Este domingo, 13 de agosto, tendrán lugar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023. En medio de una atmósfera cargada de expectativas, es esencial comprender la amplitud y diversidad de les votantes que participan en este crucial proceso electoral.
Con un total de 35.394.425 ciudadanes habilitades en todo el territorio nacional y la disposición de 104.577 mesas de votación, el panorama electoral se enriquece con reveladores números y datos de suma importancia. Más allá de ser meramente estadístico, resulta relevante resaltar que entre los votantes inscritos en el padrón, las mujeres, un total de 18.207.762, superan en número a los 17.606.722 hombres, consolidando así su influencia en la toma de decisiones de la nación.
El surgimiento del feminismo
Sin embargo, las mujeres en nuestro país no siempre tuvieron esa influencia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los países occidentales experimentaron cambios profundos como resultado del avance de la Segunda Revolución Industrial, el desarrollo científico, el surgimiento de la burguesía y la consolidación del proletariado industrial. Estos cambios generaron un impacto significativo en todos los aspectos de la sociedad.
En el ámbito intelectual, surgieron teorías sociales como el marxismo, que abordaban cuestiones como la emancipación del proletariado y la noción de la inferioridad de ciertas razas. Conjuntamente, prevalecían conceptos arraigados que categorizaban a las mujeres como seres débiles e inferiores, confinándolas a roles de maternidad y apoyo conyugal, conceptos atribuidos a la “naturaleza femenina”. Este vínculo entre la mujer y la naturaleza, y el hombre con la cultura, llevó a la asignación de roles y espacios diferenciados, donde el hogar se concebía como el ámbito privado de las mujeres, mientras que lo público se consideraba masculino.
Este contexto de patriarcado y masculinidad hegemónica defendía la preservación del orden establecido. Sin embargo, a finales del siglo XIX, como reacción a esta desigualdad y opresión, surgieron movimientos feministas que buscaban la igualdad de derechos en áreas como propiedad, capacidad legal, derechos conyugales y participación política. El movimiento sufragista tuvo un papel especialmente destacado en estas demandas. Estas corrientes feministas también se expandieron hacia Argentina a principios del siglo XX.
En 1869, se promulgó en nuestro país el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, que estableció límites legales para las mujeres, especialmente las casadas. Estas normas relegaron a las mujeres casadas a una posición subordinada a sus esposos, limitando sus actividades y derechos, lo que perpetuó estereotipos de género y roles tradicionales.
Las mujeres de clases populares enfrentaron obstáculos adicionales, ya que muchas tuvieron que trabajar para sostener a sus familias. Sin embargo, su trabajo a menudo estaba subvalorado, y se les asignaban tareas de baja calificación, resultando en salarios inferiores en comparación con los hombres.
Los primeros pasos feministas en Argentina
En el inicio del siglo XX, Argentina vivió un auge económico impulsado por la producción agrícola-ganadera y la atracción de oportunidades laborales, lo que atrajo una ola masiva de inmigrantes europeos. Estos trajeron consigo ideologías como el anarquismo y el socialismo, que también abogaban por los derechos de las mujeres. Tanto el anarquismo como el socialismo dieron voz a las mujeres, quienes lucharon contra la opresión doméstica y la desigualdad en el mercado laboral.
En esta coyuntura, mujeres destacadas emergieron como líderes en este proceso. En 1902, se estableció el primer Centro Socialista Femenino en Argentina, donde se distinguieron figuras como Fenia, Adela y Mariana Chertkoff. Estas mujeres, originarias de Rusia, contrajeron matrimonio con influyentes miembros del partido socialista argentino y lucharon incansablemente por los derechos de las mujeres. Alicia Moreau de Justo, una destacada personalidad, fundó en 1919 el Comité Pro Derecho al Sufragio Femenino y desempeñó un papel fundamental en la formación de la Unión Feminista Nacional. Otra figura importante, Julieta Lanteri, bregó por la obtención de la ciudadanía y logró ejercer su voto en las elecciones municipales de Buenos Aires en 1911.
En 1924, Juan B. Justo y Mario Bravo llevaron adelante la propuesta conocida como Derechos Civiles de la Mujer Casada, Soltera o Viuda, la cual obtuvo la aprobación en el Senado. En 1926, esta iniciativa fue retomada en la Cámara de Diputados, culminando en la promulgación de la Ley 11.357, un hito significativo en lo que respecta a los derechos de las mujeres.
Estos acontecimientos tuvieron lugar durante las administraciones radicales de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, en un contexto internacional de posguerra que trajo consigo transformaciones profundas en los derechos femeninos. Durante la guerra, las mujeres desempeñaron funciones clave en el ámbito laboral y el movimiento sufragista cobró fuerza en numerosos países de Europa y Estados Unidos. Esta coyuntura también dejó su huella en Argentina, donde se presentaron diversas propuestas en favor del sufragio femenino.
