En las últimas horas se conocieron nuevas precisiones sobre las propuestas de campaña de la precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. La ex ministra de Trabajo de La Alianza insiste en llevar a cabo una reforma para flexibilizar las condiciones laborales.
Así lo confirmó uno de sus asesores, Dante Sica, quien encabezó el Ministerio de Producción durante la gestión de Mauricio Macri. En una entrevista radial, explicó que la idea de Bullrich es suspender la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para promover su modificación (o permitir su anulación).
Esta medida podría ser una amenaza para los derechos adquiridos de les trabajadores de Argentina, ya que eliminar la ultraactividad implicaría la obligatoriedad de elegir entre modificar los CCT o perder los derechos allí contemplados.
Sin embargo, Bullrich no es el único perfil político que defiende este tipo de iniciativas. El otro precandidato a presidente de su espacio, Horacio Rodríguez Larreta, y el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, proponen ideas similares para disminuir los costos de empleo en perjuicio de les empleades.
Además, este tipo de propuestas no son novedad en el país porque recuerdan a las experiencias de reformas laborales de 1976, 1991 y 2000. Cabe mencionar que las mismas precedieron a importantes crisis económicas, políticas y sociales.
La reforma laboral, un eje de la campaña
El espacio de Patricia Bullrich reitera la iniciativa de suspender el concepto de ultraactividad, establecido por el artículo 6 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. Esta disposición implica que un CCT mantiene su vigencia hasta que sea reemplazado por otro.
Con el objetivo de “modernizar” los CCT, su asesor propone eliminar la ultraactividad para hacer obligatoria la renovación de los convenios cada determinado plazo de tiempo y, si no se cumple, anular su vigencia.
Sin los CCT, les trabajadores pierden los derechos adicionales que fueron acordados. De este modo, se regresaría a la aplicación del piso de derechos establecidos por la legislación general del trabajo. Algunos beneficios que se caerían son los adicionales salariales (por antigüedad, título académico, etc) y las vacaciones o licencias por encima de dicha normativa.
Para lograrlo, Sica plantea un “rush” (punto de partida) de las negociaciones colectivas. En esa línea ejemplificó: “España lo hizo rápidamente y modernizó todos los convenios colectivos de trabajo”. “Eso se puede hacer por ley y después se ponen en marcha las discusiones por actividad. Se dará un tiempo para que se renueven todos los contratos. Si no, se buscará la forma desde el Ministerio de Trabajo”, detalló el asesor.
En el 2021, el gobierno español otorgó un plazo de un año para reestablecer todos los CCT. Durante las negociaciones, el sector privado logró imponer las condiciones laborales. Como consecuencia, comenzó un periodo de aceleración de la desocupación y precarización del trabajo.
Durante su exposición en el evento AmCham Summit, Bullrich declaró que “la indemnización hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas” y sostuvo la necesidad de aplicar “cambios fuertes”.
Las propuestas de otres candidates
Como parte de su programa de gobierno, Larreta presentó la propuesta de crear un “puente al trabajo formal” extendiendo el período de prueba de 3 a 6 meses para “eliminar las barreras de ingreso al trabajo estable”.
No obstante, esta política promueve la creación de puestos de trabajo de contratación temporal sin derecho a indemnización. Para el caso de les trabajadores de empresas digitales, propone seguir respetando su “autonomía”.
En el caso de Javier Milei, su programa de reducción del Estado contempla una política de “modernización laboral”, en el cual las indemnizaciones sean reemplazadas por un esquema de seguros por despido.
Las propuestas de estos tres candidates se alinean con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de ejecutar una reforma de las condiciones laborales, que termina cercenando los derechos de les trabajadores y afecta de forma negativa el nivel y la calidad de los empleos.