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Más de 50 personalidades importantes del mundo de militantes de la conservación en Argentina, y creadores del documento “La Agenda Pendiente ante la Crisis Ambiental Argentina”, manifestaron su preocupación sobre el impacto negativo que tendrá en el ambiente la entrada en vigencia tanto de la Ley Ómnibus como de sus modificaciones. Sostienen que es importante que la sociedad y, particularmente su dirigencia política, empresaria y gremial, comprendan el valor estratégico que implica hoy integrar una agenda ambiental racional en las decisiones que se adoptan.
Denuncian que estas modificaciones “necesitan el tratamiento adecuado y participativo en la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja, en el marco del Acuerdo de Escazú y contemplando el plexo de normas ambientales que están vigentes en nuestro país. Actuar urgentemente para mejorar la producción y recuperar empleos está bien y es necesario. Hacerlo facilitando la destrucción de nuestro capital natural, no”.
Entre quienes han firmado el documento se encuentran Emiliano Ezcurra, Director de Banco de Bosques, y Claudio Bertonatti, naturalista, museólogo y asesor científico de la Fundación Azara. También Juan Raggio, cineasta director del film Argentina Salvaje y numerosos documentales para NatGeo.
Nota al Pie conversó con el reconocido biólogo Lic. Javier Corcuera, quien dirigió organizaciones ambientales de la sociedad civil y presidió la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La urgencia del Capítulo ambiental de la Ley Ómnibus
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“Ninguno de los cambios relacionados con el ambiente tiene relación con la reforma fiscal urgente que se apunta a implementar. Salvo tal vez por el mercado de emisiones GEI que es muy vago, sin especificar los sectores sobre los que se aplicaría”, comenzó explicando Corcuera sobre el motivo del rechazo al Capítulo ambiental. Además, “la introducción de este mercado viene con fuertes contradicciones. Muchos países tienen hoy ese tipo de mercados, pero en nuestro caso, por ejemplo, el gobierno está promoviendo los combustibles fósiles y a la vez eliminando el apoyo al desarrollo de energías limpias”.
Acerca de las demás modificaciones, indicó que “apuntan a liberar el mal uso de nuestros bosques y glaciares. No veo que sea tan urgente destruir nuestro capital natural, más bien lo contrario”. En ese sentido, cuestionó: “¿Cuál es tu urgencia si estás hablando de quemar una parte de tu casa? ¿No deberías evaluar cuidadosamente qué vas a perder y dónde?”
Mayor libertad para quemar y desmontar
Respecto de la Ley de Control de Actividades de Quema, las modificaciones amplían el plazo de otorgamiento de permisos de 30 a 90 días En caso de no acceder al permiso en ese tiempo, queda habilitada la quema.
“La autorización tácita, en 90 días o el tiempo que sea, es muy peligrosa. Muchas provincias están acostumbradas a permitir quemas sin un buen sistema de control. Y en esta materia, la falta de controles municipales, provinciales e incluso federales ya ha mostrado su peor faceta en los mega-incendios de Corrientes. Los permisos tácitos legitiman las quemas con poco o nulo control. Generarán más y peores incendios”, advirtió Corcuera.
En cuanto a la Ley de Protección de Bosques Nativos, se mantiene la modificación al art. 31, que elimina las partidas presupuestarias fijas para el enriquecimiento y conservación de bosques nativos. “Al no haber más un presupuesto fijo establecido para la protección de bosques, las provincias tendrán la mejor excusa para revolear autorizaciones de desmonte por todos lados. “No tenemos plata para conservarlos”, van a explicar las autoridades ambientales de los municipios. No es que hayan tenido mucha antes, pero al menos tenían la esperanza”, explicó.
Agregó también que “las autoridades ambientales y forestales, los sistemas provinciales de manejo de incendios forestales, las instituciones como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que durante décadas, pese a los gobiernos, han sabido llevar adelante proyectos para dar valor agregado a los bosques, se verán impactadas. Si antes era difícil que alguna provincia tenga buenos expertos en materia de bosques, ahora será casi imposible”.
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Sobre las consecuencias de esta medida, considera que “el nuevo gobierno no sólo pierde la posibilidad de cuidar mejor el capital forestal nativo argentino. También pierde enormes oportunidades para generar valor agregado y empleos de calidad asociados al buen manejo forestal. Esto incluye una mayor responsabilidad ambiental y social en la producción de papel, de muebles, de todo tipo de productos forestales”. En este sentido, contó que en la actualidad hay PyMes de Bolivia que exportan productos forestales certificados sustentablemente a Londres. “¿No le gustaría al nuevo gobierno mostrar PyMes argentinas que generen divisas y nuevos empleos haciendo eso? No termino de entender. Nos estamos pegando corchazos en los pies. El socialismo boliviano apoya lo que debería estar apoyando el liberalismo argentino. Y conste que no soy socialista”, ironizó.
Los glaciares y su polémica definición
Otro de los puntos controversiales en la Ley Ómnibus afecta a los glaciares, manteniéndose las modificaciones de los arts. 1 y 2, con una reformulación del concepto de glaciar y ambiente periglaciar. “La nueva definición de glaciares no surge de la ciencia, sino de la política. Es un llamativo desprecio por la ciencia. Si seguimos así, en cualquier momento un economista propondrá una nueva definición de la ley de la gravedad. Deberían recordar que las ciencias exactas y naturales, como la geología y la glaciología, son más precisas que la economía, que es una ciencia blanda, una ciencia débil”, respondió Corcuera.
“Los investigadores y técnicos en glaciología del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que son en general de muy buen nivel, recientemente han comunicado los puntos más preocupantes. Según la Ley Ómnibus, “para ser considerado glaciar, debe tener un tamaño no menor de una hectárea. Y eso, ¿cuándo? ¿En invierno o en verano? Uso este burdo ejemplo para ilustrar la llamativa ignorancia de quienes pretenden definir un glaciar sin conocer el tema”, sostuvo.
Otro elemento desconcertante para definir un glaciar en la nueva norma, donde se afirma “que tenga una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas”. En ese sentido, el entrevistado cuestionó: “Nadie explica qué es relevante y qué no. ¿Relevante para quién? Da la sensación que las nuevas definiciones de glaciares bajaron del cielo. O de las oficinas de empresas mineras. El precio de semejantes errores lo pagarán quienes viven aguas abajo de las cuencas glaciarias, como el sector productor de vinos”, concluyó el biólogo.