La lucha de Delfina Silva Zarranz, madre de Arcoíris, continua a pesar de encontrarse bajo prisión domiciliaria. La menor debía volver a declarar en Cámara Gesell la semana pasada, pero fue suspendida. Además, el Gobierno se presentó como amicus curiae para hacer cesar la violencia institucional contra la niña y su madre.
Desde el Equipo de trabajo que busca Justicia por Arcoíris, remarcaron: “No podemos acostumbrarnos a que la revictimización sea la respuesta del poder judicial”. A su vez, sostuvieron que “la prisión domiciliaria es ilegal y forma parte de la persecución y hostigamiento que sigue ejerciendo el poder judicial de La Rioja sobre la niña y su madre”.
El caso Arcoíris
En 2018 Delfina denunció que su hija de dos años y medio relató haber sufrido reiterados abusos sexuales por parte de su progenitor y de su abuelo paterno. Tras la denuncia, a Arcoíris se le practicaron distintos exámenes psicológicos que pusieron de manifiesto que los abusos existieron.
Sin embargo, la justicia no sólo sobreseyó a su abuelo, sino que también la obligó a vincularse con él y con su padre. Luego de la resolución judicial la madre decidió mudarse a Buenos Aires para proteger a la niña.
La declaración de la menor
El viernes pasado, Arcoíris iba a ser entrevistada en Cámara Gesell en el Ministerio Público Tutelar. Sin embargo, y a pesar de haber relatado los hechos hace tres meses ante el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNYA), dicha cámara fue suspendida por recusación a las peritas psicólogas designadas para intervenir.
De acuerdo a un informe del Equipo Latinoamericano de Género (ELA), 14.424 niñes y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual entre 2017 y 2022. De ese total, el 77,6% fueron mujeres.
Los datos también expresan que, en el 85% de los casos, el agresor era una persona cercana a la víctima o un familiar. Por otro lado, los tocamientos sexuales son la modalidad más frecuente de abuso (41,7%) y casi la mitad de las agresiones (46,5%) ocurren en la vivienda de la víctima o del agresor.
“Sabemos a esta instancia revictimizante para la niña”, dijeron desde Equipo de trabajo que busca Justicia por Arcoíris. En ese sentido, agregaron que “sin embargo, la creemos necesaria para garantizar el cumplimento de su derecho a ser escuchada y que no pongan más en duda su palabra”.
A su vez, desde dicho equipo de trabajo remarcan lo establecido por la Defensora de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual en julio del 2020 publicó una serie de Recomendaciones generales ante denuncias de abuso sexual contra niños y niñas y en las que se identificó que el principal derecho vulnerado es el de ser escuchado.
Persecución a las madres protectoras
En febrero de este año se ordenó un allanamiento en el domicilio que habitaban Arcoíris junto a su madre. Todo ello con el objetivo de llevarla nuevamente a su provincia y revincularla con la familia paterna. En este contexto, se resolvió que se quede junto a Delfina en ese lugar, pero se estableció una prisión domiciliaria hacia ella.
Por su parte, los primeros días del mes de junio las abogadas defensoras de Delfina presentaron un hábeas corpus solicitando la libertad para la mamá de Arcoíris al considerar que su apresamiento es ilegal.
Sin embargo, la mujer se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por negarse a cumplir una orden de revinculación de su hija con las personas a quienes la misma acusó de abusar sexualmente de ella. Además, está imputada por “desobediencia” e “impedimento de contacto”.
En una conferencia de prensa convocada por las organizaciones que la acompañan, Zarranz aseguró que el poder judicial busca castigar a las familias por denunciar los abusos sexuales. “Flamini estuvo a nada de condenar a mi hija a una vida de abusos sexuales y hoy me tiene con prisión domiciliaria como medida de castigo”, dijo la madre de Arcoíris.
“Cuando une niñe habla automáticamente el poder judicial se vuelve en contra de las madres protectoras y pasamos a ser un objeto de cuestionamiento”, denunció. Y, a su vez, agregó que “nuestres hijes son cuestionades, buscan su silencio y es tremendo el calvario que tenemos que vivir las madres protectoras solamente por creerles”.
El rol del Estado nacional
Días atrás, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentaron en la causa. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, solicitaron ser admitidos como amicus curiae en la causa penal en la que Delfina se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.
Un amicus curiae es una presentación ante el tribunal competente por parte de terceros ajenos a la causa que cuenten con un interés legítimo en la resolución final del litigio. El objetivo de esta acción es ofrecer opiniones y argumentos de trascendencia para que sean tenidos en cuenta por el Tribunal y reparar la actual vulneración de derechos que afecta la responsabilidad internacional del Estado argentino.
“Hicimos esta presentación con el objetivo de cesar la violencia institucional que el Poder Judicial está desplegando sobre Delfina y Arcoiris”, afirmó Mazzina.
Por su parte, Pietragalla cuestionó: “¿Qué ejemplo estamos dando como Estado a todas las madres? ¿Que si tu hija te dice que el papá o el abuelo la abusan y vos lo denuncias vas presa? Eso es violencia institucional”.