La semana pasada, en el marco del debate de la Ley de “Bases”, las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevaron a cabo un operativo en las afueras del Congreso de la Nación. Allí, argentines que manifestaban en repudio de la normativa fueron reprimides y detenides de forma arbitraria.
Ahora, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) compartió un informe sobre la represión que dejó “al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes”. A su vez, la entidad señaló que “al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales”.
En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, junto al Comité Nacional de Prevención de la tortura y el Mecanismo de CABA, la Comisión monitoreó el despliegue y uso de la violencia por parte de las fuerzas. Dicho relevamiento fue presentado ante la Cámara de Diputados, donde reclamaron que se tomen medidas para impedir que se reiteren estos sucesos.
Además, solicitaron que las modificaciones que se proponen en el proyecto para el Código Penal, previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, no sean aprobadas siempre y cuando consoliden de forma legal restricciones severas al derecho a la protesta social y dieran atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad. Respecto a esto último, la Comisión consideró que las mismas demostraron en estos días un ejercicio “arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los Pactos Internacionales vigentes”.
De acuerdo a la Comisión, el Gobierno desplegó un “desproporcionado e irracional” operativo ante una manifestación pacífica. No obstante, resaltó que el registro de los hechos de represión demostraron que las fuerzas actuaron “por fuera de cualquier margen razonable, incluso atacando personas que estaban en las veredas o la plaza y violando todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social”.
La represión brutal desatada en estas tres jornadas y las declaraciones públicas de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dan cuenta de que las fuerzas de seguridad “están siendo ordenadas para la consecución de fines políticos partidarios”. Esto, además, se realiza mediante la puesta en marcha de dispositivos represivos que “buscan cercenar la posibilidad de manifestarse y protestar ante las autoridades, un derecho que es garantía del funcionamiento democrático”.
Registrar la represión
A través del dispositivo interinstitucional de control, enmarcado en la ley nacional N° 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, se relevó una gran cantidad de hechos de violencia contra manifestantes. Los mismos fueron ocasionados sobre todo por el uso indiscriminado de gas pimienta u otros químicos, disparos de armas de fuego con postas de goma y golpes con palos, bastones o “tonfas”, por parte de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información de la Posta sanitaria de trabajadores/as de la salud ubicada en la zona del Congreso, durante esos tres días al menos 285 personas sufrieron diferentes tipos de lesiones por la represión.
Durante la primera jornada de debate, más de 150 personas fueron atendidas por los gases que generaron quemaduras químicas con un dolor severo y lesión de tipo urente. En ese sentido, la Comisión indicó que los gases fueron dirigidos “de manera intencional y a corta distancia contra el rostro, generando gran impacto en la vista y vías respiratorias”.
En tanto, la represión del 1° de febrero fue particularmente liderada por el Grupo de Motorizada de la Policía Federal. El mismo avanzó contra les manifestantes, incluso aquelles que se encontraban en la vereda y la plaza, disparando con postas de goma de manera indiscriminada. Ese día, desde la posta sanitaria informaron la atención de alrededor de 70 personas con heridas producidas por los impactos con postas de goma, muchas de estas encima de la cintura, incluyendo cuello y ojos, esto es, en zonas que está expresamente prohibido disparar por los protocolos de actuación de la fuerza pública y normativas nacionales e internacionales. De todas ellas, 10 personas fueron indicadas como código amarillo por su gravedad.
También se atendieron personas por cuadros de afección respiratoria, quemaduras en la piel, traumas en clavícula, testículo, manos y varios esguinces. A una persona un perdigón le perforó al lado de la carótida, a otras les impactaron en los oídos. En tanto, un jubilado debió ser trasladado por el SAME a un hospital. Además, se relevaron casos de gas pimienta aplicados en la boca.
El 2 de febrero el dispositivo sanitario atendió 65 personas: 48 de ellas afectadas por gases químicos, 5 con broncoespasmos u obstrucción de vías respiratorias ocasionados por estos productos, 6 personas con cortes en la cara, frente o cabeza y otras 6 con traumatismos en tobillos y muñecas, todas lesiones producidas por golpes con tonfas o palos.
El ataque a la prensa y a les defensores de Derechos Humanos
Cabe mencionar que el informe de la CPM hace hincapié en el ataque a les trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos. Al respecto, la Comisión afirmó que “esta situación es particularmente grave y contraria a todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Esta última resalta el papel fundamental de los medios de comunicación en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales y el de los organismos de derechos humanos para la documentación y registro de la violencia estatal.
El caso más grave fue el del abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Matías Aufieri, quien recibió un disparo en el ojo y fue intervenido quirúrgicamente. Por otra parte, la directora general de la CPM, Sandra Raggio, recibió el impacto de seis postas de goma, mientras que el secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García, y el coordinador del área de Seguridad y Justicia, Rodrigo Pomares, fueron alcanzados por los gases y la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Rocío Alconada Alfonsín, recibió un puntapié de un policía motorizado. En estos casos, las cuatro personas fueron agredidas cuando estaban cumpliendo la tarea de monitoreo y lo hacían con la identificación correspondiente.
Detenciones arbitrarias
Durante los tres días de manifestación se produjeron aprehensiones policiales arbitrarias; todas ellas encuadradas en los tipos penales de Atentado y Resistencia a la autoridad, y a algunos casos se agregó el delito de lesiones.
Según fuentes judiciales, 14 personas fueron detenidas. Sin embargo, la ministra de Seguridad de Nación y su par de CABA, Waldo Wolff, declararon públicamente que fueron 31 las detenciones.
En un hecho de enorme gravedad institucional, más de 48 horas después de los hechos, las autoridades ejecutivas no respondieron sobre estas diferencias en los números. Por lo tanto, desde la Comisión sostienen que “o hay detenidos sin intervención judicial o hay poca rigurosidad en la construcción de la información que se difunde”, en ambos casos “resulta grave desde el punto de vista institucional”.
La Comisión aseguró que “el extendido uso de las detenciones arbitrarias mediante el empleo de figuras penales como resistencia a la autoridad, que permite amplios márgenes de arbitrariedad a las fuerzas de seguridad en el contexto de una protesta, debe alertar a todo el sistema político”. Según explicó, ello constituye “una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación y participación política, que solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio”.
Por último, el informe de la CPM también advierte que, en distintas instancias del despliegue policial, se identificó a personal policial de las distintas fuerzas federales y de la ciudad, portando sus armas de fuego reglamentarias con sus respectivos cargadores, en otra clara y alarmante desobediencia de la normativa nacional y las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.