Escrito por Nahuel Lag para Agencia Tierra Viva*
San Luis ocupa poco más del tres por ciento del territorio nacional, con una superficie de 7,7 millones de hectáreas, de las cuales el 75 por ciento (5,8 millones de hectáreas) están dedicadas a la actividad agropecuaria, con gran predominio de la actividad ganadera.
En sus 460 kilómetros de norte a sur y 200 de este a oeste contiene una amplia diversidad de climas y relieves. El norte provincial, atravesado por las sierras, cuenta con el valle de Conlara, un oasis de producción agrícola gracias a los suelos fértiles y la capacidad de riego con aguas subterráneas.
Grandes corporaciones del agro: Cresud y Aceitera General Deheza
Al otro lado de las sierras, las localidades de Quines y Candelaria, marcadas por el riego y el agronegocio, son la puerta hacia el noroeste provincial, donde el clima se vuelve más seco y toma las características de las vecinas provincias de Mendoza y San Juan. Como parte de la región de Cuyo, en San Luis el agua es un recurso en disputa.
Desde el centro de la provincia al sur, las sierras quedan atrás y se extiende la llanura más arenosa hacia al oeste y con mejores condiciones en la parte oriental, donde limita con zonas del agro cordobés. El límite sur es con La Pampa, provincia con la que comparte el bosque de El Caldenal. Por su parte, Villa Mercedes, además de ser una de las ciudades más pobladas de la provincia, también es una zona de importante producción agrícola.
Esa diversidad de climas y relieves marca el panorama agropecuario. El noreste de producción de cultivos extensivos de verano —maíz y soja, como cultivos dominantes—, e intensivos de hortalizas —papa, cebolla y verdura de hoja—, que tuvo una época hasta principios de la década de 1980, con sistemas de riego por acequias y agricultura de secano —con agua de lluvia— y mano de obra volcada al campo; con presencia marcada de chacras mixtas con caprinos, cerdos y frutales para la venta local o el autoconsumo.
Ese escenario se vio modificado por el avance de los sistemas de riego de pivot —que extraen aguas subterráneas del acuífero Conlara, con perforaciones de 200 metros de profundidad y equipos de bombeo— y cambió el modelo con el avance de la producción de grandes superficies, desmonte mediante.
Ese cambio en el noreste provincial tiene un actor central: la empresa agrícola Cresud —parte del Grupo IRSA de Eduardo Elztain— que cuenta con alrededor de 12.000 hectáreas, según las organizaciones campesinas y académicos locales. La empresa reconoce en su portfolio 7.010 hectáreas en sus estancias La Gramilla y Santa Bárbara en las cercanías de Merlo. Son solo una pequeña porción de las más de 500 mil que posee en todo el país.
De la mano del agronegocio, la presión ejercida por el turismo y el cambio climático, la pérdida de bosque también avanza en tierras puntanas. Según un informe del Ministerio de Ambiente, en 2022, las provincias que más pérdida de bosque registraron fueron Santiago del Estero seguida por Chaco, Formosa y San Luis. “La suma de las hectáreas desmontadas entre 2006 y 2013 son más de 135.000”, según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Al otro lado de las Sierras de San Luis, la producción también está marcada por el cambio que significó la construcción de riego por pivot por parte de grandes empresas como Aceitera General Deheza o propietarios que invirtieron en las perforaciones y equipos de extracción para alquilar sus campos.
Sobre la ruta 79, desde la localidad de Quines, siguiendo por Candelaria y hasta el límite con San Juan, en el pueblo El Hormiguero, la vista satelital del departamento de Ayacucho es de grandes círculos perfectos en medio del campo, la señal de la presencia de los pivots de riego, que se utilizan en la producción de maíz, soja, papa y algodón. Alejándose de las sierras rumbo al noroeste el relieve cambia, aparecen las salinas y el monte, donde la producción caprina marca la tradición campesina que la une con su vecina Mendoza.
Aceitera General Deheza poseé además un complejo de producción de aderezos y procesamiento de maní —otro de los cultivos provinciales— en el centro de la provincia, en Villa Mercedes. Otro gigante de la alimentación está ubicado en San Luis capital: Arcor posee una planta de chocolates y golosinas.
En la capital y Villa Mercedes, departamento de General Pedernera, se concentran la población provincial: de los 540.905 puntanos registrados en los resultados preliminares del Censo 2023, las proyecciones de población estimada del INDEC ubican a 252.625 en la primera y 150.152 en la segunda.
Es que en esas dos ciudades se concentra también la actividad industrial, producto del marco regulatorio impulsado en la década de 1980, con regímenes de beneficio para la instalación de industrias, en particular con la Ley 22.702/1982.
El régimen generó un cambio en la estructura productiva provincial, como se marca en el capítulo de análisis comparativo de los resultados provisorios del Censo Nacional Agropecuario 2018 y el CNA 2002 en San Luis del informe La Argentina agropecuaria vista desde las provincias de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti.
“Si bien, hasta mediados de la década del ’80, el sector agropecuario había constituido la base productiva de la provincia representando más del 30 por ciento del Producto Bruto Geográfico (PBG), la peculiar composición del PBG, con preponderante participación del sector manufacturero, se explica por el impacto de políticas nacionales y provinciales de promoción al sector que comenzaran hacia fines de 1982”, indica el informe.
