La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó este lunes una conferencia para analizar en detalle la situación de personas adultas mayores en Argentina. La actividad, realizada en modalidad virtual, fue coordinada por la Secretaría de Personas Adultas Mayores APDH en conjunto con la Regional Mendoza y la Regional Zárate de la entidad.
El caso de Zárate
En la conferencia se analizó el caso del Hogar de Ancianos de Zárate el cual fue desactivado, con el consecuente traslado de sus residentes a otros espacios. Según pudo constatar la APDH, la mudanza fue irregular, con algunas personas indocumentadas y con problemas de salud. Desde la entidad no se pudo recabar información de algunes de les residentes y del sitio donde fueron derivadas, aun habiendo solicitado informes al Concejo Deliberante local.
Uno de los expositores de la conferencia, Juan Manuel, comentó que en ese geriátrico había algunes residentes que vivían en ese sitio hacía 30 años. En este sentido, el conferencista advirtió que el traslado a otro lugar significó la quita de los vínculos sociales que les adultos mayores habían construido en esos espacios.
Además, remarcó que “esa circunstancia tiene el agravante de que muchos de ellos ni siquiera tenían familiares, entonces los agentes estatales que los cuidaban eran el resguardo y sostén de esas personas”. En ese sentido, se ha quitado lo más importante de esas personas que son sus afectos, enfatizó.
El caso de Mendoza
Otro caso analizado en el conversatorio fue el del geriátrico Hogar San Luis Gonzaga, de San Rafael (Mendoza), en donde fallecieron 15 personas en el mes de junio, producto del COVID. Les residentes del lugar no estaban vacunades, siendo que eran población de riesgo. Desde la APDH se demandó información a les responsables y se considera que hay cadenas de responsabilidades por las cuales fallecieron esas personas.
La coordinadora de la actividad, Ana Gonzales, manifestó que “los derechos humanos deben ser cumplidos por los Estados, nacionales y locales”. También advirtió que “hay que legislar y actuar para proteger a los adultos mayores”. La integrante de APDH manifestó que “las personas no son objetos que puedan ser trasladados de un lugar a otro, y también es inadmisible que no hayan sido vacunados”.
Además, aclaró que “las personas adultas mayores que residen en geriátricos, no requieren autorización por parte de familiares para poder vacunarse”. Preciso que “es suficiente su manifestación oral que desea vacunarse para que se pueda proceder”. En este marco, la especialista en tercera edad remarcó que las muertes acontecidas en el geriatrico de Mendoza se podrían haber evitado.
Datos estadísticos
El seminario contó con la participación de Jorge Plano, quien brindó algunos datos estadísticos sobre geriátricos. El especialista en gerontología presentó algunas cifras preocupantes: uno de cada dos geriátricos no está registrado ni cuenta con habilitación. El experto advirtió que “suelen ser espacios que se organizan en grandes viviendas, donde se albergan alrededor de ocho o diez adultos mayores, con una o dos personas que los cuidan”, pero que carecen de legalidad.
Por su parte, Enrique Rocatti expuso sobre personas en situación de calle. El disertante expresó que ha propuesto a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que se realice un registro más detallado donde se indague en la edad de las personas en esa condición. El expositor advirtió que existen estudios que señalan que el 10% de personas en situación de calle son personas de la tercera edad. Se estima que serían unas 1500 personas.
Un sector al que se invisibiliza
Como conclusión del conversatorio, se estableció la necesidad de visibilizar a les adultos mayores, para fortalecer las políticas estatales hacia ese sector. La expositora, Adriana Prado, consideró que las políticas públicas muchas veces no contemplan a las personas adultas mayores. “No es un sector muy atractivo para quienes deciden las políticas, porque son personas que no votan, o al menos, pueden elegir no votar”, subrayó.