Desde hace algún tiempo que las pymes argentinas se enfrentan a un período crítico a raíz de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y la falta de políticas que acompañen la producción. De hecho, desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) en febrero presentaron un informe en el que dieron cuenta de una caída que las pymes manufactureras registran en sus ventas y que rondan entre el 30 y el 50%.
Sin embargo, lejos de respaldar y tender soluciones a uno de los sectores claves para el desarrollo nacional, el gobierno redobló la apuesta y lanzó otro dardo: la apertura de las importaciones. Una medida que impacta principalmente en productores de alimentos, bebidas y artículos de limpieza.
La noticia la dio a conocer esta semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien mencionó que la decisión se dio luego de la reunión que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con representantes de supermercados. Según explicó Adorni, el titular del Palacio de Hacienda habría tomado la determinación al considerar que hubo una “suba desmedida” de precios por parte de los empresarios y que no reflejaba “la nueva realidad económica”.
Por su parte, el sector pyme argentino se expresó en contra de la disposición y advirtió que la liberación de importaciones provocará la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas, y una destrucción masiva de puestos de trabajo. “Es el inicio de la crónica de una muerte anunciada”, lamentó Daniel Rosato, presidente de IPA.
¿Qué dicen las pymes?
A través de un comunicado que Industriales Pymes Argentinos difundió tras conocerse la noticia, Daniel Rosato respondió a la justificación que dio el Gobierno nacional acerca de abrir las importaciones. Al respecto, el titular de IPA repudió que los responsabilizaran por las remarcaciones de precios y sostuvo que el Gobierno no consideró las consecuencias de la devaluación que el propio Caputo había establecido en diciembre.
“No se tuvieron en cuenta la suba de los costos de la producción, que generó la liberación de precios, luego de la devaluación, ni la rentabilidad inédita de las grandes cadenas de supermercados, quienes llegaron a casi duplicar los precios que se envían desde las fábricas”, vaticinó Rosato.
En ese sentido, el empresario opinó que culpar a los fabricantes locales por la suba de la inflación “es una decisión tan desmesurada como errónea”.
“Las Pymes nos enfrentamos a una crisis de la producción desde hace mucho tiempo, con una inflación de costos que restringió al máximo la rentabilidad de las empresas. La caída del consumo generó un estado de alerta, porque costaba cada vez más sostener la capacidad instalada con ingresos deteriorados. Si aumentábamos los precios de manera insostenible, no íbamos a vender nada. Si sólo se hace ese cálculo, se puede corroborar que las remarcaciones de las góndolas no es nuestra responsabilidad”, añadió el presidente de IPA.
Una competencia desmedida
Pero además de habilitar la importación de productos terminados, el Gobierno de Milei también dispuso la quita de impuestos para estos, algo que también fue cuestionado por el sector pyme. Al respecto, señalaron que la decisión “va a contramano de lo que sucede en la Argentina”, donde a las empresas se les incrementaron los gravámenes para producir.
“Lo que debería haber hecho la administración nacional es quitar impuestos y comprometer a las fábricas, pero especialmente a los grandes comercios, a bajar los precios. Destruyendo la oferta local no se encuentran soluciones, sino más problemas”, dice el comunicado.
Frente a ese escenario, Rosato explicó que ahora los importadores competirán “en términos marginales” contra los productos nacionales y no habrá una baja de precios, sino que flotarán en la línea de ofertas actuales.
“Con la diferencia de que pagarán menos impuestos y no tendrán los costos de producción locales, afectados por la devaluación y la inflación”, agregó.
Por último, el representante del sector pyme le reclamó al Gobierno “una cuota de sensatez” para evitar que una decisión “no esté orientada por un sentimiento de enojo o ira por una situación puntual”.
“Si se destruye la oferta nacional, incluso por una baja de precios temporal, en un futuro conflicto inflacionario no le permitirá a la administración negociar con nadie, porque tanto los precios, como el abastecimiento, estarán en manos extranjeras. Si seguimos por ese camino, es el inicio de la crónica de una muerte anunciada para las Pymes”, concluyó el presidente de IPA.