La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una inspección a la Casa Municipal de Abrigo de La Plata. La agencia de noticias Andar mencionó que en un principio las autoridades del lugar se negaron a permitir el ingreso a la misma.
Es por ello que se debió presentar un habeas corpus colectivo solicitando una orden judicial para entrar. El Juez de Familia, Mauro Cerdá, permitió el acceso de la CPM conforme lo dispone la Ley Nacional 26.827, la cual promueve el derecho a la integridad personal.
Nota al Pie dialogó con el subdirector del programa “Promoción y protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes” de la CPM, Sergio Raimundo quien mencionó que la inspección se hizo en el marco de la reconfiguración, en 2020, del programa en cuestión. Donde no solo recorren los lugares de encierro penal, sino que también los de encierro promocional. Es decir, los del sistema de promoción y protección de los derechos.
“En este caso fuimos a la Casa de Abrigo de la Plata como parte de nuestras tareas cotidianas” mencionó.
La infraestructura y vivencias en la Casa de Abrigo
Respecto al lugar, Raimundo mencionó que cuando recorrieron el edificio observaron un pésimo estado edilicio y sobrepoblación en él, entre otras cuestiones. La Casa de Abrigo alberga alrededor de 18 adolescentes y niñes que oscilan las edades de 12 a 18 años. Sin embargo, cuenta con solo 3 habitaciones sumamente precarizadas.
El entrevistado informó que las habitaciones solo cuentan con camas cuchetas y los muebles “son cajas de manzanas apiladas”. Es un lugar donde “no existe la privacidad, ya que conviven en una casa que ni siquiera tiene puertas”. En el hipotético caso de un incendio “elles morirían porque no hay forma de evacuar”, prosiguió indignado.
Asimismo, comunican que la falta de puertas junto a un vidrio roto en dirección a las 3 habitaciones contribuye a que se perciba un frío intenso sin cese día a día. Sumado a lo anterior, el baño es diminuto contando con una ducha que posee una puerta corrediza y lavabo en el suelo.
“Es contradictorio y triste ver los lujos que adorna el municipio de la ciudad de La Plata donde hay grandes pantallas, iluminación, leds, entre otros. Y ver la realidad de les chiques que poseen una sola tele antigua la cual se reparte una noche en cada habitación, ya que debido al frío mencionado es insostenible, luego de las 9 de la noche, la permanencia de todes en el comedor”, reflexiona Raimundo.
La CPM sostiene que les pibis no pueden seguir viviendo ahí. Entienden que el Municipio de La Plata tiene otros lugares para alojarlos. Por ello solicitaron una audiencia, fijada para el próximo 11 de agosto, a fin de que se informe donde van a ser reubicades les jóvenes.
Egresades sin rumbo
Por otro lado, respecto a la cantidad de casos que egresan del lugar mencionó que este año fueron alrededor de 5 o 6. “A veces abandonan el dispositivo de protección y promoción y luego vuelven. Lo cual encontramos muy grave ya que elles están ahí por una medida de protección y cuidado, no están obligados a quedarse; se pueden ir, pero el gran problema es que no tienen donde” aseveró el subdirector.
Asimismo, denuncian que la dicotomía sobre las limitadas posibilidades a las que acceden, es decir vivir en un lugar donde las condiciones son nefastas o vivir en los peligros de la calle. Las mismas son utilizadas por les agentes del Estado de la Casa de Abrigo.
“El razonamiento que prima entre les pibis es: si me tengo que tapar con una frazada para cambiarme de ropa o estar en la calle, bueno prefiero quedarme. Es decir, la elección del mal menor” advirtió Raimundo.
Y añadió “El trato que reciben y vivencian resulta en que en algún momento estallen. Lo cual puede manifestarse como abandonar el lugar o lastimarse”. Contó que solo este año se registraron 2 casos donde se lastimaron por no ser escuchados por los servicios locales. Por ejemplo, en uno de ellos se lanzaron desde el segundo piso provocando una fractura en la pierna.
“No aseguramos malos tratos directos del personal a los pibes y pibas. Pero sí afirmamos tratos que no responden a la singularidad de elles, tampoco a sus proyectos, la escucha, al seguimiento necesario. La verdad es que son víctimas del sistema y víctimas graves”, denunció el integrante de la CPM.
Decidía y doble vulneración
La CPM menciona que el sistema de control fue desmantelado en los últimos 10 años. “Recién ahora, hace aproximadamente 5 meses, se armó un equipo que está bueno y que nosotros entendemos como comisión” contó el subdirector del programa de protección. Pero aclaró que son muy pocos.
Mencionó que poseen entre 6 o 7 personas encargadas de controlar este tipo de organizaciones, ONG’s, instituciones, hogares y comunidades terapéuticas. Pero afirma que la mirada y control no es permanente por parte de los organismos del estado.
Respecto al caso particular de la Casa de Abrigo, entiende que debería ser controlada por parte del servicio zonal y el servicio local que responde a la provincia de Buenos Aires.
“La verdad es que no sabemos si el servicio zonal está o no mirando. Pero la realidad evidencia que hace mucho no va porque no podría permitir tales condiciones”, expresó Raimundo y continuó “más allá que no exista el espacio de control específico, el servicio zonal pareciera estar mirando para otro lado y eso es muy grave”.
La comisión habla de una doble vulneración ya que el agravante de esta situación es que quienes residen en la Casa de Abrigo vienen con vulneración de derechos en su historia familiar.
“El Estado los abriga para cuidarlos y los pibes y pibas terminan casi en situaciones tan precarias y vulneradoras como las que venían. Es terrible porque pareciera que las opciones son: si en tu casa vulneran tus derechos te vas a otro lugar donde los siguen vulnerando como en tu casa”, denunció Raimundo.
No es un caso aislado
No solo en la Casa de Abrigo constataron varias violaciones a los derechos humanos de les pibis que habitan allí. El subdirector mencionó que el año pasado realizaron inspecciones a 3 comunidades terapéuticas que presentaban, al igual que la Casa Municipal de Abrigo, situaciones complejas.
Asimismo, tuvieron el mismo resultado cuando este año inspeccionaron la organización no gubernamental San Patricio, la cual se encarga de dar asilo a niñeces con problemáticas de salud mental y discapacidades.
La inspección en esos lugares demuestran una grave falencia del Estado provincial y del Estado municipal. “Debido a los resultados similares de las inspecciones entendemos que es una deuda que hace tiempo tiene la provincia y que va en clave sobre los sistemas de control”, afirmó el entrevistado y concluyó “estamos pensando en visitar otras casas de abrigo y ONG’s”.