El primer golpe político al gobierno libertario de Javier Milei tuvo lugar el pasado martes cuando, sin acuerdo con la oposición para habilitar la privatización de empresas públicas, les legisladores oficialistas tuvieron que dar marcha atrás y aceptar el fracaso de la Ley Ómnibus.
Las noticias de la caída de su Ley Base no fueron bien recibidas por Milei, que se encuentra en una gira internacional. El Presidente no pudo controlar su temperamento y dejó vislumbrar su lado menos republicano al publicar una lista negra de legisladores “enemigos”.
En las acusaciones también cayeron los gobernadores, quienes se habían comprometido a apoyar el proyecto de ley con sus diputades, pero terminaron rechazando algunos artículos en la votación particular.
Para no afrontar una derrota por la inviabilidad del proyecto y por la improvisación y falta de experiencia política de su espacio, Milei busca de forma desesperada instalar la idea de que es la llamada “casta” la que obstaculizó la Ley Ómnibus para aferrarse a sus privilegios.
Sin embargo, es cierto que el gobierno pretende avanzar con su programa económico a pesar de que no cuenta con consenso parlamentario. “Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”, afirmó Milei.
La negación de Caputo
En esta línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó el impacto de la derrota en el curso de acción del gobierno sosteniendo que, de todas formas, el capítulo central de las reformas fiscales ya había sido retirado del proyecto de ley.
El ex ministro del macrismo sostuvo que se llegó a un equilibrio fiscal en enero, gracias a la desaceleración de la emisión monetaria y a que “la gente está cuidando los precios y los pesos”. Tal vez, con esa declaración se refiere a la caída del consumo y del poder adquisitivo del salario, frente a una inflación que sigue en aumento.
De todas formas, sin una base legislativa, el gobierno tuvo que repensar sus estrategias de ajuste. La principal herramienta que tiene para recortar el gasto es eliminar los subsidios a los servicios públicos, por lo que avanza en un nuevo sistema de subvenciones a la energía eléctrica y el gas que sólo tiene en cuenta a los hogares de menores recursos.
Por otro lado, viene discutiendo la reducción de los subsidios al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y habilitó a las empresas de transporte a implementar un excesivo aumento de más de 200% en las tarifas de trenes y colectivos.
De esta forma, el boleto mínimo de tren se ubicó en $130 y el de colectivo en $270, pero los precios sufrirán un incremento mayor cuando la Secretaría de Transporte decida quitar los recursos que subvencionan las tarifas.
El recorte a las provincias
No obstante, a modo de revancha, el gobierno confirmó que el próximo objetivo de la motosierra son las provincias. “Ahora van a ver lo que es un verdadero ajuste”, declaró el diputado bonaerense Agustín Romo.
En estos meses de gestión, el Ejecutivo redujo las transferencias discrecionales en un 98%, a pesar de que representa un gran porcentaje de los ingresos de provincias como La Rioja y Santiago del Estero. Esta medida amenaza la capacidad de abonar salarios a los trabajadores provinciales.
En cambio, el gobierno insiste en que está recortando recursos con los que se beneficiaba la clase política. “Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que también lo tienen que hacer los gobernadores”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Sumado a esto, anunció la supresión del Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba a las empresas de colectivos en las provincias. Ante el aumento de las tarifas, desde el gobierno se plantea la continuidad de la asistencia a la demanda, mediante la Tarifa Social. Sin embargo, este sistema de descuento está incorporado en la tarjeta SUBE, que no tiene llegada a todas las provincias.
La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo. pic.twitter.com/tSXFISF9Co
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 8, 2024
En respuesta, los gobernadores reclaman que la eliminación de los subsidios al Interior mientras se mantienen los del AMBA es una decisión que atenta contra el federalismo. Sin dudas, la medida contribuye a la tensión en la relación entre Nación y las provincias.
La falta de capacidad del gobierno para lograr consensos políticos agrava así la situación de crisis que vive la Argentina. El Poder Ejecutivo busca esquivar a los demás poderes para lograr la sagrada meta de equilibrio fiscal, aunque signifique sacrificar a gran parte de la población en el camino.