Este miércoles, el Presidente de la República Argentina presentó ante el Congreso un proyecto de ley – conocida como Ley Ómnibus, pero que en realidad posee el ostentoso nombre de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos–cuyo fin es derogar y modificar un sinfín de derechos adquiridos y hacer una profunda mella en la Identidad Cultural Nacional.
El proyecto tiene más de 180 páginas y 664 artículos con modificaciones de cientos de leyes vigentes. Tras la publicación del DNU 70/2023 –que roza la inconstitucionalidad y que entra en vigencia hoy–, el Ejecutivo Nacional vuelve a invocar la necesidad y urgencia ante la crisis del país.
Para esto, se apoya en sus discursos mentirosos, dominando la narrativa en las redes sociales, ingresando al lenguaje y militando con frases que sus partidarios repiten sin cesar, sin analizar que las medidas sólo benefician a los grandes poderes económicos.
“Casta”,”Corrupción” y “No La Ven”, son algunas de los frases repetidas hasta el cansancio sin ningún pensamiento crítico hacia nuestra actualidad. La Libertad Avanza incrementa la grieta y aviva el odio. En su afán de adquirir la Suma del Poder Público, Javier Milei se lleva por delante la Constitución Nacional, la República, nuestra Historia, nuestros derechos.
Desde su asunción, una palabra se cierne amenazante sobre nuestro país: distopía. Puede parecer alarmista, porque este vocablo evoca imágenes perturbadoras: paisajes definidos por la ruina, la muerte y la destrucción; ciudades en descomposición, páramos y escombros de civilizaciones colapsadas.
El término también se asocia con cataclismos, guerras, anarquía, desorden, dolor y sufrimiento. Nuestros símbolos de poder y representación – avasallados y descartados–, se vuelven inútiles.
En la distopía habitan también kilómetros de alambre de púas roto por torres de vigilancia coronadas con ametralladoras y reflectores; franjas de la muerte y campos minados; los ojos de rostros esqueléticos y atormentados, mirando desde profundas cuencas, horrorizados por su destino injusto.
Se visualizan sombrías calles dominadas por gigantescos retratos de algún líder tiránico presencian largas colas de trabajadores cansados y mal vestidos esperando alimentos, mientras anuncios amenazantes que repiten en loop las nuevas normas de esta sociedad -¿ficticia?-, resuenan desde mil altavoces (familiar, ¿no?).
Si la distopía pudiera tener un color, sería rojo sangre. Explosiones violentas intercaladas con gritos de terror nos ensordecen: este es su sonido. Carne ardiendo, sudor, vómito, excrementos, basura en descomposición: este es su hedor. Pero lo que realmente apesta es la barbarie descarnada: la pérdida de la condición humana, las personas y sus derechos fundamentales ahora son solo un recuerdo lejano.
Cuando nos adentramos en una ficción distópica, retrocedemos al salvajismo, la animalidad, la monstruosidad. Hacia allí nos dirigimos como Pueblo, hacía allí nos empuja Milei.
Los últimos 18 días, Argentina se vio sacudida por la Revolución Libertaria –que tiene sus bases y muchos de los actores principales de la Revolución de la Alegría propuesta por Mauricio Macri en 2015 y que terminó con un endeudamiento que el país no puede afrontar–.
Este avasallamiento liberal planteó reformas que cercenan los derechos que supimos conquistar, por medios inconstitucionales y mediante la presentación de un proyecto. ¿Los favorecidos? Los grandes poderes económicos.
Para continuar su camino debe manejar las narrativas, ¿cómo lo logrará? imponiendo un storytelling y silenciando a las voces que se pueden alzar en su contra. Para esto, el freak horror show que nos gobierna, quiere controlar nuestra Identidad Cultural.
El control de la cinematografía moldea la narrativa gubernamental: la distopía avanza
La distopía ficticia comienza a transformarse en realidad cuando un régimen autoritario quiere controlar la narrativa. La manipulación de la información y la imposición de una historia oficial –con datos tergiversados–, son herramientas poderosas que permiten moldear la percepción pública hasta límites surrealistas (gente coreando “no hay plata” cuando se anuncia un ajuste, o “policía” cuando se anuncia una represión), justificar sus acciones y mantener el control de la población.
El cine posee la habilidad de contar historias y conectar con la audiencia, pero también tiene poder de ejercer un cambio perspectiva. Por lo que, una industria cinematográfica en manos del Gobierno también puede ser un arma estratégica para la manipulación de la narrativa oficial, sirviendo como un medio potente para influir en la percepción pública y consolidar el control gubernamental.
