La reciente insurrección del Grupo Wagner en Rusia, que durante 24 horas elevó al máximo la tensión en el gigante euroasiático, puso el foco en uno de los temas más preocupantes de la actualidad: la participación cada vez más frecuente de Compañías Militares Privadas (CMP) en distintos frentes o conflictos. Más allá de los mercenarios rusos, existen numerosos e importantes grupos paramilitares en el mundo que son contratados tanto por gobiernos como por grandes empresas, cumpliendo un rol más que relevante en la seguridad internacional.
Luego del fin de la Guerra Fría, con la consolidación del sistema neoliberal, el sector privado comenzó a ocupar funciones que históricamente le habían correspondido a los Estado – Nación. La proliferación de las CMP no solo supone una nueva forma de participación en los conflictos armados sino que, a su vez, desafía las estructuras tradicionales de las fuerzas armadas. En otras palabras, representan la privatización de la Defensa Nacional.
¿Cómo operan las CMP?
Las Compañías Militares Privadas son empresas que ofrecen una amplia gama de servicios relacionados tanto con el mundo de la seguridad como la dimensión de la defensa. Si bien estos servicios varían en función de las especificidades de cada una de ellas, existen tareas comunes que suelen compartir. En primer lugar, pueden otorgar personal de seguridad para proteger personas, bienes o recursos estratégicos e instalaciones. Por otro lado, es común que ofrezcan entrenamiento militar a gobiernos, fuerzas de seguridad u otros actores.
Del mismo modo, brindan asesoramiento o capacitaciones en forma de consultoría para desarrollar estrategias, procedimientos e incluso hasta políticas de seguridad o defensa. Y en la misma línea, a su vez, las CMP pueden proporcionar servicios de logística para el transporte de personal o de suministros en zonas peligrosas o conflictivas para cualquier otro actor.
Sin embargo, donde más destacan, aunque con discreción, es en el campo de batalla. Los ejércitos privados pueden funcionar como soporte -directo o indirecto- en operaciones militares de quienes contraten sus servicios. Esto puede implicar desde la provisión de personal de combate o hasta soporte aéreo en maniobras de logística, mantenimiento e inteligencia.
De esta manera, ofreciendo algunos de los servicios mencionados, las CMP obtienen sus ingresos a través de contratos con gobiernos, organizaciones internacionales o grandes empresas privadas. Si bien los contratos dependen del tipo de servicio específico negociado en base a las necesidades del cliente, las tarifas varían en base a diversos factores como la ubicación geográfica o el nivel de riesgo de la misión.
Los peligros de las CMP
Los defensores de las CMP señalan que estas son necesarias gracias a la flexibilidad que las caracteriza como a su eficiencia para operar en lugares o conflictos donde los gobiernos o los ejércitos nacionales no pueden intervenir. La posibilidad de desvincularse del accionar de las CMP permite que los gobiernos que las contraten puedan evitar no sólo tensiones internacionales sino que, a su vez, puedan desprenderse de los costos económicos que conllevan las operaciones militares a través de las propias fuerzas de seguridad.
No obstante, son numerosos los argumentos que permiten etiquetar a las CMP como un peligro real no solo para las democracias, sino también para la soberanía de las naciones. La privatización de las funciones que históricamente eran responsabilidad del Estado implica una enorme transferencia no solo de poder sino también de control a estas empresas de ejércitos privados.
Estas corporaciones, en gran parte dirigidas por antiguos cargos militares con dudosa ética, actúan con la misma lógica que cualquier otra empresa: buscan la maximización de las ganancias. En ese sentido, el hecho de priorizar los intereses económicos por sobre los aspectos que regulan el accionar de los ejércitos nacionales supone que estas compañías puedan tomar decisiones que vulneran los Derechos Humanos (DDHH), algo que se ha registrado en varias oportunidades.
La falta de transparencia, como así también de mecanismos de supervisión sobre las CMP, son un denominador común que otorgan aún más impunidad a los mercenarios que las componen. Y eso, como se observó en la rebelión del Grupo Wagner en Rusia, puede llevar a que estas compañías generen lealtades fragmentadas, al tener distintos objetivos e intereses nacionales.
Los nombres de algunas de las CMP más solicitadas
- ACADEMI (antes conocida como Blackwater): es una compañía militar privada que tiene sede en Estados Unidos. Fue fundada en 1997 por Erik Prince, quien era miembro de las Fuerzas Especiales de la Armada de Estados Unidos. Esta CMP ganó notoriedad al ser contratada por el Pentágono durante la guerra en Irak, donde más de 30.000 mercenarios ofrecieron sus servicios. La empresa cambió de nombre luego de que en 2007 se diera a conocer la masacre de Nisour Square, donde empleados de Blackwater asesinaron a 17 civiles iraquíes.
- G4S SECURE SOLUTIONS: Con sede en el Reino Unido, G4S es una Compañía Militar Privada que ofrece servicios de seguridad que van desde supermercados o bancos hasta la protección de centrales nucleares. Según estimaciones, emplea a más de 600 mil personas en más de 120 países. Hasta principios del 2023 la compañía estuvo vinculada a Israel y fue partícipe de numerosas violaciones de los DDHH contra palestinos, entre muchos otros escándalos.
- TRIPLE CANOPY: es otra de las CMP con sede en EEUU que ofrece servicios de seguridad a nivel internacional. Fue fundada en el año 2003 por veteranos del ejército norteamericano, adquiriendo una reputación significativa desde entonces. Esta CMP ha actuado en diversas zonas conflictivas como Afganistán, Somalia, Nigeria e Irak, entre otros países.
- AEGIS DEFENCE SERVICES: esta empresa británica se encarga de proporcionar servicios de protección de personal, asesoramiento estratégico e inteligencia tanto a clientes gubernamentales como corporativos. Fue fundada en el año 2002 y en su historial de trabajo figuran países como Afganistán e Irak. La compañía fue blanco de críticas e investigaciones por el uso excesivo de la fuerza contra civiles iraquíes en la década pasada.