A casi 100 días de haber comenzado su mandato, Javier Milei sigue con la agenda marcada por la virtualidad. La gestión del economista autopercibido libertario se lee a través de sus posteos en X y, si alguna vez desaparece esa red, es probable que la historia se termine archivando en capturas de pantalla.
Símbolo extremo de la individualidad en el debate público, esa mecánica de saturar con intervenciones desaforadas durante varias horas al día genera un caldo de cultivo para las respuestas reales. La de los violentos, que pueden pasar a la acción y convertir el escarnio virtual en agresiones directas.
Pero también la de los agredidos, cada vez más, por las políticas concretas. ¿Estaremos acaso cerca del momento en que los celulares sean también medios para organizar algo más que la indignación contra los “libertarambanas”?
El Presidente postea mientras hay un mundo en las calles
El Gobierno mordió el polvo de la derrota esta semana. Una pequeña dosis de institucionalidad, propinada por “la casta”. El demorado debate en el Senado de la Nación, terminó con un contundente rechazo el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La norma, publicada el 20 de diciembre, avanza en la modificación o derogación de cientos de leyes.
Salvo algunos fallos judiciales que suspendieron el capítulo laboral, el DNU permanece vigente y con un poder de daño que se evidencia en lo cotidiano. Se mete en cuestiones penales y tributarias, vedadas expresamente al Poder Ejecutivo, es en la práctica una modificación de principios constitucionales, sin que haya mediado una reforma en ese sentido.
Además, hay un detalle del que se habla poco, pero que también es de central importancia y podría derivar en acciones de juicio (político y en sede tribunalicia) contra los funcionarios, empezando por el propio Presidente. El DNU, reconocido por el propio Gobierno, no siguió los mecanismos de elaboración correspondientes. No obtuvo los dictámenes de instancias inferiores de la Administración, de acuerdo al tema que tratara cada materia, por ejemplo.
Esto ocurrió por dos razones: en algunos casos porque ni siquiera estaban conformados todos los organigramas ministeriales (en muchos estamentos eso está ocurriendo todavía). Pero la otra causa es que el DNU es un texto compilado por Federico Sturzenegger, el hombre sin cargo, sobre el trabajo que hicieron los estudios jurídicos de las principales empresas del país.
A estas corporaciones les interesa especialmente que terminen de quedar en el pasado todas las normas que, en mayor o menor medida, intentan ser regulatorias de la actividad económica: los derechos de los consumidores, la Ley de Góndolas; el Compre Nacional; la Ley de Abastecimiento; el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas; la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Promoción Comercial.
Todo esto, junto al nuevo intento de quedarse con las empresas de capital social, gestionadas por el Estado y que, a contramano del discurso oficial y de los aduladores, deben implicar algún interés en grupos económicos. Porque la pregunta es de manual y tiene validez aunque tenga muchas décadas: ¿quién compraría o se quedaría con una empresa pública para perder plata?
El sueño dorado del país del mercado, donde las normas son un estorbo, la política es una molestia y la Constitución Nacional es solo un detalle, salvo para algunas cuestiones, como ese derecho a la propiedad privada (que nunca estuvo en riesgo en la Argentina, excepto para los pobres).
Precisamente, el artículo 99 de la Carta Magna establece que el Presidente de la Nación puede dictar un DNU “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
De las muchas razones que se argumentaron en el Senado, la manifiesta inconstitucionalidad del DNU es una de las más evidentes. Esa práctica trajo aparejados instrumentos que están en vigencia y que fueron creados, recreados o sencillamente puestos en práctica en base al DNU.
El Protocolo Antipiquetes y la reciente disposición sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales, que avala directamente el gatillo fácil y la pena de muerte, son dos expresiones del sentido de la urgencia para el gobierno de Milei.
