El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no da el brazo a torcer, sino que continúa sus acciones contra las pandillas de aquel país. Este martes anunció que impuso un cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas, a tan solo una hora y media de la capital salvadoreña.
El presidente precisó que el Estado envió a Cabañas siete mil soldados y mil policías para llevar a cabo la operación. Si bien el Gobierno ya había cercado ciudades, es la primera vez que lo hace en un departamento entero.
«Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas», escribió Bukele en Twitter, ahora llamado X.
El departamento de Cabañas cuenta con 150.000 habitantes y es uno de los más pequeños de El Salvador (aproximadamente 1.100 kilómetros cuadrados). Es una región agrícola que cuenta con cultivos de café y caña de azúcar.
«Producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse», afirmó el mandatario.
El 12 de julio el Congreso de El Salvador había prorrogado nuevamente un régimen de excepción para facilitar esa campaña represiva que ya dejó más de 71.000 presuntos pandilleros detenidos.
¿Y los derechos humanos?
La detención de miles de personas bajo dudosas condiciones y las decisiones tomadas por Bukele son motivo de constantes acusaciones por abusos policiales de parte de la oposición y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Para poner en contexto, en respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, el mandatario salvadoreño lanzó en marzo de 2022 su «Guerra” contra las pandillas, al amparo de un régimen de excepción aprobado por el Congreso, pero cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
“Esta medida, presuntamente promulgada para combatir la violencia de las bandas, ha suspendido derechos básicos y ha provocado la detención injusta y sin el debido proceso de más de 70.000 personas”, señalaron desde Amnistía Internacional.
De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.
También cuestionaron que el hostigamiento y la estigmatización se convirtieron en moneda corriente para las personas que defienden los derechos humanos y profesionales del periodismo que se atreven a denunciar.
“Amnistía Internacional ha documentado la muerte de al menos 150 personas bajo custodia del Estado y casos de tortura, incluso de menores de edad. El derecho a la libertad de expresión y de prensa está también gravemente amenazado, y hay periodistas que se marchan del país o que se autocensuran”, expresó el comunicado.
Por ejemplo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresó su preocupación por la libertad de expresión cercada por medidas impuestas por el Estado. La última reforma ordena sancionar de 10 a 15 años de prisión a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita “mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por pandillas”. Desde Apes la calificaron como una mordaza.
Cifras alarmantes del régimen de Bukele
El ministro Gustavo Villatoro detalló en una conferencia este lunes la cantidad de capturas hasta el momento: “Tenemos a la fecha, y luego de un año de implementación del régimen, 71.776 capturas”.
En el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros, hay 12.500 detenidos, todos miembros de pandillas, según el ministro. Cabe destacar que la medida tomada en marzo de 2022 suspende varias garantías constitucionales.
La gigantesca prisión fue creada en tiempo récord en una aislada zona rural cerca del volcán Chichontepec, a 74 kilómetros de San Salvador. El Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas.
De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.