El Presidente de la Argentina, Javier Milei, envió al Congreso su primer paquete de leyes para ser tratado en las sesiones extraordinarias. La “Ley Ómnibus” fue bautizada oficialmente “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en referencia a la obra del pensador liberal Juan Bautista Alberdi.
El proyecto de ley confiere al Poder Ejecutivo facultades legislativas al declarar la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social” hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sumado a esto, diversos sectores de la economía y la sociedad argentina se ven perjudicados por reformas profundas o desregulaciones que contempla la normativa. Uno de estos tantos sectores es el sistema previsional: Milei busca suspender la movilidad jubilatoria y transferir al Tesoro Nacional los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para destinarlo al pago de deuda pública.
Al declarar en crisis la estructura previsional y disolver el instrumento de financiación de los haberes jubilatorios, el líder libertario podría estar preparando el terreno para el regreso del sistema jubilatorio privado, las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).
El financiamiento de las jubilaciones, bajo amenaza
El Fondo de Garantía y Sustentabilidad es un fondo financiero creado en el 2007 por el gobierno de Néstor Kirchner, con el objetivo de respaldar al ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y poder sostener el pago de jubilaciones y pensiones frente a eventuales crisis económicas y sociales.
Cuando las AFJP fueron expropiadas por el Estado, todos los fondos que hasta entonces eran privados se trasladaron al FGS en forma de activos financieros. Ahora, el Fondo realiza inversiones en un 73% en títulos públicos, un 10% en acciones de empresas privadas y el resto en proyectos productivos y préstamos a jubilades.
La propuesta de Milei dispone “la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional”, ya que sostiene la necesidad de consolidar en el Estado Nacional “las tenencias de títulos de deuda pública de las entidades del Sector Público”.
De esta forma, el pago de jubilaciones y pensiones será financiado exclusivamente por los recursos de ANSES, aunque esto podría ser arriesgado teniendo en cuenta que el presidente repite que “no hay plata” para financiar el gasto público.
La intención que se puede interpretar de esta medida es la de debilitar el sistema vigente de reparto de las jubilaciones. El mismo está basado en la solidaridad, donde cada trabajador activo aporta para sostener las jubilaciones. Milei manifestó en varias ocasiones su deseo de reemplazarlo por las AFJP.
A diferencia del régimen actual, las AFJP consisten en un sistema de capitalización, donde se aporta un porcentaje del sueldo para la jubilación propia, mientras las empresas cobran una comisión de esos fondos. En los 15 años que funcionaron, las administradoras acumularon más de 12 mil millones de dólares de ganancias.
Adiós a los aumentos automáticos
Otro de los artículos del mega proyecto consiste en la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. De esta forma, le da la potestad al Poder Ejecutivo de fijar los aumentos de manera periódica hasta que se apruebe un nuevo esquema.
La Ley 24.241 del 2008, que fue modificada en el 2020, establece un mecanismo automático de actualización de los haberes previsionales, de acuerdo a la recaudación del ANSES y a la evolución de los salarios.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, esta fórmula representa “una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 40%» en un trimestre” y que con la derogación los aumentos se implementarán “atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos».
Al respecto, el abogado previsionalista Christian González D’Alessandro manifestó que “derogar una ley de Movilidad para decretar por voluntad presidencial el aumento habilita una catarata de juicios” y que además “Antes el aumento era para todos y el bono sí era para los ingresos mínimos. Ahora, el Presidente puede decir que a los ingresos medios y altos, como no hay plata, no se les da nada”.