Este jueves, la Cámara Nacional del Trabajo dio lugar a una nueva presentación judicial que tiene por objetivo derogar la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del gobierno de Javier Milei.
Se trata de la segunda medida cautelar concedida por este tribunal, solicitada en este caso por la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), liderada por Hugo Yasky. Previamente, el tribunal había aceptado un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
En esta ocasión, les magistrades resolvieron “disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo”.
La decisión fue alcanzada con el voto de la jueza Andrea García Vior al que adhirió su colega Alejandro Sudera, mientras que no votó la magistrada María Dora González, quienes integran la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Los argumentos del fallo judicial
En la primera parte del fallo, los jueces aceptaron intervenir frente al planteo de la CTA y rechazaron enviar la causa al fuero contencioso administrativo, que es donde el gobierno nacional quiere llevar todos los planteos contra el DNU.
“En el caso planteado se dan a mi ver circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de la competencia y la habilitación de la vía elegida en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable”, indicó en su voto la jueza García Vior, al que adhirió Sudera.
De igual manera, la magistrada sostuvo que “a diferencia de la causa que tramita el juzgado de lo contencioso administrativo federal, en la presente se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes, a la libertad y dignidad de las personas que trabajan, a los principios protectorios, de irrenunciabilidad, de igualdad de trato y no discriminación y de conservación del contrato que estructuran la especialidad”.
“Se pondría en jaque la principal vía de tutela ante la incapacidad de negociación individual de los trabajadores, que es la acción sindical”, añadió.
La respuesta de la Justicia a la CGT
En el día de ayer, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar a una primera medida cautelar que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el capítulo 4 del DNU.
El fallo se emitió como respuesta a la solicitud de medida cautelar presentada por la CGT para suspender las normas en cuestión. Desde la Confederación argumentan que estas normas violan los derechos de les trabajadores y vulneran la legislación laboral vigente.
En ese marco, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo, conformada por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, decidió mayoritariamente frenar los tramos del DNU que hacían referencia a las modificaciones laborales.
Sin embargo, la jueza Dora González disintió con esta decisión y sostuvo que el caso debería ser remitido a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que determine qué fuero debe tramitar el expediente.
De igual manera, el juez Enrique Lavié Pico, del fuero contencioso administrativo federal, decidió hoy dar curso a los distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU del Gobierno de Javier Milei, permitiendo así que sean tratados de manera separada durante la feria.
Esta medida desmantela el proceso colectivo en el que el Poder Ejecutivo buscaba que convergieran todas las objeciones al DNU. Dicha medida también fue ejecutada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la cual el pasado martes decidió autorizar el receso judicial para examinar el recurso presentado por la CGT.
La apelación a la medida cautelar
Frente a este panorama, la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, informó que apelará el fallo de la Cámara. En una entrevista radial, el funcionario afirmó: “Es una contingencia procesal. La Cámara Laboral actuó fuera de su jurisdicción, por lo que entendemos que la decisión es nula y en unos días estará corregido”.
Además, les abogados del Estado solicitarán que la causa continúe su trámite en el fuero Contencioso Administrativo Federal, de acuerdo con la postura del fiscal general Juan Manuel Domínguez.
La estrategia del gobierno es así plantear inmediatamente la incompetencia del Fuero del Trabajo, argumentando que corresponde al fuero administrativo resolver la disputa de competencias cuando este último está involucrado.
“Están desoyendo el criterio que adoptaron todos los otros tribunales del país, tanto en la ciudad como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos”, señalaron los abogados del Estado.