A 40 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, se publicaron archivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), los cuales revelan que espías norteamericanos siguieron de cerca la postura del presidente argentino sobre el juzgamiento de ex militares por crímenes de la dictadura.
La información, que proviene de una serie de archivos de la Casa Blanca, fue desclasificada por pedido de los organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo fueron los primeros en publicar online los documentos.
En los archivos puede leerse que la CIA norteamericana hizo un minucioso seguimiento de Alfonsín, quien buscó juzgar a las Fuerzas Armadas que eran señaladas como principales responsables de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar.
Entre las 129 comunicaciones recopiladas que forman parte de estos documentos, también hay información sobre las reuniones que mantuvieron, por aquellos años, ministros del gobierno de Alfonsín y militares. En ese sentido, el Departamento de Estado de la CIA señalaba la incertidumbre que se vivía en aquel convulso 1983, entre la dictadura y la democracia.
Inestabilidad política en países claves
Incluso antes de asumir como presidente, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) fue un sujeto de interés para el organismo norteamericano. Lo caracterizaban como un hombre con “profundos ideales democráticos”, pero asumían que no era dogmático ni inflexible.
“Se identificó con el movimiento de derechos humanos mucho antes de que se volviera popular o seguro”, puede leerse en el Informe.
Fue a partir de este interés que comenzaron a analizar la agenda de derechos humanos que el líder de la UCR tenía en cuenta. La agencia ya sostenía que el presidente se comprometería con los temas de la materia, habilitando e incentivando a investigar, lo que era un punto muy sensible para los militares.
“No prevemos ninguna amenaza seria de intervención militar durante el primer año de Alfonsín en el gobierno, pero la reaparición de importantes tensiones sociales podría tentar a los líderes militares”, advertía una de las comunicaciones.
El motivo, decían, era que el electo presidente podría sacar ventaja de su fortaleza y legitimidad, ganada frente al Partido Justicialista (PJ), para recuperar el control civil y hacer recortes en el campo de los gastos militares, ya que por entonces la imagen de las FF.AA estaban debilitadas, después de la derrota en la Guerra de Malvinas.
El reporte, publicado en diciembre de 1983, se tituló “Indicaciones de inestabilidad política en países clave”, y en ese marco, la Argentina entraba de lleno en el concepto de inestabilidad, debido a los resabios de siete años de dictadura.
Los estadounidenses no se equivocaron, en los primeros seis meses de presidencia, el radical se movió velozmente e impulsó la derogación de la Ley de autoamnistía, firmó los decretos que impulsaban el juzgamiento de los militares y ordenó crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuya fundación se concretó el 15 de diciembre de 1983 y a partir de la que se conformaría una comisión destinada a investigar los hechos.
Las reuniones
Para el organismo de inteligencia, Alfonsín tenía pensada una investigación amplia sin la necesidad de llevar a los tribunales a un número alto de acusados. Los tribunales civiles ya comenzaban a investigar por su cuenta los centros clandestinos de detención y eso ponía en jaque la estrategia de juzgar sólo a los integrantes de las tres primeras Juntas, como únicos responsables.
En enero de 1984, la CIA dio a conocer un nuevo informe donde se advertía acerca de la cautela con la que el gobierno radical procedía con respecto a la investigación.
En dicho reporte se mencionan las tensiones que existían entre Raúl Borrás, el ministro de Defensa, y el ministro de Educación y Justicia, Carlos Alconada Aramburú, por un lado, y por el otro el sector más progresista del radicalismo en lo que era referente al juzgamiento.
Además, se documentaron reuniones entre Borrás y Horacio Jaunarena, secretario de Defensa de Alfonsín, y Enrique del Pino, jefe de inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército.
Este último tenía un objetivo concreto: no quería que las investigaciones judiciales llegaran hasta la oficialidad que había actuado en la represión. Luciana Bertoia, periodista de Página 12, sostuvo que Del Pino pudo haber sido informante de la CIA, debido al nivel de información con el que contaba y por ser parte de la inteligencia. Luego, el jefe de inteligencia fue juzgado y condenado a prisión perpetua.
La lectura de los archivos
Durante los primeros meses del mandato de Alfonsín, la CIA tenía un profundo interés en la cuestión. En el 2016, cuando se cumplieron los 40 años del golpe de Estado, quien fuera presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una visita en la Argentina de la mano de la desclasificación de nuevos documentos, y dichas entregas se realizaron entre 2016 y 2019.
Los archivos de inteligencia son legajos de información acumulada por los Estados, vinculadas a los planes represivos. Durante los últimos 40 años, la desclasificación fue un reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos, como una manera de aportar material que puede ser indispensable en la reconstrucción de la memoria y la verdad para las investigaciones judiciales que aún están en curso.
En el 2000, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en conjunto con el CELS, se reunieron con la entonces secretaria de Departamento de Estado, Madeleine Albright, y le pidieron que Washington abriera los archivos. De este modo, la primera tanda se liberó en el 2002 y sirvió para identificar agentes que trabajaban en la estructura de inteligencia.
Los archivos, que llegaron en 2019, fueron analizados por los organismos correspondientes, junto a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”.
Esta semana, en el marco de un nuevo aniversario de la restitución de la democracia, las instituciones dieron acceso a las comunicaciones que muestran la forma en la que Estados Unidos indagaba sobre el restablecimiento del orden democrático en nuestro país.