Esta semana comenzó con el anuncio del aumento discrecional del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM). Con la falta de propuestas del sector empresarial y la negativa a otorgar el incremento exigido por las centrales sindicales, el gobierno de Javier Milei fijó una suba de 30% en dos meses.
De la misma forma, comunicaron un incremento de las jubilaciones mínimas del 27,18% y un bono de $70.000. Ambos anuncios no sólo resultan insuficientes frente al nivel de costo de vida, sino que significan una pérdida del valor real de estos ingresos.
Lo cierto es que los aumentos por debajo de la inflación representan un ahorro del gasto público. El ministro de Economía, Luis Caputo, buscaba implementar su plan de ajuste sin necesitar la Ley Ómnibus y el gasto social es uno de los sectores que no vacila en recortar.
En medio de un clima de tensión por el aumento de la pobreza y la inflación, Milei y Caputo salieron a festejar que el Tesoro alcanzó el superávit fiscal en enero, hecho que no sucedía hace diez años. Pero, ¿es realmente algo que celebrar? ¿En qué consiste semejante ajuste del gasto?
Principalmente, en la licuación por inflación de jubilaciones, pensiones, salarios de estatales y programas de asistencia social. El atraso, y hasta congelamiento de estas partidas explican parte del superávit, por lo que es insostenible y regresivo.
A su vez, se debe a la eliminación de la obra pública en todo el país y la suspensión de las transferencias de recursos a las provincias, además del aumento de la recaudación por el impuesto PAIS y las retenciones. La tensión social y política que provoca da cuenta de la fragilidad del superávit.
Pese a ello, queda claro que el objetivo del gobierno en este momento es lograr el déficit 0, sin importar lo que cueste para los sectores populares, y acumular las reservas en dólares para dar buenas señales al Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe recordar que este organismo, de todas formas, siempre insistió en que el ajuste debe centrarse en el gasto social.
La visita del Fondo
En su visita a la Argentina, la segunda al mando del organismo, Gina Gopinath, destacó “los esfuerzos para restaurar la estabilidad macroeconómica” y consideró que “las medidas iniciales están empezando a dar frutos”.
Hasta ahora, los únicos frutos que les trabajadores obtuvieron del ajuste es el aumento de los precios y la pérdida del valor de los salarios. Y, como si fuera poco, el Ministerio de Capital que poco tiene de humano eliminó la entrega de alimentos a comedores comunitarios, decisión que profundiza la crisis alimentaria.
Según trascendió, hubo una interna en el Gabinete porque Sandra Pettovello, de Capital Humano, es la cara visible del ajuste a los comedores pero es el ministro Caputo quien ordenó reducir las partidas a 0. Así que la ministra, así tuviera intención, no tiene recursos ni herramientas para atender la demanda de alimentos.
El FMI pareció entender más rápido que el gobierno que esta decisión puede contribuir al malestar social. De hecho, ya está sucediendo: los movimientos sociales anunciaron un plan de lucha con más de 500 cortes de calle para reclamar por alimentos.
En vistas a esta situación, el organismo pidió al gobierno realizar “esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población” y advirtió sobre la importancia de que “la carga del ajuste no recaiga en las familias trabajadoras”. Porque, en palabras de Caputo, el ajuste es mayor a lo que el Fondo hubiera imaginado.
Como forma de desviar la atención, Milei busca aludir a su base electoral con un discurso que se centra en lo cultural, como el ataque a artistas que ofrecen eventos gratuitos o el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Mientras, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) hace uso de la motosierra sobre alimentos, jubilaciones, subsidios, salarios de trabajadores, recursos para universidades y un largo etcétera. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse este rumbo de gobierno tan hostil con la mayoría de la población?