Cop 3 del Acuerdo de Escazú.
El evento tuvo lugar en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Reunió a autoridades de países de la región, representantes de organismos regionales e internacionales y miembros del público.
El Acuerdo de Escazú data de 2018, aunque entró en vigor en 2021. Al día de hoy, lo firmaron 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 Estados Partes. Se adoptó en Escazú, Costa Rica, ciudad de la que adoptó su nombre, y se trata del primer tratado de carácter ambiental de esta región.
Su objetivo es asegurar la implementación del acceso a la información ambiental, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a las cuestiones ambientales, así como el acceso a la justicia en estos casos. Por eso, la Cop de 2024 fue clave, ya que se aprobó el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.
La protección de quienes defienden el ambiente en Latinoamérica es un hecho
“Más de la mitad de los asesinatos a activistas ambientales ocurren en América Latina y el Caribe”, escribió en sus redes la organización Consciente Colectivo. Según aseguraron, en esta región mataron a al menos 126 personas defensoras del ambiente en 2023. Los países con más casos fueron Colombia, Brasil, Honduras y México.
Si bien esas 4 naciones ya firmaron el Acuerdo de Escazú, solo México se conformó como Estado Parte. Los otros países que se encuentran en esa posición son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Uruguay y Saint Kitts y Nevis.
Este último país caribeño, junto a Ecuador y Chile (sede de la Cop 3), promovieron el Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. La iniciativa se enmarcó en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que busca promover y proteger los derechos de quienes velan por la preservación del ambiente.
El Plan se aprobó este martes 23 de abril, en la segunda jornada de la Cop 3. Tiene un plazo de ejecución de seis años, desde el presente mes hasta abril de 2030, para generar un cambio tangible en la defensa y reconocimiento de les que dedican sus vidas a defender nuestro planeta.
Se estructura en cuatro ejes: generación de conocimiento; reconocimiento; fortalecimiento de capacidades y cooperación en apoyo a la implementación nacional; y evaluación, seguimiento y revisión del plan de acción.
El primer eje diagnosticará la situación de les defensores ambientales en la región, así como los instrumentos de prevención, protección y sanción existentes. A su vez, el segundo destacará públicamente su labor, para contribuir a una cultura en favor del ambiente y los derechos humanos.
El tercer eje se trata del fortalecimiento de capacidades y cooperación, a través del que elaborarán e implementarán leyes, políticas y programas destinados al reconocimiento y protección de defensoras y defensores ambientales. Es uno de los más importantes, ya que incluye la generación de lineamientos regionales, la capacitación de operadores de justicia y otros actores relevantes en la temática ambiental.
Por último, se evaluará el progreso de las acciones que se implementaron, con transparencia y rendición de cuentas en todo momento. Este es uno de los puntos novedosos del Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso del público general a la información ambiental.
La participación argentina
La subsecretaria de Ambiente del Ministerio del Interior de la Nación, Ana Lamas, asistió a la COP 3 del Acuerdo de Escazú. La acompañó el director nacional de Educación Ambiental, Augusto Paz.
Este último destacó en la cumbre que nuestro país considera al Acuerdo como “un instrumento indispensable” para la implementación plena y efectiva en la región “de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
“Estamos trabajando en el proceso de elaboración participativa de normas para implementar en proyectos futuros. Además, iniciamos un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para incorporar su perspectiva en las acciones que demande el acuerdo a nivel nacional”, afirmó en la cumbre.
En este sentido, aseguró que desde la Subsecretaría realizan un diagnóstico sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que defienden el ambiente en Argentina. También, que trabajan en la actualización del programa de formación para funcionaries y equipos técnicos nacionales, incorporando contenidos específicos sobre el Acuerdo de Escazú. A su vez, puntualizó a TN que intentan promover la educación ambiental a través de material audiovisual para diferentes ámbitos y niveles educativos.
Si bien en el sitio web de Ambiente del Ministerio del Interior se ve la actividad de la Subsecretaría, y las palabras de sus representantes en la Santiago de Chile parecen estar en la línea de la protección ambiental, las organizaciones nacionales ambientalistas denuncian políticas a nivel nacional que van en su contra.
Este martes se realizó la Gran Marcha Universitaria, con estudiantes que en todo el país salieron a reclamar por el desfinanciamiento a las universidades públicas. En ese contexto, desde Jóvenes por el Clima se pronunciaron “en solidaridad y pleno acompañamiento de nuestros investigadores y profesionales de los organismos de ciencia y técnica afectados”.
Asimismo, Consciente Colectivo recordó en sus redes sociales que el DNU 70/2023 sigue vigente. En cuanto a lo ambiental, la normativa derogó la Ley de Tierras y quitó préstamos y estímulos a quienes incorporan equipos de generación de energías en sus residencias. “Este decreto es inconstitucional y va en contra de nuestros principios democráticos”, afirmaron.