El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la creación de un plan de inversión de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur, para resolver los problemas de interrupciones de suministro en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida consiste en un total de 278 obras en 12 partidos del conurbano bonaerense, que implican mejoras en estaciones transformadoras, subestaciones y en el tendido eléctrico. La inversión es de $7.000 millones y será financiada por los ingresos por facturación de la empresa, concretamente con el porcentaje del incremento tarifario para 2023.
Durante el último verano, Edesur fue denunciada por constantes cortes en el servicio que afectaron a más de 180.000 usuaries. En consecuencia, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) decidió intervenir la distribuidora por un plazo de 180 días. Por otro lado, amenazaron con la quita de la concesión del servicio eléctrico, medida que no fue llevada a cabo.
El plan de obras que presentó el gobierno
Con el objetivo de evitar las fallas en el suministro de energía durante los picos de demanda en verano e invierno, Edesur llevará a cabo las obras en los municipios bonaerenses de Florencio Varela, San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza, Esteban Echeverría, Quilmes, Cañuelas, Avellaneda, Lomas de Zamora, Berazategui, Lanús y Almirante Brown.
Los trabajos se ejecutarán durante los próximos 180 días y beneficiarán a 600.000 usuaries, lo cual representa un total de 2.400.000 personas. En la presentación de la medida también estuvieron presentes la secretaria de Energía, Flavia Royón; el interventor de Edesur, Jorge Ferraresi; y el interventor del ENRE, Walter Martello.
El Ministro de Economía declaró que la intención es “completar el plan invierno y llevar adelante las obras del plan verano para que esa dramática situación de marzo, dentro de 180 días, sea para aquellos que la tuvieron que vivir un pésimo recuerdo; para la empresa, un hecho desgraciado en el que le tocó pagar multas por incumplir el contrato, pero para el Estado la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones”.
Por su parte, Ferraresi sostuvo que “los intendentes venían sufriendo este problema hace 10 años” y que se trabajó para poner “en valor todo lo que había que hacer en el territorio, recorriendo todos los municipios”. Por otro lado, valoró la participación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) como fiscalizador de las obras.
Denuncias, multas y un intento de estatización
Durante el verano 2022-2023, se registró un nivel histórico de demanda de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Presuntamente por falta de inversiones, la empresa no pudo cubrir esa demanda y dejó sin electricidad a vecines, comerciantes y personas electrodependientes, en algunos casos por más de una semana.
Por esta razón, el interventor del ENRE radicó una denuncia penal por los delitos de defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos.
Luego, se decidió la intervención estatal de la empresa, que implica la fiscalización y control estricto de los actos administrativos vinculados a la prestación del servicio. Además, en el mes de febrero se estipuló una sanción de $1.000 millones a la distribuidora por los constantes cortes.
Por otro lado, la Secretaría de Energía amenazó con quitarle a Edesur la concesión del servicio público, pero esta propuesta quedó solo en palabras. En contraste, algunos meses antes el gobierno decidió condonar una deuda de Edesur y Edenor con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) por casi $140.000 millones.
La posibilidad de estatización surgió cuando la firma italiana ENEL (Ente Nazionale per L’energia Elettrica), que posee la mayor parte de las acciones de Edesur, anunció que dejará de prestar servicios en la Argentina como parte de un plan de desinversión.
Como respuesta, integrantes de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) presentaron un anteproyecto de ley al Congreso para que el Estado Nacional adquiera las acciones y sea el socio mayoritario de la empresa.