sábado 23 de noviembre de 2024

Inquilines alertan una tragedia habitacional en caso de no tratarse el DNU que derogó la Ley de Alquileres

A través de un comunicado, la Federación de Inquilinos Nacional le exigió a diputades y senadores que rechacen el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. En tanto, la Justicia analiza dos medidas cautelares que buscan revertir la decisión del Gobierno.
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Una encuesta nacional realizada por Inquilinos Agrupados señala que el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos menores a 6 meses, de los cuales el 25% es cada 3 meses. Crédito: Ámbito.

En los últimos días, la Federación de Inquilinos Nacional le envió notas a senadores y diputades mostrándole su preocupación por la vigencia del DNU 70/2023 y su falta de tratamiento en el Congreso de la Nación como establece la Constitución. En ese sentido, las organizaciones inquilinas no sólo piden su discusión, sino también su rechazo por inconstitucional. 

Mediante un comunicado destacaron que la Ley 27.551 fue discutida en ambas Cámaras en múltiples oportunidades. Además, destacan que se llevaron adelante debates de los que participaron todas las organizaciones inquilinas, los comisionistas del mercado inmobiliario y todos los bloques políticos. 

“Fruto de ese debate, hace apenas más de 100 días, se votó la última modificación a la Ley de alquileres, pero de un plumazo (de manera inconsulta, inconstitucional y autoritaria) se borró todo el proceso democrático”, señalaron en el escrito. Por ello consideran que el decreto “pone en jaque el sistema republicano” y la representación parlamentaria a través del voto. 

¿Cómo continúa la situación de los alquileres?

En el texto también expusieron las consecuencias de la derogación, a la cuales calificaron como “dramáticas”. Entre ellas, contratos de alquiler que se firman por un plazo de seis meses o un año y actualizaciones de precios que están atadas de forma bimestral o trimestral a la inflación, a la variación del precio de la nafta, la carne, etcétera. 

Por esas razones entienden que “no hay posibilidad que esto no desemboque en una tragedia habitacional y social”. Debido a que, después de tres meses de alquiler, el precio del mismo aumentará alrededor de un 60% y quien hoy, por ejemplo, pague  $300.000 puede tener que pagar $480.000 tras noventa días. 

Cabe mencionar que ya hay dos medidas cautelares que quieren frenar la derogación de la ley y son analizadas por la justicia. La primera fue presentada por la  Asociación Civil por un Hogar en Argentina (ACHA). Esta se encuentra en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Federal que tiene que resolver un conflicto de competencia entre el fuero Civil y el Administrativo. 

El otro amparo fue presentado por Inquilinos Agrupados. El juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico hizo lugar a esta medida; sin embargo, desde el Gobierno apelaron la decisión argumentando que el magistrado se “extralimitó en sus funciones”. 

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Hay dos cautelares en la justicia que buscan frenar la derogación de la ley de alquileres que se llevó a cabo con el DNU 70/2023. Crédito: Estela García.

Remates de viviendas en CABA

Al mismo tiempo, desde Inquilinos Agrupados realizaron una investigación que revela que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no hay una sola vivienda pública en alquiler. Para dar con este resultado, les inquilines analizaron los inmuebles de herencias vacantes rematados por el Gobierno porteño a través del mecanismo de subasta pública del Banco Ciudad que se encuentran en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.

Este tipo de inmuebles están regulados por la Ley 52/1998. El artículo 12 especifica que desde el Ministerio de Educación tienen sesenta días desde que las viviendas o terrenos quedan vacantes para decidir si “puede recibir un destino directo de utilidad pública”. Y para eso, el Procurador General debería avisarles ni bien disponga los bienes como herencia vacante. 

A su vez, la normativa hace mención de un fondo de afectación específica dentro del área de Educación que incorporaba los bienes que la Ciudad obtenga en concepto de herencias. Desde la investigación de Inquilinos Agrupados resaltan que esto no sucede porque “todo el capital subastado ya sea en pesos o en dólares, no es informado ni difundido públicamente”.

La investigación destaca que entre 2018 y 2023 se subastaron a través del Banco Ciudad 461 inmuebles, entre los que 455 fueron inmuebles que se ubican en CABA. Entre ellos hubo 228 viviendas tipo departamentos, 18 viviendas tipo casas con entrada individual, 102 terrenos, 53 locales comerciales, 16 inmuebles tipo PH, 17 unidades de oficinas, 3 edificios de oficinas, 14 cocheras y 5 depósitos.

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Mapa que muestra los inmuebles rematados, 59.356 metros cuadrados de viviendas y 98.524 metros cuadrados de terrenos. Crédito: Inquilinos Agrupados.

En total, las viviendas rematadas comprenden 59.356 metros cuadrados a razón de 69.5 metros cuadrados en promedio por vivienda. En cuanto al valor, según lo calculado por elles, los remates en moneda nacional sumaron un total de $2.262.619.500, que a precios actualizados a enero 2024 totalizan $14.165.307.342,58 de pesos argentinos, y los remates en moneda extranjera un total de $333.763.711 de dólares.

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