Por tercer día consecutivo, la Ley Ómnibus está en el centro de la discusión política de la Argentina. La sesión en la Cámara de Diputades se extendió a tres jornadas porque les legisladores que responden a Javier Milei no llegaban a un acuerdo con el bloque de la oposición dialoguista, de quienes depende que la ley obtenga media sanción.
En este punto, el oficialismo defiende con uñas y dientes lo que queda de su proyecto de ley, que ya fue recortado de 664 artículos a casi la mitad. En el camino de las negociaciones tuvo que ceder el Capítulo Fiscal, con el que chocaba con los gobernadores por la suba de retenciones y las reformas jubilatorias.
La última esperanza que tiene de que la Ley sirva para el plan de ajuste es que le otorgue al Presidente las facultades delegadas en materia económica, financiera, social, de seguridad, tarifaria y energética; y que se habilite la privatización de empresas estatales, para así conseguir los dólares que necesita.
Como habíamos anticipado desde Nota al Pie, con el debate en marcha, el oficialismo seguía negociando la versión final del proyecto. Para garantizar los votos positivos, nuevamente tuvo que desistir y el número de empresas sujetas a privatización total se redujo de 36 a 27.
Por otro lado, se dispuso que tres empresas pueden sufrir una privatización únicamente parcial: el Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina y Arsat.
Créditos: Info Gremiales.
Sin obstáculos para el ajuste
De todas formas, el ministro de Economía, Luis Caputo, no permite que el Poder Legislativo sea un obstáculo para ejecutar el plan económico. El ex funcionario macrista dispone de otras herramientas para lograr el anhelado equilibrio fiscal.
Esas políticas de austeridad ya están en marcha: más despidos en la administración pública, quita de subsidios a los servicios de energía y transporte, y aumentos por debajo de la inflación a les jubilades.
Además, el Banco Central suspendió la transferencia de recursos para el adelanto de haberes de trabajadores de universidades nacionales, por lo que docentes y no docentes no podrán cobrar sus salarios en tiempo y forma.
Paralelamente, con un 25,5% de inflación en el mes de enero y aumentos históricos de los productos de la canasta básica de alimentos, el ministerio de Capital Humano no ejecutó un sólo peso de los $84 millones que tiene presupuestados para proveer a comedores y merenderos comunitarios.
Frente a los reclamos de las organizaciones sociales que sostienen estos espacios hoy indispensables, la ministra Sandra Pettovello afirmó: “Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes”.
Además de la falta de sensibilidad frente a las demandas, la propuesta es impracticable, pero responde al espíritu del gobierno libertario y a su intento de borrar el sentido de comunidad para reemplazarlo por el individualismo extremado.
Créditos: Twitter Kristalina Georgieva.
Más allá del impacto negativo en la sociedad argentina, existe un actor que mira con buenos ojos las decisiones de Milei y su equipo económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la séptima revisión del acuerdo y desembolsó 4700 millones de dólares.
En palabras del organismo, ratifica su apoyo a “los esfuerzos políticos iniciales de las autoridades” y entiende que el plan de La Libertad Avanza “aborda las barreras al crecimiento, el empleo formal y el comercio, mientras se prevé un marco regulatorio más predecible para impulsar la inversión y liberar el potencial energético y minero de Argentina”.
Mientras tanto, el gobierno es consciente de que las circunstancias políticas y económicas contribuyen a una tensión social cada vez mayor. El objetivo es evitar que la expresión popular exponga los efectos del brutal ajuste a poco más de 50 días de gestión y desestabilice al Poder Ejecutivo.
Por esta razón, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene el Protocolo Antipiquetes en mano y no tiembla al usarlo. Ayer, mientras se desarrollaba la sesión, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes, trabajadores de prensa e incluso a legisladores de la oposición. La violencia de este episodio nos demuestra una vez más que ajuste y represión van de la mano.