Según cifras de la Cepal, en 2018, las manufacturas eran el rubro de mayor participación en el PBG con un 37 por ciento, mientras que un informe de cadenas de valor del Ministerio del Interior indica que la Industria manufacturera, en el tercer trimestre de 2022, empleó un 30 por ciento del total del empleo registrado de la provincia con el subrubro “Alimentos” a la cabeza.
De la capital provincial hacia el sur, al límite con La Pampa, hay 350 kilómetros de llanura, o sea, tres cuartos del largo de la provincia, que continúan como ha ocurrido históricamente dedicado a la ganadería con pasturas naturales. El norte agrícola y campesino, y el sur de las estancias ganaderas.
Sin embargo, en el margen oriental sur de la provincia, donde continúa compartiendo límite con Córdoba, la frontera del agronegocio también se extendió con cultivos extensivos en secano y también con la expansión de la superficie bajo riego. El maíz y la soja también se extienden en las tierras del sur y, en menor medida, trigo.
La dimensión ganadera se puede marcar con las cifras de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, sobre la base del CNA 2018. De la superficie total destinada a la actividad agropecuaria, sólo el 15,8 por ciento (919.245 hectáreas) están destinadas a la actividad agrícola, o sea tierras implantadas con cultivos, mientras que el 84,2 por ciento (4.889.328 ha) están destinadas a la actividad pecuaria. El sur provincial está ligado a la ganadería, naturalmente, por el relieve de llanura, pero la actividad domina en toda la provincia.
Un modelo de desarrollo que no asegura el alimento
Según las estadísticas provinciales y, a pesar del perfil industrial que se buscó impulsar desde la década del ‘80, las exportaciones de origen provincial, al primer semestre de 2023, eran lideradas por los productos primarios (40,3 por ciento), encabezados por el maíz y la carne. Los primeros cuatro países de destinos de esas exportaciones fueron Chile, China, Brasil y Paraguay.
¿Redunda el desarrollo del agronegocio en la provincia en alimento para los puntanos? Según el Indec, el índice de pobreza en el país alcanzaba al 29,6 por ciento de hogares y al 40,1 por ciento de la población en el primer semestre de 2023. En el Gran San Luis esas cifras se elevaban al 36,9 por ciento de los hogares y al 47,3 por ciento de las personas.
Las cifras más altas de la región de Cuyo, superiores a las registradas en el Conurbano bonaerense y sólo superada a nivel nacional por Gran Resistencia (Chaco) y Concordia (Entre Ríos), donde las mediciones superan el 50 por ciento. En términos de modelo de desarrollo, la provincia dominada históricamente por la familia Rodríguez Saá cuenta con el relato de ser “otro país”, sin pobreza, pero los datos dicen otra cosa.
“El modelo de desarrollo industrial de los ‘80 viene fallando desde hace tiempo, con trabajo precario y planes de asistencia social”, apunta Fernando Frank, ingeniero agrónomo, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) de la Universidad de San Luis, trabajador del Inafci (Instituto Nacional de Agricultura Familiar) y autor de numerosos informes sobre agronegocio y agroecología.
Leonardo Janjetic, también técnico del Inafci y asistente de la Unión de Productores y Productoras Caprinos, señala que entre los campesinos no está presente ese quiebre del modelo de la San Luis rural a la industrial, pero sí el avance del agronegocio y el turismo como amenazas a un modelo de agricultura de pequeños campesinos, al avance sobre sus territorios y el acceso al agua para la producción.
Desde el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), organización que cuenta con hectáreas de producción agroecológica en el valle del noreste provincial y también en el Valle de Traslasierra (Córdoba), el ingeniero agrónomo Federico Vázquez marca otro punto crítico del modelo provincial respecto de su soberanía alimentaria: “No se puede seguir con el modelo de traer verdura y fruta de Córdoba y Mendoza. Quedó claro durante la pandemia, cuando era muy difícil abastecerse desde otras provincias y fue muy importante la producción agroecológica, de los pequeños productores. La agroecología tiene capacidad de abastecer sin insumos dolarizados que encarecen los precios”, asegura.
Expansión del modelo Cresud: monocultivos, agrotóxicos y desmonte
La tierra es un recurso natural muy rico en Argentina, pero el modelo del agronegocio lo explota y degrada. Como indica el técnico del INTA-Villa Dolores e integrante de la Red de Agroecología del INTA, César Gramaglia, la “agricultura de insumos químicos ha causado la degradación, erosión, compactación y empobrecimiento de los suelos de la región pampeana como consecuencia de una especialización productiva, lo que ha generado un balance negativo de la materia orgánica y de los macro y micronutrientes afectando la sustentabilidad de los agroecosistemas”.
Este es el modelo de siembra directa, intensificado en el país desde la aprobación de la primera soja transgénica en 1996. Un modelo industrial que se apoya en el paquete agroquímico en constante dependencia. A inicios de la década del ‘90 se utilizaban 50 kilos/litros por año y, en la actualidad, se encuentra en 500 millones de kilos/litros por año, con un fuerte predominio de los herbicidas.
