El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) es una organización feminista que trabaja promoviendo el ejercicio de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Fue creada en el año 2003 y trabaja desde el acceso a la justicia y las políticas públicas, en Argentina y Latinoamérica.
En diálogo con este medio, Julieta Izcurdia, responsable del área jurídica de ELA, aseguró que su misión “es transformar la sociedad en una más justa e igualitaria”. A su vez, aseguró: “consideramos que la persistencia de la desigualdad contrasta con el creciente rechazo y negación de los derechos conquistados y esta situación nos exige un abordaje situado”.
Dentro de sus principales áreas de trabajo se encuentran: género y democracia; violencia y acceso a la justicia; derechos sexuales y reproductivos; y cuidados y desigualdades socioeconómicas. Este año, además, decidieron agregar un eje adicional de trabajo llamado ambiente habilitante, a raíz del contexto.
¿Cómo ven la situación de las mujeres y disidencias en situación de violencia en la actualidad? ¿Cómo creen que afecta la crisis económica actual a los entornos de violencia?
Las estadísticas demuestran que las mujeres son las más afectadas por la pobreza y quienes asumen de forma desproporcionada las tareas indispensables para la sostenibilidad de la vida. Las desigualdades se reflejan también en su menor participación en el empleo, mayor subocupación horaria, mayor informalidad laboral y mayor endeudamiento para cubrir gastos del hogar. En momentos de crisis económica estos indicadores se recrudecen y se vuelve imperioso fortalecer las políticas que promueven las autonomías.
Los datos de enero de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) muestran que la violencia doméstica sigue siendo una problemática que requiere atención urgente. Durante enero la OVD atendió a 1631 personas: 1237 fueron afectadas por violencia doméstica. A la vez, según datos del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano», en lo que va del año hubo 30 víctimas de femicidio.
Garantizar el derecho a una vida libre de violencias por razones de género es un deber del Estado argentino de acuerdo con las obligaciones internacionales. Hasta ahora no se ha presentado un plan para los próximos años.
A su vez, el contexto de crisis exige sostener políticas como la Línea 144 –que desde su creación en 2013, ha atendido en promedio 340 comunicaciones al día. También es fundamental sostener y mejorar el Programa Acompañar, el cual está lejos de ser una verdadera solución integral, pero representó una ayuda importante.
La prevención y atención de las violencias no sólo es una obligación del Estado sino que además permite un uso más eficiente de sus recursos. La investigación de ELA, “Invertir en prevención de la violencia doméstica: ¿opción o necesidad?”, demostró que al Estado le cuesta hasta 22 veces más intervenir en los casos de violencia donde la mujer se encuentra en riesgo alto o altísimo frente a los costos de intervenir en situaciones de bajo riesgo.
El año pasado realizaron un informe sobre desinformación de género, ¿cómo ven esa situación en la actualidad? ¿Circulan discursos cargados de estereotipos?
Las desinformaciones son mensajes que circulan con contenidos falsos, completamente inventados o con información sacada de contexto o manipulada. Pueden manifestarse, por un lado, como un ataque directo hacía un individuo particular, o en ataques a temas relacionados con la agenda de género.
A lo largo de las elecciones presidenciales del 2023, desde ELA trabajamos en colaboración con CHEQUEADO detectando y analizando las desinformaciones de género. Encontramos 3 focos principales de desinformación en relación a cuestiones de género: desinformaciones sobre funcionarios/as que apoyaron políticas a favor de la identidad de género; desinformaciones sobre las políticas que promueven derechos para mujeres y LGBTIQ+; desinformaciones sobre los gastos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Entendemos que detrás de la puesta en circulación de estas desinformaciones se busca deslegitimar los reclamos de ampliación y respeto de los derechos de mujeres y LGBTQ+. Lo que pudimos anticipar desde el inicio de la campaña electoral se ve agravado actualmente por una proliferación de discursos cargados de estereotipos y de discriminación, no sólo por motivos de género sino también por otras categorías prohibidas por normas nacionales e internacionales, como la discapacidad. Esta situación ha sido advertida con preocupación por organismos internacionales.
Una de las demandas para este 8M se relaciona con las tareas de cuidado. ¿Cuál es la importancia de poner dicho trabajo en el centro de los reclamos de las mujeres?
El movimiento de mujeres y los feminismos venimos hace décadas evidenciando que se necesitan políticas de cuidado para descomprimir al 91,7% de mujeres que se ocupan de las tareas domésticas y de cuidado y que dedican el doble de horas por día que sus pares varones a estas tareas (INDEC-ENUT, 2021). Este reclamo volvió a cobrar visibilidad cuando se conoció que el Ministerio de Capital Humano decidió interrumpir la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios, agravando la crisis alimentaria, sobrecargando las tareas de cuidados a cargo de las cocineras comunitarias.
En 2023 se conformó Compromiso por los Cuidados, un espacio multiactoral que nuclea a diversas organizaciones de la sociedad civil, académicas/os, periodistas, movimientos sociales y sindicalistas, y que coincide en que el cuidado es un derecho de la ciudadanía, una corresponsabilidad social y una obligación del Estado, sobre la que Argentina tiene una gran deuda y muchos debates pendientes.
El tratamiento parlamentario del proyecto de ley que impulsa el reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias parece una utopía si observamos las discusiones que el Congreso Nacional ha tenido estas semanas. Contar con un sistema integral de cuidados permitiría distribuir de manera más equitativa las tareas domésticas y de cuidados entre varones y mujeres, y también mejorar las condiciones en que se cuida y mitigar los efectos negativos que esto conlleva para la autonomía económica de las mujeres.
En noviembre de 2023 ELA le preguntó a una inteligencia artificial (IA) qué pasaría si las 130.000 cocineras de comedores comunitarios que trabajan todos los días sin cobrar un sueldo dejaran de cocinar: nos respondió que 10 millones de personas que se alimentan diariamente en los 34.000 comedores de todo el país se quedarían sin comer y esto podría desencadenar una crisis humanitaria. Hasta la propia inteligencia artificial advierte con preocupación lo que el gobierno parece subestimar.
¿Cuáles creen que son los principales desafíos para las mujeres y los feminismos para este 2024?
Si se concretan y profundizan las políticas de austeridad y retraimiento del Estado en la prestación de servicios públicos básicos y de políticas sociales esenciales para que los sectores de menores ingresos puedan enfrentar la crisis, es indudable que van a empeorar las situaciones estructurales de desigualdad que afectan a las mujeres en toda su diversidad. En este sentido, el principal desafío lo enfrentarán los sectores de menores ingresos, donde las mujeres, niñas, niños y adolescentes están sobrerrepresentados.
El año 2024 también nos presenta un ambiente muy hostil para la participación social y política, para dialogar con actores políticos clave, para hacer incidencia en políticas públicas y para intervenir en el debate público. Será un gran desafío poder seguir haciendo nuestro trabajo de manera libre y sin violencias.