Tras el anuncio del cierre del Instituto Nacional contra la Xenofobia, Discriminación y el Racismo (INADI), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) cuestionó la decisión. “Desde REDI manifestamos nuestro más profundo repudio a las intenciones del Gobierno nacional de cerrarlo”, expresaron a través de un comunicado.
A su vez, detallaron que, “en el año 1995, la Ley 24.515 creó el INADI, por lo tanto es el Congreso Nacional quien debe derogarla, en caso que este resuelva cerrar el organismo”. En ese mismo sentido, la misiva advirtió que los dichos de funcionarios que pretenden cerrarlo carecen de institucionalidad.
Sobre las consecuencias de la medida, desde REDI cuestionaron dónde quedarán registrados los abusos hacia las personas con discapacidad si se efectúa el cierre del INADI. En el mismo sentido, advirtieron que la ausencia del ente eliminará una instancia de intervención para encontrar soluciones a las denuncias por discriminación que afectan al colectivo.
Para conocer en detalle las dificultades de ese sector poblacional, Nota al Pie dialogó con Gabriela Troiano, presidenta de REDI.
¿Cuáles son las dificultades que suelen afectar a las personas con discapacidad en la vida cotidiana?
Las dificultades son tan variadas como la cantidad de barreras que uno encuentra al querer ejercer su derecho. Tenés barreras de accesibilidad, por ejemplo, que acontecen cuando una persona usuaria de silla de ruedas quiere ir a un hospital y allí no existen rampas de acceso.
Lo mismo puede suceder en las elecciones, donde un lugar de votación no cuenta con rampa para acceder a la mesa. También en el transporte, porque hay colectivos que no tienen piso bajo. A su vez, hay casos de sitios que no ofrecen cartillas en braille, y por ende hay personas que no pueden acceder a la información que necesitan.
También se da el caso de las entidades bancarias que asignan turnos con número para atender, y ese turno se anuncia solo mediante una pantalla led, ante la cual la persona ciega no puede saber cuando llega su turno. O los casos en los que una persona sorda debe ir a atenderse a un hospital y este no cuenta con intérprete de señas; en ese caso no va a poder ser atendida. También se da que algunas escuelas no quieren tomar como alumnos a personas con discapacidad.
Todas estas situaciones tienen el potencial de ser denunciadas ante el INADI por no cumplir con la legislación vigente, porque es el organismo que trabaja para que no exista ningún tipo de discriminación.
El INADI abarca temas como racismo, xenofobia, diversidad sexual. De todas las denuncias que recibe, ¿cuánto corresponde a temas de discapacidad?
En el último año, el 22,4% de las denuncias realizadas ante el INADI fue por discriminación a personas con discapacidad. Ese dato muestra la importancia del organismo para nuestro sector poblacional.
El grueso de los reclamos abarca lo referente a transporte, por la no aceptación de pases, y, en lo que es educación, la dificultad de obtener vacantes en escuelas. En lo vinculado a salud, la solicitudes al INADI se suelen concentrar en reclamos a las Obras Sociales que no otorgan lo que corresponde.
¿Cuál es su mirada respecto al modo en que desde el Poder Ejecutivo se pretende cerrar el organismo?
Al ser un organismo creado por ley, para ser derogado se requiere otra ley. Así lo plantea la Constitución Nacional. En ese sentido, las manifestaciones realizadas sobre su cierre son un atropello institucional. Además, la propia medida de cerrarlo es discriminatoria, dado que en el INADI trabajan muchas personas con discapacidad. Lo que estamos viendo es absolutamente anti democrático y profundamente inhumano.