El Consejo de la Unión Europea anunció este lunes a través de sus redes sociales un acuerdo preliminar para destinar los excedentes de los activos rusos congelados a la reconstrucción de Ucrania, país que está siendo cada vez más promocionado como beneficiario de estos fondos.
Aunque el acuerdo aún espera su aprobación formal, lo anunciado muestra la intención de Occidente de continuar la confrontación con Rusia. Esto no sólo demuestra la intención de apoyar la reconstrucción de Ucrania, sino que también evidencia la presión económica sobre el país liderado por Vladímir Putin.
Un acuerdo polémico
En el 2022, como parte de una verdadera catarata de sanciones unilaterales contra el gigante euroasiático, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Canadá y Japón congelaron unos 300 mil millones de dólares en activos del Banco Central de la Federación Rusa.
De esa cifra, unos 200 mil millones se encuentran en Europa, gran parte en el Euroclear Bank, un depositario belga propiedad de accionistas tales como JP Morgan, Société Générale, HSBC, Morgan Stanley, Sumitomo, London Stock Exchange Group y Euronext, entre otros importantes actores de las finanzas globales.
Los depositarios del Viejo Continente, al no poder transferir los ingresos que producen sus activos a los sancionados, fueron acumulando cuantiosas sumas de dinero en conceptos de “beneficios excepcionales”.
En el caso del Euroclear Bank, durante los primeros nueve meses de 2023, se obtuvieron más de 3200 millones de dólares como excedente de los activos rusos. Este número significativo llevó a Bélgica a anunciar en octubre que entregaría a Ucrania 1800 millones de dólares procedentes de los impuestos que el país europeo impuso a los beneficios extraordinarios de los activos congelados de Moscú.
Ahora, tras un largo debate en el seno de la organización, los países miembros de la Unión Europea apuraron la puesta en marcha de un proceso para redireccionar las ganancias de los fondos congelados de la nación liderada por Putin hacia Kiev.
Del mismo modo, en un contexto de bloqueo de la asistencia financiera a Ucrania por parte del Partido Republicano en el Congreso, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó la semana pasada una normativa para que el gobierno de Joe Biden pueda confiscar los activos rusos para entregarlos al país de Europa del Este.
Un movimiento de doble filo
De acuerdo con un informe del Financial Times, a finales de diciembre, EE.UU propuso al G7 que se analizaran las posibles medidas para confiscar los activos rusos. Esta propuesta obtuvo apoyo por parte del Reino Unido, Japón y Canadá, pero generó dudas en la Unión Europea, sobre todo en Alemania, Francia e Italia.
En ese marco, además del temor a la reacción de Rusia, el principal problema radica en el impacto que esto tendría en la estabilidad financiera global.
Según el diario norteamericano, la UE entiende que la legalidad de una medida como esta sería cuestionada desde un principio. En resumen, redirigir los beneficios generados por los activos rusos no es lo mismo que confiscarlos. En cuanto a la respuesta de Rusia, las autoridades adelantaron que Occidente recibirá una respuesta simétrica.
Mientras tanto, Kiev expresó su deseo de que los activos rusos financien la reconstrucción de Ucrania. Tal es así que, durante la última reunión anual del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aprovechó para insistir con este punto a las potencias occidentales.
En ese aspecto, el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, aseguró el viernes pasado que su país cuenta con “todas las garantías” de Washington para utilizar los activos rusos, una declaración que arroja claridad sobre la pretensión estadounidense en torno a la cuestión.