Frank pone como ícono de ese modelo en las tierras puntanas a Cresud, la empresa del multimillonario Elztain, que tiene como uno de sus lemas “nuestro valor es la tierra” y presenta como sus principales negocios la compra y venta de predios rurales y la producción de granos.
Eso es lo que hace en San Luis desde 1997, cuando según su historia institucional compró la empresa Agroriego San Luis. El mismo año se transformó en la primera compañía agropecuaria argentina en cotizar en la bolsa estadounidense Nasdaq. La empresa de Elztain se instaló entre las localidades de Concarán y Santa Rosa del Conlara.
En esos campos crecieron los círculos de sus pivots de riego, donde alquila los campos a las gigantes del agronegocio Monsanto y Syngenta para la producción de semillas híbridas de maíz. “Eran como siete topadoras. Voltearon 7.000 hectáreas en dos meses. Se escuchaba el ruido las 24 horas”, es la memoria de los campesinos puntanos sobre la llegada del grupo empresario para instalarse en sus estancias Santa Bárbara y La Gramilla.
La Ley de Bosques en San Luis fue sancionada en 2009, con posterioridad a la llegada de Cresud y Monsanto. El debate para alcanzar la sanción de la norma y el ordenamiento territorial en las zonas roja, amarilla y verde de preservación no estuvieron ajenas a los habituales problemas de participación de las organizaciones socioambientales y campesinas.
En todas las provincias se suele dejar afuera a estos sectores y, de ese modo, se habilitan desmontes para beneficiar a grandes inmobiliarias y empresas del agronegocio, como precisa el Informe Anual sobre la Situación de la Soberanía Alimentaria en la Argentina 2022.
En 2017, según los informes de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, San Luis contaba con 3.152.630 hectáreas de bosque nativo, superada por Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa —que conforman la Región Chaqueña la mayor área de bosque nativo de país— y por La Pampa (3.343.376), provincia con la que comparte el bosque de espinal El Candenal.
Según un informe del Ministerio de Ambiente, que analiza el periodo 1998-2018, San Luis también se ubicó como la primera provincia en pérdida de bosque nativo detrás de las cuatro de la Región Chaqueña, afectadas directamente por el avance de la frontera agrícola-ganadera (donde la empresa Cresud avanzó sobre más de 120 mil hectáreas en Salta). La pérdida de bosque en tierras puntanas durante ese período rondó el seis por ciento del total nacional.
El informe marcaba como hito los incendios forestales en el bosque de espinal, que en el período 2017-2018 arrasaron con cerca del 95 por ciento de los bosques perdidos; pero no dejaba de lado el impacto del agronegocio: “Un ejemplo de erosión a gran escala lo representa el aumento del escurrimiento superficial y subsuperficial asociado a la deforestación y reemplazo del bosque nativo por cultivos en San Luis, que acarrea erosión de suelos generando grandes cárcavas con grandes flujos de agua del tamaño de ríos”.
Según el “Monitoreo de la superficie de bosque nativo en la República Argentina”, realizado por el Ministerio de Ambiente, durante el año 2022, la situación no se modificó: las provincias que más pérdida de bosque registraron fueron Santiago del Estero seguida por Chaco, Formosa y San Luis.
El informe de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti permite contraponer otra punta relevante respecto del avance de la frontera agrícola: “La producción agrícola ha sufrido cambios profundos durante el período intercensal. El CNA 2018 arrojó por resultado un incremento de 283.932 hectáreas en la superficie destinada a cultivos anuales. Sin embargo, de acuerdo con los monitoreos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre las campañas 2001/2 y 2017/8 el aumento ha sido de 684.040 hectáreas”.
Frank amplía el número de hectáreas controladas por el grupo de Elztain en el valle de Conlara y vuelve sobre las raíces del modelo del agronegocio: “Son 12.000 hectáreas en las que no producen alimentos, 12.000 hectáreas para producir un insumo de la agroindustria, 12.000 hectáreas bajo riego que si se dedicaran a la producción de alimentos alcanzarían para abastecer la zona y mucho más”, sintetiza.
Los campos que alquila a Monsanto y Syngenta son donde se realizan los entrecruzamientos para obtener las semillas híbridas que las multinacionales comercializan para regar la zona núcleo. La recordada lucha de la población de Malvinas Argentinas, Córdoba, para evitar la instalación de una planta de tratamiento de semillas de Monsanto, estaba relacionado directamente con los campos que Cresud le alquila a la multinacional.
Tras no poder abrir la planta en suelo cordobés, las semillas viajan 250 kilómetros más hasta otra ubicada en la localidad de Rojas, en Buenos Aires. Tomando el modelo aplicado por Cresud, con sus socios, el paquete de agrotóxicos y sus impactos ambientales también salen a escena.
“La producción bajo riego tiene sus propias características de humedad, lo que implica un uso ‘preventivo’ para evitar la proliferación de hongos, que se le suman otros usos ‘preventivos’. Si se compara el valor de un kilo de semilla, contra un kilo de grano cosechado, está varias veces por encima, por lo que les es rentable usar agrotóxicos de forma excesiva”, advierte Frank.
