Fracasó la reunión del Consejo del Salario entre el Poder Ejecutivo, las organizaciones sindicales y el sector empresarial al no lograr un acuerdo para definir el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil y el de la prestación por desempleo.
Ante esta situación, el gobierno podría dictar las cifras por decreto aunque en las últimas horas, el presidente Javier Milei desestimó entrometerse.
En tanto, en las afueras de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se reunieron cocineras y coordinadoras de comedores populares para reclamar ante el Gobierno y Nota al Pie estuvo en el lugar.
El encuentro de este miércoles se desarrolló bajo la modalidad virtual duró más de cuatro horas e incluyó dos cuartos intermedios. El mismo fue comandado por el secretario de Trabajo, Omar Yasín.
Por las centrales obreras estuvo la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, en la que reclamaron un aumento del 85% a partir del 1 de febrero, lo que representa la cifra de 288.600 pesos, respecto de los 156.000 fijados en la actualidad.
Lo solicitado fue rechazado por las cámaras empresariales que estuvieron encabezadas por la Unión Industrial Argentina, desde donde se negaron a realizar propuesta alguna.
En este sentido, la CGT aseguró que el Gobierno de la Nación “evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad”, y que “hicieron fracasar la reunión”.
Como resultado, la votación finalizó 16 a 16, con las centrales obreras y el sector empresarial dividido en igual número, por lo que el Gobierno podría decidir mediante un decreto. Esta posibilidad, en principio, fue desestimada por el Presidente de la Nación, según recientes declaraciones.
“¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores?”, se preguntó Javier Milei. A lo que se respondió: “No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre”, en palabras a Radio Rivadavia.
Las centrales obreras responsabilizan al Gobierno de Milei
Tras no alcanzar un acuerdo por la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, las centrales obreras apuntaron de forma directa contra el gobierno y las cámaras empresariales.
En consecuencia, la CGT emitió un comunicado en el cual aseguraron que “el gobierno hizo fracasar la reunión”.
En este sentido, expresaron que “el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”. Y señalaron que se rompió con “una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario”.
A su vez, consideraron que “en tiempos de altísima inflación y con aumentos intolerables e injustificables de precios, establecer un piso social es necesario e impostergable”.
Además, apuntaron contra la pata empresaria: “Los mismos que en la OIT defienden el diálogo social y los consensos colectivos como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social del país, hoy borraron con hechos lo que pregonan con palabras en los foros internacionales”.
Por último, la CGT remarcó la “absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”.
Las CTA publicaron su postura tras el fracaso del Consejo del Salario
Por su parte, la CTA publicó su postura, y aseguró que el aumento que solicitan es “impostergable” debido a la inflación acumulada entre diciembre y febrero “superará los 70 puntos” y que coloca el poder adquisitivo del salario mínimo en su nivel más bajo “al menos desde 2002”.
En tanto, catalogaron de “actitud inhumana y antisocial” la adoptada por la representación patronal, y que contó con el consentimiento del gobierno para impedir “que se lograra una recomposición de los salarios”.
En esa línea, adelantaron que las centrales sindicales “repudiamos esa actitud y la denunciaremos ante la OIT”.
Como cierre, aseguraron que lo ocurrido “demuestra la connivencia entre el gobierno y los empresarios para utilizar el salario como variable de ajuste”.
Por su parte, el Secretario General de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, señaló que “toda esta parodia lo que tiende es a impedir un aumento urgente para los trabajadores y trabajadoras del salario mínimo vital y móvil”. Y consideró como una “actitud cómplice” la adoptada por el Gobierno y el sector empresario.
A su vez, advirtió: “Es evidente que el Gobierno quiere congelar los salarios y seguir licuando los ingresos de los sectores populares”, por lo que adelantó que consultarán “con las otras centrales sindicales para poder definir nuevas acciones».