En este contexto, el cine puede convertirse en un instrumento crucial para la formación de una historia que respalde la agenda del oficialismo o incluso, manipule la perspectiva histórica. Autores como Aldous Huxley, Jacques Lob, Phillip K. Dick, Isaac Asimov, Octavia Butler, Ray Bradbury, George Orwell, Alan Moore y Arthur C. Clarke usaron sus obras como críticas a los sistemas sociales en los que vivieron, pero también como advertencia adónde podíamos llegar.
Hace apenas 18 días celebrábamos los 40 años de democracia, un hito significativo que resalta nuestra lucha constante por la libertad y los derechos. Sin embargo, hoy nos encontramos enfrentando un conjunto de imposiciones que amenazan con arrebatarnos esos logros, erosionando nuestros derechos y desafiando nuestra Identidad Cultural como nación.
En este momento crítico, nos obligan a bajar la cabeza frente a estas imposiciones, y la amenaza de ser silenciados se cierne sobre nosotros. Esta historia es parte de una que ya vivimos, sabemos cómo termina. No podemos permitir que pase, porque los presos y los muertos siempre los pone el Pueblo.
Motosierra a la industria del cine nacional
Recortes en el financiamiento del cine nacional, eliminación de la cuota de pantalla y subsidios limitados al 50% del costo total son algunas de las reformas culturales propuestas por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esta es la iniciativa que fue enviada al Congreso de la Nación para su consideración durante el período de sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero.
El Capítulo III de este paquete legislativo se centra en el ámbito cultural, comenzando con el cine. Actualmente, el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (INCAA), está dirigido por un director, subdirector, la Asamblea Federal y el Consejo Asesor.
Sin embargo, la propuesta normativa plantea cambios significativos, otorgando al director la designación de ocho de los once miembros del Consejo Asesor, concentrando así las decisiones en una sola figura, designada por el Ejecutivo Nacional.
Al concentrar el poder de toma de decisiones en el director del INCAA al permitirle designar la mayoría de los miembros del Consejo Asesor, plantea riesgos significativos para la autonomía del ente.
La autonomía es esencial para preservar la diversidad de perspectivas y asegurar que las decisiones no estén centralizadas en una sola figura, sino que reflejen la riqueza y variedad de las voces de la industria cinematográfica.
Existe el riesgo de que las decisiones se tomen de manera unilateral, sin la participación y representación adecuada de los distintos sectores de la industria cinematográfica nacional. Esto, a su vez, podría llevar a un sesgo en la asignación de recursos y oportunidades, favoreciendo a ciertos sectores en detrimento de otros.
La pérdida de autonomía también puede afectar la diversidad de contenidos producidos y promovidos por el INCAA. Esta concentración del poder influirá en la selección y promoción de proyectos cinematográficos, limitando la variedad de temas, enfoques y estilos que caracterizan la riqueza cultural del cine nacional, para –de ser aprobada–, convertirse en un elemento de propaganda del poder. Esto es algo que se vio infinidad de veces en las peores dictaduras.
En cuanto a la Asamblea Federal, se elimina la función de «proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y, en especial, a la preservación de las salas de cine». Esto afectará a los espacios INCAA en muchas localidades, que son vitales para la proyección y promoción de producciones nacionales.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación en la forma de financiamiento del cine nacional. El Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) sufrirá recortes, reemplazando el artículo 21 de la Ley N° 17.741 y limitando el financiamiento a solo el 10% del valor de las entradas de cine, eliminando así el 25% fundamental para estimular la producción local.
Otro cambio significativo es que los subsidios para películas no podrán superar el 50% del costo total de producción, y en caso de recibir apoyo financiero, no se podrá solicitar otro subsidio en dos años. Además, se elimina la posibilidad de acceder a créditos blandos a tasa subsidiada, debiendo recurrir a las tasas de mercado.
El proyecto también busca reducir los gastos operativos y de personal, limitándolos al 25% del presupuesto, lo que implica una clara reducción de trabajadores en el INCAA. Además, se eliminan instituciones como la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dejándola sin fondos, y se quita la obligatoriedad de autorización ante el INCAA para la difusión de películas a través de otros medios audiovisuales.
La pérdida de programas educativos especializados, como la ENERC, una de las mejores escuelas de cine de Latinoamérica, podría afectar el relevo generacional y la calidad de las producciones futuras.
Entre las derogaciones, se destaca la eliminación del fomento del INCAA a la producción de cortometrajes, la clasificación de salas y la obligatoriedad de que las películas subsidiadas estén habladas en castellano.
La pérdida de autonomía del INCAA –hasta ahora, un ente autárquico–, afectará la diversidad, calidad y estabilidad de la industria cinematográfica argentina, así como en la protección y promoción de la identidad cultural a través del cine. Es imprescindible que esta condición se preserve, ya que custodia la integridad y la pluralidad en el ámbito cinematográfico, y garantiza que las decisiones se tomen de manera transparente y representativa de la riqueza cultural del país.