En 2013, organizaciones socioambientales de San Luis realizaron estudios ambientales, en el marco de una amparo judicial, para el que tomaron muestras en los ríos Conlara y Claro, y de suelo y agua de pozo del valle de Conlara. Los estudios los llevó adelante el científico químico de la Universidad de La Plata y el Conicet Damián Marino y relevaron la presencia de los herbicidas atrazina en agua de pozo y en suelos, y de glifosato en sedimentos de los ríos.
“La presencia de atrazina fue lo más alarmante porque es un herbicida muy tóxico, muy móvil a aguas superficiales y subterráneas, y que actúa en muy bajas dosis sobre la fauna. Está muy estudiado en trabajos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y en otros países sobre cómo genera disrupción endocrina y genera malformaciones”, repasa el ingeniero agrónomo y apunta que el uso de este herbicida está directamente ligada a la producción de maíz.
A partir de esas denuncias, en 2016, se consiguió la sanción de La Ley 0958 de “Distancias mínimas para la aplicación de glifosato, herbicidas equiparables y/o agroquímicos en todo tipo de cultivos productivos”.
Más de 25 años de monocultivos
Los monocultivos de soja y maíz transgénicos se extendieron de forma exponencial en San Luis, tanto en cultivos de secano como bajo riego. En base al CNA 2018, el informe de la Cátedra Giberti precisa que “el maíz y la soja representan casi el mismo porcentaje de la superficie implantada que, en 2002, cubrían los cuatro cultivos más importantes: maíz, centeno, sorgo y girasol”.
Los datos de las estimaciones agrícolas de la Secretaría de Agricultura permiten actualizar el fenómeno y no deja dudas de que en las últimas 15 campañas la soja y el maíz acapararon la producción de cereales y oleaginosas en San Luis. En la campaña 2007/2008, la soja cubrió 105.000 hectáreas de siembra, el girasol 107.000, el maíz 113.000. Por su parte, el trigo abarcó 4.200 y la cebada apenas 175 hectáreas.
Ya para la campaña 2012/2013 la soja marcó su pico con 398.790 hectáreas para iniciar un declive pronunciado hasta el año de la pandemia y un leve repunte que la dejó con 222.400 hectáreas sembradas en la campaña 2022/2023.
En la actualidad, el maíz es el cultivo más sembrado en la provincia. Desde 2014 no dejó de crecer y llegó en la campaña 2021/2022 a 440.000 hectáreas, que coincidió con un avanzada del maíz sobre la soja en todo el país.
A pesar del marcado crecimiento de la siembra de maíz en San Luis, la provincia sólo representa el cuatro por ciento de la superficie sembrada en el país en la campaña 2021/2022, la de mayor extensión del cultivo. Mientras que para la soja representa solo el uno por ciento del área sembrada en el país. El girasol perdió terreno en San Luis, sin embargo, representa también el cuatro por ciento a nivel país.
El modelo Cresud, y sus socias Bayer-Monsanto y Syngenta, se impuso de tal manera que, según cifras provinciales en base al CNA 2018, de la superficie de cereales cultivados el maíz para grano ocupó el 95,2 por ciento de la superficie sembrada en San Luis. Mientras que de las hectáreas destinadas a las oleaginosas, la soja ocupó el 88,35 por ciento.
Los porcentajes son casi idénticos en la implementación de la modalidad de siembra directa y el informe provincial da cuenta de la relación con los agroquímicos: de 238.495 hectáreas de oleaginosas, 225.387 contaban con registros de aplicación de herbicidas. Por su parte, de 277.585 hectáreas de cereales, 252.939 también habían aplicado agrotóxicos.
Con ese nivel de avance del maíz y la soja, San Luis relegó el resto de los cultivos. Se destaca el centeno, con seis por ciento a nivel país, con 59.700 hectáreas sembradas en 2021/2022, lejos del máximo de 135.300 de la campaña 2019/2020 (cuando representó el 19 por ciento a nivel nacional).
Otra producción destacada es el maní. Lo producido en tierra puntana representa el cinco por ciento del volumen nacional, detrás de Córdoba (78 por ciento) y Buenos Aires (nueve por ciento). El máximo de área sembrada de maní se alcanzó en 2017/2018 con 28.250 hectáreas, cuando fue la segunda provincia productora con el seis por ciento del total nacional, detrás de Córdoba (87 por ciento).
En la zona de Quines y Candelaria, Bayer-Monsanto también produce semillas de algodón. Esta producción hace que el departamento de Ayacucho sea una rara excepción donde otro cultivo cuenta con un área de siembra similar a la soja y el maíz, los tres cultivos con aproximadamente 5.000 hectáreas.
El cultivo de algodón en tierras puntanas comenzó hace una década por las buenas condiciones agroecológicas para el cultivo, que la hacen rentable y cuentan con una ventaja extra: el estatus sanitario de la provincia, libre de la principal plaga del cultivo, el picudo del algodonero.
