El recién anunciado protocolo para el «mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», presentado el jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó controversias en diversos sectores. Dirigentes de todas las corrientes políticas, así como organismos de derechos humanos e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresaron su oposición a las medidas que se implementaran.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló la existencia de estándares interamericanos en materia de protesta social que poseen jerarquía constitucional. «Existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está penada por el código penal. El derecho a la protesta pacífica abarca la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga, entre otros», expresó el letrado.
Del mismo modo, hubo algunas personas expresaron su apoyo a la ministra y celebraron las nuevas medidas a través de las redes sociales.
Voces en contra
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura se pronunciaron de manera unánime en contra del nuevo protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación tras su promulgación.
Acompañaron la proclama con una serie de puntos que detallan:
- El derecho a la protesta surge de la Constitución Nacional (art. 14) y los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado la República Argentina, de jerarquía constitucional.
- El protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad desconoce este derecho, avanzando sobre facultades de los poderes Legislativo y Judicial, al definir el alcance del tipo penal previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación y autorizar la detención de personas sin orden judicial.
- También avanza sobre las competencias de las autoridades provinciales, desnaturalizando las condiciones fijadas en la Ley de Seguridad Interior para la intervención de fuerzas de seguridad federales en sus territorios.
- La interrupción del tránsito de vehículos o peatones o de las actividades diarias es un medio necesario para ejercer el derecho a la protesta y no habilita el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos. Sólo puede recurrirse al uso de la fuerza con carácter excepcional, como medida de último recurso, ante hechos de violencia o cuando peligre la integridad personal de quienes se manifiestan o de terceras personas.
- Desde el fin preventivo que guía el trabajo de las instituciones firmantes, corresponde resaltar que cualquier directiva a las fuerzas de seguridad que intervienen en situaciones de protesta social debe prohibir taxativamente la portación de armas letales y munición de plomo por parte de los funcionarios que pudieran entrar en contacto con los manifestantes, así como el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes por sus efectos indiscriminados. Este protocolo no prevé tales prohibiciones y vulnera los límites que surgen del derecho internacional de los derechos humanos y nuestra Constitución Nacional.
- En el mismo sentido, las diversas disposiciones del Protocolo sobre identificación y registro de manifestantes y organizaciones colisionan con las prohibiciones establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional.
- Por todo ello, en el marco de nuestras competencias institucionales, instamos al Ministerio de Seguridad de la Nación a rever el Protocolo referido y ratificamos nuestra plena disposición a trabajar con las autoridades competentes en la adopción de directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos. A tal efecto, hemos solicitado una reunión con la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación.
Por otro lado, la ONU se manifestó a través de su Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, quien expresó su preocupación por la iniciativa del gobierno de Javier Milei, ya que considera que «criminaliza la protesta pacífica y otorga un poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza».
El representante expresó en la red social X (antes conocida como Twitter) que está al tanto de la situación y le llegan periódicamente informes preocupantes sobre los anuncios. “Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», afirmó Clément Nyaletsossi Voule.
El relator compartió también el texto oficial que aborda las propuestas en materia de seguridad y añadió que «las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica».
No fue la única voz internacional en criticar las nuevas medidas: el viernes había llegado otra crítica internacional de la mano de Jon Favreau, el redactor en jefe de los discursos de Barack Obama.
Dentro de la cartera de políticos argentinos, Gabriel Solano, Myriam Bregman y Victoria Donda, entre otros, expresaron su preocupación en las redes sociales. Bregman fue hace pocos días blanco de amenazas por parte de José Luis Espert, quien la citó en Twitter con una frase contundente: “Cárcel o bala”.
El apoyo
Entre las repercusiones hubo algunas voces que salieron a manifestar el apoyo que brindan a la ministra y a su plan ideal para “mantener el orden”.
Iñaki Gutiérrez, asesor digital de Javier Milei, Manuel Adorni, quien se desempeña como vocero presidencial, así como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, gobernadores de Mendoza y Chaco, respectivamente, se mostraron a favor del “protocolo anti-piquete”.
«Estamos orgullosos», fue el mensaje unánime. Carolina Píparo, diputada nacional, expresó en sus redes un duro mensaje contra las organizaciones sociales. «Las organizaciones sociales no pueden seguir vulnerando el derecho a circular y nadie más puede obligar a las personas a cometer un delito bajo la amenaza de perder un plan social. Apoyo total al protocolo de Patricia Bullrich. Es con decisión política», afirmó.