El proyecto de la “Ley Ómnibus”, que el presidente Javier Milei envió la semana pasada al Congreso Nacional, entre otros aspectos, pretende modificar el Régimen Federal de Pesca. Este intento de desregulación de la actividad se ganó el rechazo en conjunto de empresas, gremios, gobernadores, y entidades vinculadas al sector pesquero.
Tras un reclamo de los seis gobernadores patagónicos, el titular de la cartera de Interior, Guillermo Francos, se reunió, el jueves, con el mandatario chubutense Ignacio Torres y el intendente de Gral. Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
El resultado del encuentro, que tuvo lugar en Casa Rosada, fue el compromiso de parte del gobierno para discutir cambios y modificaciones a los fragmentos de la ley que afectan a la industria de la pesca.
Luego, el ministro, anunció a la prensa que se creará una mesa de diálogo con “todas las jurisdicciones y las cámaras, para abordar los temas que competen al sector”.
“Vamos a clarificar algunos puntos de la Ley, porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales”, afirmó Francos. Además, agregó que “lo que pretendemos es que todo este proceso se haga de una manera eficiente para proteger la pesca argentina dentro de las 200 millas”.
En diálogo con Nota al Pie, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, comentó con cierta cautela que la “posible marcha atrás del gobierno” es una respuesta que le dieron a los gobernadores.
“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”
“Pero esto (el proyecto oficial) no deja de estar vigente en tanto y en cuanto no salga del paquete de la Ley Ómnibus y, por consiguiente, quienes lo van a tener que tratar son los diputados y senadores”, reflexionó el dirigente.
El líder sindical aclaró que su organización va a continuar con la gestión que vienen llevando adelante: mantener los contactos y “conversar con todos los bloques del congreso para plantear cuál es nuestra visión”.
“No nos vamos a quedar tranquilos y de brazos cruzados entendiendo que, con este comentario, con ese principio de voluntad de dar marcha atrás, está solucionado el tema”, aseguró Moreno respecto del anuncio. “Lo vamos a seguir de cerca y vamos a plantear la necesidad de que quede bien claro”, completó.
El proyecto de ley y sus cuestionamientos
Los artículos 26 y 27 del proyecto presidencial expresan lo central de los cambios propuestos: se habilita la licitación internacional de permisos de pesca dentro de las 200 millas de mar argentino, las cuales constituyen un derecho soberano de las naciones reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Múltiples sectores han expresado disconformidad por la política llevada adelante por el oficialismo. Distintes referentes y organizaciones han denunciado vulneración de derechos, riesgos para las fuentes de trabajo (en tanto cancela el cupo mínimo de mano de obra nacional), junto con la eliminación de los permisos de pesca irrestrictos y cuotas.
En este sentido, Moreno advirtió el riesgo que encierra “la apertura del caladero argentino a flotas extranjeras que competirían de forma desigual con las empresas y trabajadores argentinos”. Esto se daría en relación a incumplimientos de normas laborales por parte de las extranjeras.
A su vez, han señalado que la medida incluida en el proyecto representa “la puesta en peligro de las fuentes de trabajo en toda la cadena de producción del sector”. “Pero, al mismo tiempo, termina de destruir la ya vapuleada industria pesquera nacional”, aseguraron desde los gremios.
El conflicto en torno al sector pesquero
Un gran número de especialistas del sector consideran que las multinacionales chinas, españolas y taiwanesas serán las grandes beneficiarias del proyecto oficial.
Así, la medida, irá en detrimento de las pymes de capital nacional y, también, afectará a firmas extranjeras que operan en el país bajo una reglamentación a la que se deben sujetar.
“Abrir las puertas del Mar Argentino a la zona económica exclusiva (nacional) a otras flotas significaría poner en riesgo la continuidad de más de 70 mil fuentes de trabajo”, alertó el dirigente del Centro Patrones y Oficiales.
Esta polémica, que apenas acaba de iniciarse, pone de manifiesto la existencia de dos enfoques acerca de la administración de los recursos nacionales. Por un lado, una postura fiscalista impulsada por el gobierno de Milei que busca que el mejor postor se adjudique el permiso de pesca dentro del mar argentino.
Por otro, una posición de signo productivista que reivindica una actividad regulada del trabajo argentino, que defiende los recursos nacionales y la sustentabilidad de toda la cadena de producción del sector.
Un concierto de voces en contra del proyecto
El revuelo que levantó la iniciativa presidencial tuvo eco en otros actores de la sociedad. «Nos hace cada vez menos competitivos. Algunos puntos del proyecto son pegarse un tiro en el pie”, había señalado el gobernador de la Provincia de Chubut, Ignacio Torres, para Radio Rivadavia.
A su vez, el funcionario chubutense expresó que “atentan contra un recurso con un potencial enorme, y que es el segundo en materia de exportación. Nos preocupa la forma inconsulta, la decisión es unilateral y bastante antifederal».
Sin embargo, luego de la reunión en casa de gobierno, el funcionario provincial consideró: “Está garantizada la soberanía en las 200 millas”, en tanto “la voluntad de la Ley no es la de avanzar en el sentido de comprometer el trabajo nacional”.
Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se solidarizó con sus pares de la región patagónica que ven alarmados el proyecto de La Libertad Avanza. En tanto, el intendente Guillermo Montenegro, del partido bonaerense de General Pueyrredón, expresó que “nos complica, disminuye los puestos de trabajo”.
Por último, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof destacó que “se escuchan versiones acerca de una intención del Gobierno nacional para que los gobernadores apoyemos estas modificaciones a cambio de recursos”.
“La provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al sector pesquero”, remarcó el funcionario provincial.
El mandatario bonaerense sumó su apoyo
Axel Kiciloff, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se reunió el miércoles con representantes de cámaras del sector pesquero y sindicatos en el Hotel Provincial de Mar del Plata.
Tras analizar el contenido de la Ley Ómnibus que busca modificar el régimen de pesca, los distintos referentes coincidieron en rechazar “una medida que afectaría gravemente el empleo y la producción pesquera marplatense”.
“El Gobierno de la Provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”, declaró Kicillof en rueda de prensa.
“La industria pesquera tiene una importancia superlativa en la provincia de Buenos Aires, por eso hemos establecido líneas de trabajo que nos permitan acompañar a un sector que hoy está en riesgo”, concluyó.