Concentración de la tierra y del agua
El modelo del monocultivo no solo amplió la frontera agropecuaria e introdujo la problemática ambiental de los agrotóxicos, también fue en paralelo con la concentración de tierras. El informe La Argentina agropecuaria vista desde las provincias marca qué ocurrió con la evolución de la Explotación Agropecuarias (EAP), según los censos 1988, 2002, 2018. En ese periodo de 20 años, San Luis registró una reducción de 5.974 EAP (1988) a 3.806 (2018: una baja del 63 por ciento de las unidades productivas.
Para evitar errores comparativos por diferencias intercensales respecto de los alcances de la muestra tomada, el informe es más prudente al marcar la reducción del número total de EAP con límite definido de 4.216 en el año 2002 a 3.806 en el 2018. Y toma la variación del 29 por ciento registrada entre 2002-1988. Lejos de ser significativa, dentro de un proceso nacional de similares características, el informe precisa el registro de la concentración de tierras.
El censo 2018 arroja una superficie total en explotación de 5.867.060 hectáreas —diferencias de cobertura censal mediante—, un incremento del cinco por ciento en la superficie relevada. Y marca que, más allá de las cifras totales, “el avance de la frontera agrícola que ocasionó el desplazamiento de la actividad ganadera hacia zonas marginales, incrementando la fragmentación de la superficie no apta para cultivo (bosque nativo, bajo salino, sierra) y aumentando el número de parcelas por EAP”.
“La disminución en el período intercensal 2002-2018 del casi el diez por ciento de las EAP con límites definidos, junto al aumento de la superficie en explotación y el aumento de la tierra bajo arrendamiento (16 por ciento en 2018), estarían indicando un proceso de concentración en la producción agropecuaria provincial”, sentencia el informe.
La foto se completa al analizar los cambios en la distribución de EAP y superficie explotada de acuerdo con la superficie: en 2018, la superficie cubierta por EAP con menos de 1.000 hectáreas disminuyó en 106.098 ha, mientras que las EAP que superan las 1.000 hectáreas aumentaron la superficie total en 584.770 ha.
En ese marco, el informe indica que el estrato de 25-100 hectáreas representó el 45 por ciento de la disminución en cantidad de EAP; mientras que los mayores incrementos de explotaciones se dan en los segmentos de 1.000-2.500 ha (42 por ciento) y 10.000-20.000 ha (28 por ciento), último estrato que representa el 66 por ciento del incremento en superficie.
En paralelo al incremento de las grandes explotaciones agropecuarias, el CNA 2018 identificó 22.506 predios sin límites definidos, los cuales suelen estar ligados a la presencia de unidades de producción de subsistencia, ligadas al campesinado tradicional y los pueblos originarios.
Las tierras puntanas son territorio de los pueblos Huarpe, Comechingón y Ranquel. Además de la afectación directa que tiene el avance del desmonte sobre los pueblos originarios —según el Registro Nacional de Comunidades Indígenas el 65,5 por ciento de las comunidades relevadas habitan bosque nativo—, San Luis tiene un caso simbólico: el del Municipio Ranquel. Un predio de 60.000 hectáreas creado en 2009 para restituir tierras a las comunidades Lonko Guayqui Gnerr y Manuel Baigorria, que está intervenido por el gobierno provincial desde 2019.
En cuanto al impacto de la concentración de tierras sobre parcelas campesinas, el técnico del Inafci y asistente de la Unión de Productores y Productoras Caprinos describe el proceso ocurrido: “La producción caprina fue históricamente fuerte en la zona serrana, donde la producción extensiva no es posible, y en el oeste provincial, donde el clima pasa de semiárido tirando a árido como Mendoza o San Juan”.
En esas zonas “al agronegocio de cultivos no le es rentable instalarse, pero sí les interesan a las estancias ganaderas debido al corrimiento de la frontera agropecuaria. Las estancias se expanden comprando tierra a los productores campesinos, los campos se cierran con alambrado, cambia la lógica de funcionamiento de las comunidades, el pastoreo, toda la lógica productiva campesina”.
Agua, divino tesoro
La producción campesina intensiva hortícola se ubica principalmente en el valle de Conlara. Allí, según el integrante del Frente Popular Darío Santillán, la disputa por la tierra queda relegada a un factor constitutivo: el agua. “Si vos no tenés agua, si vos no tenés posibilidad de acceso al agua, la tierra no vale nada”, sentencia Vázquez.
El agua es palabra santa en Cuyo, aunque San Luis se ve más privilegiada que sus vecinas. De oeste a este las precipitaciones se incrementan de 100 a 600 milímetros anuales y la zona serrano puede recibir algo más. De todas maneras, los oasis de regadío, cubren menos del tres por ciento del territorio provincial y dependen principalmente del deshielo y el régimen de los ríos San Juan y Jáchal. En el valle de Conlara el riego está relacionado al ciclo hidrológico de las sierras y sus aguas superficiales y subterráneas.
En esa zona aún puede observarse, a través de las imágenes satelitales, los sistemas de riego por acequia que abastecía otro modelo del agro puntano con pequeños productores y campesinos, chacras mixtas de animales de corral, cabras sin alambres y producción de hortalizas y frutales —según la Dirección de Estadísticas Provincial, en 2018, sólo 351 hectáreas estaban destinadas a la producción de fruta—.