No es una consigna en abstracto cuando se dice que el ajuste no cierra sin represión. Porque todo el capítulo económico del DNU, insistimos en su vigencia, inevitablemente conduce a una respuesta popular, más temprano que tarde. La proporción y la voraz velocidad con la que se efectuó el saqueo contra los ingresos populares y medios en estos poco más de tres meses ya generaron una serie de acciones de protesta, cuya única contestación oficial por el momento fue la saturación de las calles con efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
A ello se suma una respuesta poco acorde al reclamo de envío de comida a los comedores populares, más de 40 mil en todo el país, que Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y el propio Milei niegan cada día que pasa.
La pelota está en el terreno de la casta
El trago amargo del Senado incluyó por cierto la intriga palaciega de los aprietes públicos y privados contra la titular del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel. Era obligatorio y los plazos estaban vencidos para que la compañera de fórmula de Milei abriera las puertas del recinto para el Debate del DNU. No hubo declaraciones de ella en defensa del instrumento elegido por el Presidente para iniciar su gestión.
Desde el minuto uno, la línea que divulgó la vicepresidenta y así se conoció en off desde su entorno fue que “era una decisión del Presidente y se respeta”.
El librejuego de Villarruel, que comenzó aún en campaña, con cartelería individual y actos de cierta autonomía, incluyó durante este verano que termina, encuentros con Mauricio Macri y una agenda propia que la sondea como eventual recambio institucional. El subtexto es claro: no quiere estar procesada. Por eso, de alguna manera, ese apego a la institucionalidad para habilitar el debate por el DNU. En su esquema, por ahora no transparentado, no está solamente tocar la campanita en el Senado.
Que haya perdido el manejo de las áreas de Seguridad y Defensa, a manos de la fórmula que salió tercera en la elección general, Patricia Bullrich y Luis Petri, es apenas la punta del iceberg de la tensión entre ella y Milei.
La relación con las provincias y Diputados
Sin fecha de tratamiento en la Cámara Baja, el DNU requiere que se rechace también en ese cuerpo para ser archivado. Los números en Diputados están mucho más peleados que en Senado y nadie proyecta una derrota contundente para el oficialismo. La oposición primero debe reunir el quórum y luego las voluntades para expresar el no. Hay un buen hilo en x que lo explica:
¿Qué va a pasar con el DNU en Diputados?
— Matias Mowszet ⭐️⭐️⭐️ (@MatiMow) March 15, 2024
¿Cómo están los votos?
Hilo con el poroteo 👇
Por otro lado, en otra entrevista radial, el Presidente puso en dudas el Pacto de Mayo que, a dos semanas de haber sido anunciado, muestra tan poco entusiasmo que casi cayó en el olvido. Otra vez Milei supeditó ese acuerdo con todas las provincias para una agenda consensuada por él sobre la base de 10 puntos, a que se apruebe (o que no se rechaze el DNU).
Todo está acompañado con otra ronda de fake news, que no hacen más que ratificar la desconexión presidencial con la realidad, elemento que cada vez preocupa más, inclusive a quienes hacen el esfuerzo de defenderlo en público.
La costumbre de mentir.
La relación con los gobernadores es un paso más en el sendero de la política extorsiva, que va siendo casi el tatuaje de la gestión Milei.
De la Ley Bases y el intento de volver a mandarla al Congreso, se pasó de decir que iban a insistir con el mismo mamotreto legal, a hacer circular un borrador devaluado, pero con el mismo sentido antipopular de la primera iniciativa.
Apostillas antes del final
– La economía, a pesar de la celebrada reducción de la inflación (del 25,6 de diciembre al 13,2 de febrero), marca que se está ante la mayor transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados en menor tiempo, aún en la comparativa con la dictadura, el menemismo y el macrismo, los tres experimentos previos de neoliberalismo exacerbado.
– La política de “seguridad” muestra derivas preocupantes y peligros antidemocráticos. Los hechos de Rosario, envueltos en la violencia creciente de las acciones del narco, no pueden tapar la complejidad del entramado de intereses (económicos con el lavado y hasta internacionales), que esconde lo dramático de los crímenes. En ese sentido, es importante señalar que la sola idea del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico es un camino peligroso que la democracia debe debatir profundamente en su total rechazo.