Este martes 23 de abril tendrá lugar la Marcha Federal Educativa convocada por la comunidad universitaria argentina. El rechazo al desfinanciamiento de las universidades públicas, sumado al descrédito que el presidente Javier Milei realiza sobre su contribución en la sociedad, articuló a diversos sectores gremiales y laborales de diferentes procedencias políticas.
En este marco, Nota al Pie repasa la antesala de una movilización que se presume masiva a nivel nacional, y la estrategia del Gobierno nacional para frenarla.
En defensa de la educación pública y gratuita
La movilización tiene objetivos de orden financiero, gremial y político. Por un lado, es una protesta generalizada ante las cifras del presupuesto que afecta el pleno funcionamiento de las universidades públicas nacionales; la descomposición salarial que sufren sus trabajadores; y el desfinanciamiento de becas y programas vinculados al bienestar estudiantil. Por otro, es una demostración de fuerzas en las calles del arco universitario encabezado por estudiantes, docentes y no docentes, pero engrosado en esta ocasión por autoridades. Por último, es un intento de articulación de los diversos actores universitarios enrolados en las más variadas identidades políticas en contra del Gobierno conducido por Milei, reticente a la comunidad educativa.
La movilización fue organizada en un contexto de descomposición salarial de trabajadores registrados y no registrados, tanto del sector público como privado. Una escena que se profundiza a la par de los aumentos en las tarifas, los cuales también impactan en los gastos corrientes que deben afrontar las casas de estudio.
Asimismo, la pronunciada caída de la actividad económica viene afectando al conjunto de la cadena productiva. En ese sentido, la comunidad universitaria atraviesa un proceso de movilización generalizada con convocatorias de escala regional en la que participaron estudiantes, docentes y trabajadores no docentes.
Una convocatoria amplia que preocupa al PRO
Si bien la movilización tiene como columna vertebral al movimiento universitario argentino, el respaldo que recibió de parte de importantes gremios a nivel nacional es notable. El Movimiento Obrero Organizado y organismos de Derechos Humanos se solidarizaron con la causa convocando mediante diferentes consignas: contra el desfinanciamiento educativo; por una educación pública, libre y gratuita; por recomposición salarial; para marchar “contra el plan de ajuste” del Gobierno.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-T), la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Abuelas de Plaza de Mayo y Asociación Madres de Plaza de Mayo también expresaron su apoyo. De hecho, gremios como la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) sumaron como demanda la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
No obstante, la novedad está representada por el involucramiento del radicalismo en la causa universitaria. De histórica ligazón social, política y gremial con la universidad pública argentina, la Juventud Radical y dirigentes de primera línea de la Unión Cívica Radical (UCR) sumaron su fuerza para convocar a la movilización. Incluso, numerosas autoridades que conducen reconocidas facultades y universidades enteras impulsaron la propuesta al interior de las casas de estudio.
Ajuste, adoctrinamiento, auditoría
Con estas tres consignas podría resumirse el objeto de la avanzada del Gobierno nacional contra la comunidad universitaria. En primer lugar, el anunciado plan de austeridad fiscal como estrategia para lograr la “normalización” de la economía argentina alcanzó a estas instituciones de educación superior.
El denominado “ajuste”, una demanda política que La Libertad Avanza (LLA) logró capitalizar con rotundo éxito durante la campaña electoral de 2023, perdió apoyos desde el inicio de la gestión. Los gastos relacionados a la educación superior sufrieron una contracción profunda dado que el Gobierno asignó el mismo presupuesto que el año pasado, ignorando el 300% de inflación interanual.
En segundo lugar, la denuncia de adoctrinamiento ideológico. A diferencia del gobierno de Cambiemos, que también había despertado un rechazo generalizado en la comunidad universitaria, la gestión de Milei dio un paso más señalando que la universidad pública argentina forma profesionales con un criterio intelectual sesgado. Según funcionarios de primera línea del Gobierno, este adoctrinamiento tendría como objetivo instalar arbitrariamente ciertas ideas políticas, poniendo en riesgo la libertad de cátedra y la promoción de la pluralidad de pensamiento. A propósito, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, habilitó un correo electrónico para “víctimas de hostigamiento” con dominio del Ministerio de Capital Humano.
En tercer lugar, la necesidad de la auditoría. En continuidad con lo realizado durante el macrismo, el Gobierno volvió a instalar un manto de sospecha sobre la administración financiera de las universidades públicas nacionales. El mismo argumento que recorre los pasillos de la Administración Pública Nacional (APN) representa uno de los mayores activos de LLA, y en este caso alcanzó a la comunidad universitaria. Si bien dicha función le corresponde por mandato a la Auditoría General de la Nación (AGN), proponen realizarlo por intervención directa alegando manejos discrecionales y administración fraudulenta.
Dispositivo de movilización en CABA y amenaza de represión
Aunque la marcha tiene alcance nacional y se espera una importante repercusión en ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, San Miguel de Tucumán, Mar del Plata, y Neuquén, el epicentro será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Como sucede en otros eventos políticos de esta envergadura, numerosos contingentes provenientes del Gran Buenos Aires y La Plata se movilizarán a la capital del país.
La concentración allí está pautada para las 15:30 en la plaza del Congreso de la Nación, y se movilizará hacia la Plaza de Mayo, donde se llevará adelante el acto alrededor de las 18. Aunque confluyan en el mismo espacio, algunos sectores sindicales concentrarán en diferentes puntos de encuentro.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo público que coordina estrategias de desarrollo universitario y reúne al conjunto de rectores, convocó a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. Consciente del nivel de legitimidad gremial y política, pero fundamentalmente social que reunió la propuesta, el Gobierno trató de persuadir, de diversas formas, a la comunidad universitaria de desistir en la movilización. En esa línea se inscribe el anuncio del Ministerio de Capital Humano de un supuesto acuerdo para recalibrar gastos de funcionamiento, que representan apenas el 5% del presupuesto total, una situación que fue desmentida pocos minutos después.
A diferencia de las convocatorias de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, la de la marcha educativa logró sintetizar a sectores medios que hasta entonces no se movilizaron o manifestaron contra el Gobierno. Esta novedosa situación sembró preocupación al interior del PRO y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó correr a la policía porteña del dispositivo que se montará el día de mañana considerando que horadaría la legitimidad política del espacio, nutrido por sectores medios universitarios. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amenazó con implementar el protocolo antipiquetes.
Estrategia debilitada y sesión en el Congreso
La estrategia gubernamental para confrontar con el sistema universitario argentino evidencia un relativo fracaso. No solo catalizó el proceso de articulación gremial con aspiraciones políticas de parte de la heterogénea comunidad universitaria, sino que congregó el respaldo del Movimiento Obrero Organizado, defensor del instrumento educativo como expresión de la movilidad social ascendente.
En las últimas horas, y con el objetivo de desacreditar la movilización, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, manifestó que la misma es de carácter político y se propone atentar contra la gobernabilidad en un contexto de crisis.
Por último, por la mañana se conoció el comunicado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en la que se anuncia, por expresa solicitud del bloque de Unión por la Patria (UxP), una Sesión Especial del cuerpo el próximo miércoles 24. Entre los expedientes figuran la revisión de la Ley de Presupuesto Nacional, se demanda la Emergencia presupuestaria nacional de obras sociales de universidades nacionales; la actualización de la Ley de Promoción de la economía del conocimiento, y la creación de una Ley de tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para instituciones de educación superior.
Apenas 24 horas después de una movilización multitudinaria, el propio Gobierno nacional accedió al desarrollo de una sesión que tratará asuntos orgánicos a la materia.