“Pero el que desmonta cierra y no va a dejar que las cabras y los vecinos entren”, grafica Janjetic. Los sistemas por acequia, que fueron abandonados por el Estado y dejado en manos de comisiones de riego privadas desde la década de 1990, estaban preparados para abastecer parcelas de hasta 20 hectáreas, con el desmonte llegó el riego por pivot que puede abastecer hasta 100 hectáreas. “El sistema de riego marca quién produce”, define el técnico del Inafci.
“Para hacer una perforación necesitás millones de pesos”, explica Vázquez. Por eso marca el quiebre que significó la aparición del sistema por pivot de la mano de grandes empresas como Cresud. “En la sierra llueve, filtra y se mete en el acuífero Conlara. De allí ellos bombean con equipos inmensos, que demandan también mucho consumo de electricidad. El agua que extraen compite, por ejemplo, con la que el Municipio de Merlo utiliza para el consumo humano. La disputa es, principalmente, por el agua, no tanto por las tierras”, considera el referente del Frente Popular Darío Santillán.
“El reclamo principal que tenemos con el municipio de Merlo, a partir de la experiencia de abastecimiento local que dimos en la pandemia de Covid-19, es el acceso a tierras con sistema de riego. Nosotros tenemos la capacidad de producir alimentos, necesitamos la tierra y el agua”, exige Vázquez. El Frente Popular Darío Santillán cuenta con un polo productivo en la localidad de Piedra Blanco Abajo.
Turismo como actividad extractiva
Al nombrar Merlo, principal destino turístico de la provincia, aparece otro punto de conflicto en el modelo productivo y en la disputa por el bien común: el turismo. La hotelería compite por las tierras antes productivas y también surge como fuente laboral alternativa frente a un campesinado sin políticas públicas, lo que impulsa a dejar las tierras en manos de los monocultivos.
La pandemia también impulsó un éxodo interno en búsqueda de un modo de vida más cercano a la naturaleza para los trabajadores asalariados o independientes con capacidad de teletrabajar. Esa puja inmobiliaria también resulta en un negocio que se suma a la disputa de recursos. Según los datos preliminares del Censo 2023, el departamento provincial con mayor crecimiento poblacional (41,5 por ciento) y de viviendas (47,8 por ciento) fue Junín, donde está ubicada Merlo y otras localidades turísticas puntanas.
La agroecología crece entre las sierras
En el departamento de Junín, noreste provincial, es el que contiene al valle de Conlara y la villa turística de Merlo (vecina del reconocido valle de Traslasierra, del lado cordobés). Está allí también el municipio de Carpintería, donde el Frente Popular Darío Santillán sí consiguió acceder a una hectárea de tierra con acceso a agua de riego —por encontrarse dentro del periurbano y poder conectar a la red local— para producir alimentos sanos.
En tanto, en el polo productivo de Piedra Blanca Abajo cuentan con media hectárea en producción, con invernaderos, un punto de abastecimiento del Mercado de Consumo Popular (MeCoPo) —canal de comercialización de productos campesinos de la organización en todo el país—, maquinaria para la producción y un polo textil.
En esa localidad arriendan otra hectárea para la producción de papa y cebolla de verdeo, con un sistema de riego por goteo a partir de una perforación que pudieron financiar a través de la Secretaría de Agricultura Familiar. En los invernaderos de los terrenos propios cultivan verdura de hoja, rúcula, radicheta, cebolla y espinaca, principalmente.
Son cerca de 100 personas las que trabajan en ambos emprendimientos en San Luis y mantienen una relación constante con otras tierras en producción del lado cordobés, a sólo diez kilómetros, en las localidades de Los Mates, La Guarida y Villa Dolores.
Con cinco hectáreas en producción, la organización abastece de alimentos sanos a través de una red de comercialización de bolsones agroecológicos, que se entregan cada semana a domicilio en toda la costa de la sierra: Merlo, Carpintería, Los Molles y Cortaderas. También abastecen la feria agroecológica que se monta en la plaza central de Merlo, a los habitantes que se acercan a comprar directamente a los campos y, en temporada, llegan a comercializar en las verdulerías cercanas.
“En la verdulería la entrega es por cajón como proveedor directo. Pero se desdibuja el trabajo como organización, se mezcla la agroecológico con la convencional y el precio al productor es mucho menor. Cuando hay mucha lechuga, hay mucha lechuga en todos lados, y no te pagan nada”, explica Vázquez sobre la realidad que se repite para las organizaciones campesinas en todo el país.
La propuesta para llegar directo de productor a consumidor fue la construcción de un Mercado de la Economía Popular en Merlo, que se planificó con la ex secretaria de Mercados de Cercanía, pero quedó inconcluso con el cambio de gobierno.
La papa está en el cambio de modelo
Por fuera de los monocultivos transgénicos, la papa es el otro cultivo que en la provincia se practica de forma extensiva bajo el modelo convencional —con gran cantidad de agrotóxicos—. En Argentina se producen, aproximadamente, tres millones de toneladas, destinando entre 75 a 80 mil hectáreas, gran parte de ellas bajo riego y en distintas épocas del año, que permite mantener un abastecimiento constante de la que es la hortaliza más consumida en el país.
