El decreto 392/2023, publicado en el Boletín Oficial y que regula la importación de residuos valorizados, representa un avance en el reconocimiento del trabajo realizado por el sector cartonero. Hasta ahora, en Argentina se podían importar todo tipo de residuos valorizados para ser utilizados en las industrias. Se realizaba sin considerar que los mismos ya son generados en todo el territorio, y son recuperados gracias a la labor de cientos de cooperativas.
Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), celebran la medida dispuesta por el Gobierno nacional. A través de un comunicado, sostuvieron: “Los residuos podrán importarse, pero bajo un riguroso control, sin avivadas y velando por el cuidado del ambiente y la industria nacional”. “Este decreto permite que sólo cuando falte material reciclable dentro del país pueda importarse”, explicaron.
“Hoy, ese material sobra: está en todos los basurales del país, y en todas las cooperativas donde nosotros y nosotras, cartoneros y cartoneras, trabajamos de lunes a lunes”, agregaron. Las importaciones de estos residuos valorizados se abrieron de una forma indiscriminada durante el gobierno de Mauricio Macri. Es así que no sólo se produjo una salida de dólares del país, sino que no favoreció al trabajo de les cartoneres.
A partir de este decreto, se regula la importación de residuos mediante una serie de controles y registro de stock nacional en tiempo real. Por lo tanto, antes de autorizar la importación debe consultarse si ese material está disponible en el país. Abarca diferentes residuos no peligrosos como cartón, papel y plástico, entre otros.
Nota al Pie conversó sobre la importancia del decreto con el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky.
Fin a la importación desmedida de residuos valorizados
“Cuando comenzamos nuestra gestión, derogamos el Decreto 591 que promulgó el gobierno de Mauricio Macri porque hacía mucho más laxos los criterios por los cuales ingresaban residuos para ser utilizados como insumos industriales”, explicó el viceministro. Esa laxitud estaba asociada a la posibilidad de que residuos peligrosos pudieran ser parte de esa importación de residuos convencionales para ser usados como insumos. Cabe destacar que el tránsito internacional está restringido y prohibido en muchos de sus rubros.
Federovisky señaló que con la derogación quedó vigente la única normativa que existía desde hace unos 30 años. Respecto a la misma, comentó que es correcta desde el punto de vista conceptual; sin embargo, “está desactualizada para lo que son los parámetros actuales y las demandas de residuos utilizados para insumos industriales que hoy existen en el mercado”.
Por lo tanto, sostuvo que el decreto que se promulgó en estos días “pretende avanzar hacia la idea de que la importación de residuos debe ser progresivamente desalentada”. “Esto con el fin de permitir la utilización de residuos como insumos industriales generados dentro del país”, destacó.
A su vez, manifestó que el gobierno macrista “promovía una especie de economía circular de terceros países”. En esa línea, agregó: “Favoreció de manera rotunda la posibilidad de importación por sobre la utilización de los residuos recolectados localmente”. “Por eso nosotros impusimos en este nuevo decreto la existencia de un registro en el cual, entre otros, va a participar el INTI”, comentó el viceministro.
Este registro permitirá tener una lectura actualizada de cuáles son las corrientes de residuos existentes en la Argentina. También cuál es la disponibilidad de ellos, “de tal manera que toda importación de residuos debe previamente ser sometida a un escrutinio respecto de si esa importación es verdaderamente necesaria o ese producto puede encontrarse dentro del país”.
Revalorización del trabajo de recicladores y cartoneres
El viceministro afirmó que “más que un decreto de regulación y control de las importación de residuos valorizados, apunta a la promoción de la economía circular a escala local”. Además, indicó que “siempre que haya un intento y una pretensión de importación, tiene que haber previamente una certeza de que ese material no puede encontrarse localmente”. “En cambio, el decreto anterior establecía una suerte de competencia desleal respecto de las cooperativas y quienes recolectan y comercializan residuos localmente”, sostuvo.
En tanto, FACCyR indicó que “esta medida es un paso en la integración de la economía popular con la economía formal”. En esa línea, la federación aseguró que “es reconocer en nuestro sector la capacidad organizativa y productiva para dar respuesta a la industria nacional. “Esta será una herramienta de gran utilidad, que nos permitirá mejorar los términos de comercialización y nuestros ingresos”, concluyó.