Las distintas organizaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que integran la Interbarrial Buenos Aires se declararon en estado de emergencia urbanística ambiental y exigen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suspensión inmediata de otorgamiento de permisos de demolición. También de certificados urbanísticos y el otorgamiento de permisos de obra nueva de más de 100m2 para construir edificios, hasta revisar la norma vigente, incluyendo la opinión vinculante de sus habitantes.
A la vez, denuncian las consecuencias de “la aplicación del Código Urbanístico (CUR), votado por la Legislatura porteña en 2018”. Entre algunos de los perjuicios que señalan se puntualiza el aumento exponencial del volumen constructivo y las alturas.
Sumado a estos motivos, explican que la proliferación desenfrenada de demoliciones y construcciones daña viviendas y afecta la identidad de los barrios y la calidad de vida de vecinos y vecinas.
Además, se agregan a la lista “la ausencia de regulación estatal, que deriva en la saturación de servicios públicos”, como las cloacas, la electricidad, el gas, los estacionamientos, establecimientos educativos, etc. Se añaden, también, “el estallido de la explotación comercial” y el “incumplimiento y falta de actualización del Plan Urbano Ambiental”.
Por otro lado, en relación al medio ambiente, se denuncia el avance sobre los espacios verdes, la destrucción y la pérdida del arbolado que “disminuyen la ya insuficiente relación de m2 verdes por habitante”.
Nota al Pie consultó a Julieta Aure, integrante de Amparo Ambiental Chacarita y de la Red Interbarrial, respecto de la posibilidad de revertir la tendencia constructivista que atraviesa la ciudad.
Una construcción desenfrenada
“Nosotros lo que podemos decir es que estamos tratando de volcarnos a todas las instancias que corresponden hacia el Ejecutivo, hacia la Secretaría de Desarrollo Urbano”, continuó Aure.
En este sentido, destacó: “De ninguna manera pueden decir que no nos hemos estado enfocando en plantear las cosas como corresponden”.
“No es solamente una cuestión que nos molesta a los vecinos o que es una percepción urbana la que tenemos, como les gusta denominar al gobierno (GCBA). Ellos dicen que tenemos una percepción de que la ciudad está cambiando, que se está construyendo más”, completó la integrante de Amparo Ambiental Chacarita.
Chacarita: un caso paradigmático
Les vecines de Chacarita engrosan la lista de barrios que rechazan el avance inmobiliario facilitado por la aprobación del nuevo Código Urbanístico del 2018. Las organizaciones sostienen que el CUR aumentó los límites de las alturas de edificación en diversos polígonos, provocando una situación de “construcción desenfrenada”.
Aquella modificación elevó las alturas máximas, eliminó el Factor De Ocupación Total (FOT), permitió construir edificios en las esquinas, adelantó la línea de frente y redujo los pulmones de manzana. “Esto trajo como consecuencia el aumento de la capacidad constructiva”, desarrolló Aure.
“En algunas áreas de la Ciudad llega a cuadruplicarse la capacidad constructiva y, en paralelo a eso, se siguen otorgando excepciones que autorizan a construir más allá de lo que permite el mismo código”, afirmó la representante de les vecines.
La integrante de Amparo aseguró que en el caso de Chacarita, un barrio mayormente residencial y de casas bajas, las consecuencias de los cambios introducidos por este nuevo código “están teniendo un fuerte impacto en la morfología del barrio. Se pasó de una altura máxima de 3 a 7 pisos en las calles internas”.
Un nuevo proyecto de ley
En sintonía con otras iniciativas, como las de Belgrano, Núñez, Villa del Parque, Villa Ortúzar o Palermo, Amparo Ambiental también presentó un proyecto de ley en la Legislatura con el objetivo de limitar las alturas de edificación permitidas por la nueva normativa urbana.
“Nosotros trabajamos desde nuestro proyecto de ley hasta la redacción del pedido de suspensión de permisos de obra con todos los datos de las áreas, los polígonos de delimitación de cada barrio y las consecuencias que esto ha traído desde la post pandemia hasta acá”, aclaró Aure respecto de esta iniciativa.
Dentro de este aspecto, la referente vecinal explicó: “Presentamos en el mes de abril de este año un proyecto de ley ante la Legislatura para que se vuelva a los parámetros constructivos anteriores al año 2018, que fue cuando se sancionó el actual Código”.
La pregunta por la futura gestión política
Por lo cual, Julieta Aure aclaró que de ahora en más va a depender del Gobierno de la Ciudad si se “acciona o no”, se “escucha o no” y que va a depender de la voluntad de las autoridades que se interprete el reclamo.
“La lucha va a continuar, la expectativa es qué va a pasar el año que viene con el Gobierno de la Ciudad”, redondeó la referente vecinal. Por medio de un comunicado de prensa, la organización informó que distintos barrios mantuvieron reuniones con legisladores y precandidates de todas las fuerzas políticas.
A su vez, convocaron a funcionaries porteñes para exponer propuestas y pedir respuestas a los reclamos planteados.
“Los desarrollos inmobiliarios actuales no resuelven la crisis habitacional, sino que aumentan la cantidad de unidades ociosas. Se fomentan explícitamente alquileres temporarios, blanqueo de capitales y renta en dólares, sin políticas reales de acceso a la vivienda. De esta forma, la especulación financiera inmobiliaria avanza de acuerdo a intereses unilaterales”, reclaman desde la Red Interbarrial Buenos Aires.