Las principales regiones productoras de papa, según la superficie cultivada en 2019/2020 relevada por la Secretaría de Agricultura, son: Buenos Aires (55 por ciento), Córdoba-San Luis (28,8 por ciento), Tucumán con un 7,7 (por ciento) y Mendoza (5,3 por ciento).
En Córdoba-San Luis la superficie destinada al cultivo es de entre 25.000 y 29.000 hectáreas. La producción entre ambas provincias está conectada por la ruta 20 de Quines-Candelaria a Villa Dolores. La plantación tardía en esta zona ocurre en febrero para abastecer el gran mercado entre junio y noviembre. Según cifras del portal especializado Argenpapa, en la campaña 2021/2022, San Luis participó del ocho por ciento de la producción interprovincial, concentrada en las dos localidades del departamento de Ayacucho.
El técnico del INTA-Villa Dolores y referente agroecológico César Gramaglia acompaña experiencias de producción de papa agroecológica en ambas provincias. En el valle puntano es parte del equipo técnico que asiste las hectáreas del FPDS, mientras que en suelo cordobés es un promotor de la agroecología en el valle de Traslasierra.
En la localidad de Los Cerillos, apoyada sobre el límite entre ambas provincias, Gramaglia realizó un estudio sobre una parcela demostrativa de 2.500 metros cuadrados, en una campo de pequeños productores, para implementar el manejo agroecológico de un cultivo de papa, sin la utilización de agroquímicos ni fertilizantes artificiales.
El trabajo concluyó con la verificación de que a través de manejos fertilizantes orgánicos del cultivo —con aplicaciones foliares de fertilizantes orgánicos líquidos y microorganismos activados, elaborados en forma artesanal a través de la organización de un taller práctico a campo; y control mecánico de malezas— se lograron rendimientos de 32.120 kilos por hectárea (Kg/ha) a 35.878 kg/ha, con resultados económicos positivos y relativamente altos de márgenes brutos (155.000 pesos/ha), gracias al reemplazo de insumos químicos dolarizados por insumos orgánicos pesificados y elaborados en forma artesanal.
Según el informe del Senasa sobre la situación de la producción orgánica en Argentina, publicado en marzo de 2023, la superficie cosechada de legumbres orgánicas tuvieron un crecimiento del 65 por ciento entre 2022 y 2021, donde se destaca la cosecha de porotos en Salta y San Luis.
El informe indica que en tierras puntanas se registraron nueve establecimientos bajo producción orgánica con un total de 11.438 hectáreas. El 98 por ciento de la superficie dedicada a cultivos orgánicos estaba destinada a las legumbres.
San Luis también tenía 1.255 colmenas bajo seguimiento orgánico. Sin embargo, la producción orgánica provincial sigue lejos de lo que ocurre en su vecina Mendoza, donde existen 312 establecimientos orgánicos, con un total de 36.736 hectáreas, que representan el 22,7 por ciento de todo el país.
La resistencia caprina entre las estancias ganaderas y los feedlots
En la localidad de Carpintería se realiza, cada octubre, la tradicional Fiesta del Chivo. En la última edición recibió a más de 15.000 personas. Pero en una provincia de larga tradición caprina, con familias productoras que supieron tener majadas de 200 o 300 cabras, el gobierno local elige traer animales de los frigoríficos de Mendoza y Santiago del Estero, principales provincias productoras junto a Neuquén.
El técnico del Inafci y asistente de la Unión de Productores y Productoras Caprinos sostiene que la percepción de los productores caprinos es que desde hace décadas “no hay políticas serias para el sector. El último plan caprino recordado en los territorios, que contempló mejora genética, infraestructura y sanidad, fue a fines de la década de 1990”.
Un símbolo, indica Janjetic, son dos frigoríficos caprinos inaugurados por el gobierno puntano en Quines hace unos diez años y que aún permanecen abandonados. El avance del agronegocio sobre tierras ganaderas y de los ganaderos sobre campos campesinos fue alambrando las zonas de pastoreo.
Sólo en el noreste árido quedan extensiones para 250 o 300 cabras, como las que ya no existen en la zona serrana. Janjetic indica que incluso se registró una transición de la cría caprina a la bovina también en las familias campesinas. “Mientras las estancias siguen creciendo y comprando campos campesinos, las familias también cambiaron su forma de producir. Se instalaron en el pueblo, donde mantienen changas de albañilería, en el turismo o son policías, y la actividad agropecuaria la mantienen como un ingreso extra. Sin la vida en el campo, es imposible criar cabras. Las vacas las pueden dejar pastando y volver a revisarlas una vez por semana”, explica.
Así, la provincia, de la mano de las estancias y empresas del agronegocio, consolidó la presencia del ganado bovino con un stock de más de un millón de cabezas, según el CNA 2018. El informe La Argentina agropecuaria vista desde las provincias marca que eso no ocurrió sin un cambio de modelo, por el incremento en el número de cabezas fue acompañado por una caída del número de EAPs, que alcanzó el doce por ciento entre 2002 y 2018.
