Desde que las aplicaciones de delivery como PedidosYa, Glovo y Rappi llegaron a la Argentina, han generado una gran polémica en distintos puntos del país debido a las condiciones laborales para sus trabajadores. Entre los puntos que más polémica causan se encuentran el vasto registro de empleades, la precarización laboral y los bajos salarios.
Las apps de delivery se autodefinen como empresas de tecnología que, únicamente, brindan una herramienta informática que conecta individualmente a proveedores de servicios con les consumidores. Así, miles de trabajadores deben registrarse como monotributistas o autónomos.
En este marco, organismos nacionales y sindicatos tomaron cartas en el asunto para darle un marco legal a está problemática y construir mejores condiciones laborales.
Esta semana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó a los gobiernos provinciales el acceso a las inspecciones que permitan generar el cálculo de la deuda previsional que tienen las aplicaciones móviles de reparto con les trabajadores.
Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa son las únicas que hasta el momento avanzaron con los relevamientos, exigidos por la AFIP 15 días atrás. Estas medidas también alcanzan a las aplicaciones de transporte de pasajeres como Uber, Didi y Cabify.
Operativos contra la “uberización”
Al frente de esta medida tomada por la AFIP, organismo conducido por Carlos Castagneto, está Mara Ruiz Malec, ex titular del Ministerio de Trabajo bonaerense, quien busca abordar el conflicto laboral de manera integral. A partir de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), pretende avanzar con la fiscalización de la registración laboral.
Hace dos años que Ruiz Malec viene aplicando multas millonarias a las empresas de delivery. Estas se suman a las sanciones que impusó a las apps por no tener repartidores registrados, las cuales consiguieron fallos favorables en la Justicia.
“Me parece que lo que está impulsando la AFIP está perfecto, tendrán que pagar las contribuciones patronales que no estuvieron pagando todos estos años”, expresó a Nota al Pie el responsable de encuadramiento e inspecciones de la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros Y Servicios (ASiMM), Gonzalo Ottaviano.
Al respecto, explicó que “el año pasado y el anterior (en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa) desde los Ministerios de Trabajo de cada provincia hicieron inspecciones en la calle y encontraron que había una relación laboral”.
“El Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de transmitir esas actas a la AFIP, para que haga la multa por los aportes de la seguridad social que la empresa no estuvo pagando”, indicó.
La realidad de les repartidores
Sobre las condiciones de les trabajadores, Ottaviano aseguró que “están completamente desprotegidos”. En ese contexto, desarrolló que “están por fuera de la ley de contrato de trabajo bajo una figura de socios colaboradores”, como lo llaman las empresas.
“En algunos casos están como prestadores de servicios, en otros casos con monotributo”, pero además hay casos que están “completamente en negro”. Frente a este escenario, el sindicalista aseguró que hay trabajadores que llegan a sufrir accidentes en la calle y quedan totalmente a la deriva. Además, “los ajustes salariales tampoco se dan de manera convenida, sino que se dan cuando la empresa tiene ganas”.
Las apps delivery casi no tienen posibilidad de articulación sindical. En principio, cuando PedidosYa llegó a la Argentina, en 2017, comenzó registrando a sus trabajadores. Pero para 2018, con un claro guiño de la gestión de Mauricio Macri, la empresa decidió cambiar su modelo.
Como primera medida, desvinculó a les 900 trabajadores que tenía registrades y les incorporó bajo el formato de monotributo. Actualmente, ASiMM cuenta con dos delegades y alrededor de 70 trabajadores registrades bajo la Ley de Contrato de Trabajo.