A pesar de estos avances, algunos sectores conservadores se mostraron reacios a otorgar iguales derechos políticos a las mujeres. Sin embargo, la lucha continuó, y la provincia de San Juan se convirtió en pionera al otorgar el derecho al voto a las mujeres en 1928. A pesar de ciertas limitaciones, este avance marcó un hito importante.
La conquista de un derecho fundamental: el voto femenino se hace realidad
Un momento histórico de gran relevancia tuvo lugar el 11 de noviembre de 1951 en Argentina, que marcó un hito nacional al permitir a las mujeres argentinas ejercer su derecho al voto y participar como candidatas en las elecciones. Este logro, resultado de una larga y ardua lucha, contó con el impulso clave del gobierno peronista bajo el liderazgo indiscutible de Eva Perón. La gesta había sido iniciada por el movimiento feminista después de la promulgación de la Ley Sáenz Peña en 1912, que estableció el sufragio secreto y obligatorio exclusivamente para los hombres mayores de 18 años.
La inclusión del voto femenino constituía un pilar esencial en la plataforma electoral de Juan Domingo Perón y también estaba en sintonía con debates a nivel internacional. En 1945, Argentina había respaldado las Actas de Chapultepec, un acuerdo de solidaridad mutua entre naciones americanas que abogaba por otorgar el sufragio a las mujeres. Sin embargo, la situación crítica en Europa tras la Segunda Guerra Mundial limitó la visibilidad de la agenda feminista en todo el mundo. Argentina asumió un papel de liderazgo en este campo, resaltando que su ley de sufragio no conllevaba restricciones censitarias como otras legislaciones similares aprobadas en diferentes lugares.
A pesar de que la promulgación de la Ley 13.010 fue realizada en 1947, fue recién en 1951 cuando las mujeres pudieron finalmente ejercer su derecho al voto en Argentina. Sin embargo, permitir el sufragio femenino implicó la necesidad de reajustar los procedimientos administrativos estatales relacionados con la identificación de las personas, dado que en Argentina la identidad había estado históricamente vinculada al registro militar desde el siglo XIX.
Basándose en el censo de 1947, se determinó la cantidad de mujeres a las cuales se debía proporcionar primero su certificado de nacimiento y la libreta cívica. Este proceso resultó ser complejo y delicado, especialmente considerando que en paralelo se estaba debatiendo y ampliando también los derechos políticos de les habitantes de los territorios nacionales, que no habían tenido la posibilidad de votar y que finalmente lo lograron en 1951.
A lo largo de un período de cuatro años, tuvo lugar un proceso en el cual las delegadas censistas desempeñaron un rol de vital importancia en representación del Partido Peronista Femenino en todas las provincias del país. Inicialmente, su tarea consistía en rastrear la ubicación e identidad de las mujeres registradas. Sin embargo, su labor incansable trascendió este propósito, convirtiéndose en un factor fundamental para impulsar un movimiento popular de mujeres sumamente dinámico, participativo y comprometido en abordar de manera efectiva las necesidades apremiantes de las comunidades.
Esta campaña demostró ser un rotundo éxito en términos numéricos: las mujeres acudieron en masa a las urnas. En las elecciones, el padrón electoral incluía a 8.623.646 electores, entre ellos 4.222.467 mujeres. De ese total, un impresionante 90,32% ejerció su derecho al voto y más de la mitad de ellas optó por respaldar al peronismo. El resto de las electoras, que sumaban 1.375.096, optaron por otras fuerzas políticas, que en total sumaban ocho candidaturas diferentes.
Ley de Cupo Femenino en Argentina y presencia en las listas de partidos políticos
Además del hito histórico de la sanción del voto femenino en 1951, Argentina también ha logrado avances significativos en la inclusión y representación de las mujeres en la esfera política. La Ley de Cupo Femenino, promulgada en 1991, fue un paso crucial en este sentido. Esta ley estableció que al menos un tercio de las listas de candidates y cargos electivos debían estar ocupados por mujeres, asegurando así una mayor participación y representación política de las mujeres en los procesos electorales.
La implementación de la Ley de Cupo Femenino ha tenido un impacto notable en la composición de las listas de los partidos políticos. Las mujeres han ocupado posiciones destacadas en las listas y han accedido a cargos tanto a nivel legislativo como ejecutivo. Este cambio permitió que las voces y perspectivas femeninas sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones políticas y en la formulación de políticas públicas.
La presencia femenina en las listas de partidos políticos no solo ha enriquecido el debate público, sino que también contribuye a abordar cuestiones de género y promover la equidad en diversos ámbitos. Las mujeres políticas han impulsado agendas relacionadas con la igualdad de género, la violencia contra las mujeres, la salud reproductiva y otros temas relevantes para la sociedad.
Es importante destacar que, si bien la Ley de Cupo Femenino fue un avance significativo, todavía persisten desafíos en cuanto a la igualdad de género y la participación plena de las mujeres en la política. Aunque se han logrado avances en términos de cantidad, es necesario seguir trabajando para garantizar una representación equitativa y una participación efectiva de las mujeres en todos los niveles de gobierno y en todas las áreas de la vida política.