“Es claro que el fenómeno de la agriculturización y el desplazamiento de la ganadería a zonas marginales no provocó una disminución del número de cabezas bovinas, sino que la instalación de sistemas de terminación a corral y feedlot de gran escala permitió conservar y hasta aumentar el número de vacunos”, concluye.
Y aquí también aparece Cresud. En el departamento de Pedernera, en la localidad de Villa Mercedes, la empresa de Elztain entró en el negocio del engorde a corral. El ingreso fue a partir de la compra de su parte a la empresa estadounidense Cactus Feeders y su asociación con otro gigante norteamericano Tyson Foods —uno de los mayores procesadores y comercializadores de carne y pollo del mundo—. Junto a Tyson, Cresud manejó hasta 2022 el frigorífico Carnes Pampeanas.
Según las cifras del CNA 2018 y Senasa, la producción porcina también aumentó en la provincia entre 2002 y 2018 —de 14.000 cabezas a 223.000— pero bajo el mismo proceso de reducción de EAP, que pasaron de 805 a 663 en el mismo periodo. En ese sector, la provincia cuenta con otro grande del negocio de alimentos: Paladini.
En 2010 la empresa inauguró su “Centro de Producción Porcina II”, de 70.000 metros cuadrados para 5.000 madres, con una población total y permanente de 67.000 cerdos; del que obtienen 130.000 cerdos anuales para faena. El centro se abastece con 3.000 hectáreas de cultivos y una Planta de Alimentos Balanceados. En 2013, también en La Toma, inauguró el “Centro de Producción Porcina III”, preparado para 2.000 madres. Una dimensión similar a las megafactorías porcinas chinas que se intentaron instalar en 2020.
Las cifras del CNA 2018 y del Senasa son contradictorias respecto de la situación caprina y ovina. “De acuerdo con el censo 2018, tanto para caprinos como para ovinos, habría una disminución de un 65 por ciento en el número de cabezas; mientras que, si comparamos los datos del censo 2002 y los de Senasa 2017, habría un aumento de un 30 por ciento en el número de cabezas”, indica el informe de la Cátedra Giberti. Janjetic confirma que el panorama es de caída, de acuerdo al relato de los propios productores.
Según datos del Servicio de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) de 2019, el stock caprino provincial era de aproximadamente 113.000 cabezas distribuidas en 3.500 establecimientos. Eso significa un promedio de 33 cabras por unidad productiva, un tamaño de majada muy inferior a los que pueden aceptar la mayoría de los campos de los núcleos de agricultura familiar existentes.
“El que se queda en el campo, el principal motivo es porque le gusta y ama la producción. Si vos lo mirás desde vender el campo y comprarte un departamentito para vivir y otro para alquilar, económicamente te conviene más eso”, sincera el técnico del Inafci.
Pero como respuesta, junto a la Unión de Productores y Productoras Caprinos, diseñaron un programa de “Salario caprino”, que permitiría con la asistencia estatal fortalecer al sector para sostener el arraigo de los jóvenes en el campo, cambiar las dinámicas expulsivas rumbo a la ciudad, y recuperar el nivel productivo.
Soberanía alimentaria a la puntana
“Es una lástima que el chivo sólo se vea como una carne de lujo para consumir en las fiestas o para el turismo. Cambiar esa lógica sería importante desde el punto de vista de la diversificación de los alimentos para los puntanos. El aporte del sector campesino a la provincia podría ser transformar al chivo en una carne de consumo cotidiano. Para eso son necesarios los frigoríficos impulsados desde el Estado, que mantengan la estructura de costos y estén asociados a los productores para asegurar una cuota de faena”, propone Janjetic.
Por su parte, Fernando Frank hace su resumen sobre la situación provincial para ir hacia un modelo de soberanía alimentaria: “Por las características particulares de San Luis, limítrofe con Mendoza, Córdoba y La Pampa, en materia de abastecimiento de carne, hortalizas y frutas la provincia no construyó una autonomía sino que consume lo producido en esas provincias, cuando podría ser autosuficiente”.
Para modificar la situación es necesario un cambio en el ordenamiento territorial y el acceso a la tierra para la producción agroecológica. En ese punto, la vigente Ley de distancias mínimas para la aplicación de agrotóxicos marca el rumbo para transicionar en la producción con distancias libres de fumigaciones a 1.500 metros de los cascos urbanos.
Según la Dirección Nacional de Agroecología, a las cantidades y los valores promedio de rendimiento de producciones agroecológicas a nivel nacional, se precisa una superficie de 196 hectáreas para abastecer una población de 1.000 habitantes. En una ecuación simple, las 12.000 hectáreas bajo riego que Cresud alquila a empresas como Bayer-Monsanto y Syngenta, puestas a producir alimentos podrían abastecer a poco más del diez por ciento de la población puntana.
“Las instituciones y políticas públicas estatales son muy importantes para acceder al financiamiento que permita escalar los sistemas de producción y comercialización. En la Argentina no hay una mano invisible de mercado que regule la producción, sino que está en manos de unos pocos y grandes productores y elaboradores de alimentos que fijan los precios”, sentencia Vázquez, cuya organización —con unas pocas hectáreas agroecológicas— aporta verduras a veinte mil raciones mensuales de comedores populares.
*Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.