Con su política de ajuste, el presidente Javier Milei ocasionó que las universidades públicas del país tengan la partida presupuestaria más baja desde finales de los años 90.
De acuerdo a un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las instituciones educativas cuentan con el presupuesto universitario más bajo desde 1997, al menos que la situación se revierta. La comparación surge a partir de los primeros registros que hay en base al Programa Desarrollo de la Educación Superior, una política que abarca el 90% del gasto total de las universidades.
Por otro lado, si se comparan los fondos destinados entre el año pasado y el periodo actual, se encuentra que el de 2024 es un 72% más bajo que el de 2023. A su vez, otro dato preocupante que revela el informe es que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional.
En tanto, con la prórroga del presupuesto anterior, la comunidad universitaria alerta sobre el peligro que corre el funcionamiento de las instituciones educativas en caso de no obtener respuesta por parte del Ejecutivo.
Recortes del más del 30% en políticas universitarias
Bajo el título “Análisis de la ejecución presupuestaria del sistema universitario nacional”, el estudio realizado por la ACIJ detalla la situación crítica que enfrentan las casas de altos estudios. Además del desfinanciamiento que padece el Programa Desarrollo de la Educación Superior, les responsables del informe también alertan sobre la falta de fondos en programas como Becas PROGRESAR, Infraestructura universitaria y Evaluación y Acreditación Universitaria- CONEAU.
En cuanto a los números, desde ACIJ indicaron que la reducción en las políticas universitarias fue del 34,4%, un porcentaje aún mayor que el recorte en el gasto total que implementó la gestión libertaria. De esta manera, el Programa Desarrollo de la Educación Superior sufrió una disminución del 32,9%, al tiempo que las becas Progresar registraron una caída del 46,9%. En tanto, lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%, mientras que los programas de infraestructura universitaria prácticamente no tuvieron ejecución este año.
No obstante, el foco está puesto en los fondos para el Desarrollo de la Educación Superior, debido a que su desfinanciamiento provoca una caída en todas las actividades que comprende. Entre ellas, el pago de salarios docentes que registran una disminución del 32%; mientras que el salario no docente sufre una caída del 28%.
Asimismo, los fondos dispuestos para el funcionamiento universitario se redujeron casi un 60% en comparación con el año 2023. Las transferencias a hospitales universitarios, por su parte, experimentan una caída del 72%.
En cuanto al Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, al igual que los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos especiales, no reciben asignación alguna.
Camino a la marcha universitaria
Frente a este atropello, la comunidad universitaria definió una marcha federal en defensa de la Universidad Pública para el próximo martes 23 de abril. La decisión fue tomada por los gremios estudiantes, docentes y no docentes. Además, cuenta con el respaldo de les rectores de las unidades académicas que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Respecto a los recortes, Tomás Battaglino, responsable nacional del Movimiento Sur y secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Universitaria Argentina (FUA), consideró que se dan “en un brutal ajuste que el Gobierno de Milei está teniendo en distintos ámbitos”.
“Es un ajuste que se siente fuerte y las universidades no están exentas a esta lógica del Gobierno que, para que haya déficit fiscal, cree que cualquier ajuste es válido y lo termina pagando la mayoría del pueblo argentino”, expresó Battaglino en diálogo con Nota al Pie.
Asimismo, denunció que algunas universidades ya están sufriendo las consecuencias de las políticas económicas de Milei. Entre ellas, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde hubo recortes en la oferta de materias. “También hay otras universidades que empezaron a rediscutir cupos de ingreso e incluso ‘cuotas voluntarias’”, detalló el representante de la FUA.
Por otra parte, Battaglino se refirió a la movilización del 23 de abril y aseguró que el objetivo es poder “dar una enorme demostración de fuerza”. En ese sentido, remarcó la necesidad de “plantear una situación urgente” porque “el presupuesto universitario vigente no le va a permitir a las universidades seguir funcionando más de 40 o 50 días”.
“Frente a estas políticas de motosierra, la comunidad universitaria va a ofrecer resistencia y nadie está dispuesto a retroceder en el sistema universitario que supimos conseguir”, concluyó Battagliano.