En el marco del octavo aniversario del derrame de cianuro en la Mina Veladero, este lunes 31 de julio la Asamblea Jáchal No se Toca presentó un petitorio en los tribunales de Comodoro Py. El documento está firmado por 71 mil ciudadanes de todo el mundo y busca exigir justicia por lo sucedido en 2015.
A raíz de esto, se reclama el inicio de un juicio oral y público para investigar lo ocurrido entre el 12 y 13 de septiembre de 2015. Si bien los datos oficiales hablan de un derrame de 1.072.000 litros de solución cianurada en San Juan, desde la asamblea sostienen que la cifra puede ser superior.
De esta forma, a las 18, luego de haber entregado las firmas en Comodoro Py y al Ministerio de Ambiente, se dará un cierre a la jornada de lucha. Les manifestantes concentrarán en el Museo del Hambre (Avenida San Juan 2491, CABA) donde proyectarán el corto El Nacimiento del Agua. Además, se realizará un conversatorio con integrantes de la Asamblea Jáchal No se Toca.
San Juan vive las consecuencias del modelo extractivista
Desde la asamblea manifiestan que la provincia sufre las consecuencias del modelo de extracción que arrasa con ríos y territorios. En ese marco, la actuación de la mina Veladero, de la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, incumple leyes nacionales.
El hecho de haber sido responsable del derrame de cianuro y mercurio en el río en varias oportunidades, siendo la de 2015 el peor desastre ambiental, va en contra de la Ley de Glaciares (N°26.639). Sin embargo, no es la única normativa que prohíbe la contaminación de litros y litros de agua potable.
También viola la ley de Medio Ambiente (N°25.675) al impedir la correcta preservación de la biodiversidad en sus alrededores; y va en contra de la Ley de Residuos Peligrosos (N°24.051), ya que acumula mercurio y pone en riesgo a la población que vive a 300 kilómetros río abajo de Veladero.
Según consta en el expediente judicial, entre el 12 y 13 de septiembre de 2015 “se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación), lo que ocasionó el derrame de un millón setenta y dos mililitros de solución cianurada (…) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal”.
Luego, se comprobó que el derrame liberó cianuro, mercurio y metales pesados en las cuencas locales, lo que generó la contaminación de al menos cinco ríos.
Cabe mencionar que Barrick Gold no es la única que saquea los recursos de la cordillera. Otros proyectos como Josemaría, con la minería de cobre, también causan daño ambiental y social. Como sostiene la Asamblea, causan impacto en las napas subterráneas por su cercanía, ya que está a menos de un metro de profundidad. Sin embargo, también la presencia de un dique colosal pone en riesgo a toda la región.
Luz verde al modelo extractivista
Desde la Asamblea reclaman la ausencia de consecuencias legales para les responsables. En mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dividió la competencia. De esta forma, definió que la Justicia de San Juan debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la Federal sería la encargada de investigar la actuación de los funcionarios nacionales.
En tanto, en 2018 el juez federal Sebastián Casanello dispuso elevar a juicio oral al exsecretario de Ambiente, Sergio Lorusso, a la ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, Beatriz Domingorena, y al secretario de Minería, Jorge Mayoral, por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
A su vez, en junio de 2018 Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente. Entre los responsables están el actual intendente de Berazategui, Juan José Mussi, Omar Judis y Ricardo Villaba, ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En un panorama ideal, los acusados serán juzgados por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares, en una causa desprendida de la del derrame.
Cabe destacar que, en esta causa, la Justicia Federal aceptó a la asamblea de Jáchal como querellante. Es así que se contrató un perito internacional que constató los daños. Sin embargo, transcurridos más de cinco años de esas elevaciones, no hay fecha de inicio del juicio oral y público contra estos funcionarios.
En este marco, Jáchal No se Toca denunció que la comunidad ha sufrido cuatro derrames más durante estos ocho años.