Este jueves 16, a las 9 de la mañana, comenzó el juicio oral por el crimen de Lucas González, el futbolista de 17 años asesinado en el barrio porteño de Barracas por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre de 2021.
El proceso, que comenzó ayer en el Salón Auditorium de los Tribunales de Comodoro Py, contará con once audiencias y culminará a mediados de julio. En dicho mes se conocerá la sentencia que decidirá las penas para el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nieva, imputados por el homicidio agravado de Lucas.
En esta ocasión, los principales acusados ocuparon el banquillo junto a otros once comisarios, subcomisarios y oficiales de la Policía de la Ciudad, acusados de detener ilegalmente y agredir a los otros tres adolescentes que viajaban con Lucas, así como de intentar encubrir el crimen.
La vereda de los Tribunales se llenó de familiares, amigues y vecines del joven oriundo de Florencio Varela, localidad en donde nació y creció, quienes se acercaron a brindar el apoyo a la familia y exigir que, por una vez, se haga justicia.
La primera audiencia comenzó con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio y las acusaciones que pesan sobre los 14 imputados, que se presentaron ante el Tribunal Oral Criminal N°25, integrado por Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu Romero.
Los primeros en dar testimonio fueron Héctor González, padre de Lucas, y Julián, Joaquín y Niven, los amigos del joven. Estos últimos no sólo declararon en calidad de testigos, sino como víctimas de los hechos e impulsores de la querella por las tentativas de homicidio, así como de sus detenciones ilegales. La querella está a cargo del abogado Gregorio Dalbón.
El asesinato de Lucas González
Son las 9:30 de la mañana del miércoles 17 de noviembre de 2021. Cuatro amigos detienen una VolksWagen Suran en un kiosco para comprar un jugo. Están volviendo a sus casas después de entrenar, como desde hace un año, en la sexta división del Club Barracas Central.
Un par de cuadras más adelante, en el cruce de las calles Iriarte y Vélez Sarsfield, un Nissan Tiida se cruza en su camino. Julián, que va al volante, se asusta y acelera. No sabe que quienes viajan en el Nissan son policías de civil en un auto particular que no tiene sirena ni identificación.
Los policías pertenecen a la Brigada de la Comisaría 4D de Barracas, con Base en la Villa 21-24. Apuntan y disparan: cuatro balas pegan en el auto y otras dos en la cabeza de Lucas, que viajaba de acompañante. Tiene 17 años y sueña con jugar en primera, pero cae sobre las piernas de su amigo y muere dos días después en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
Julián no entiende, cree que el ataque es parte de un robo y ve con alivio a dos mujeres policías en una esquina. En eso frena y pide ayuda desesperadamente, pero ellas los hacen bajar del auto, les piden documentos y los esposan. Mientras tanto, Lucas agoniza en el auto y sus amigos son detenidos por “averiguación de delito”.
El enfrentamiento que no fue
El parte oficial habla de un “enfrentamiento armado”: uno de los malvivientes resultó herido. La policía amplía el relato diciendo que los oficiales se identificaron y el conductor les habría chocado el auto, embistiendo a un agente y dándose a la fuga. Los medios no paran de repetir la versión oficial.
Así se enteran su familia y sus amigues, pero lo dicen claro: fue gatillo fácil. Las horas pasan y la versión policial comienza a derrumbarse: quienes fusilaron a Lucas también trabajaron en la escena del crimen.
Dos días después de la persecución, y midiendo el pulso del clima social, el ministro de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, hoy de licencia tras la filtración de los chats y las fuertes acusaciones en su contra, y el entonces jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, condenan el crimen.
En ese marco, los mismos hablan en público: “Hubo una mala actuación del personal policial. Aparentemente no recibieron fuego, para nosotros es un hecho grave”, dice Berard. Pero ya es tarde. Durante 24 horas, la justicia y los medios de comunicación avalaron la versión policial.
Mientras tanto, las calles de Florencio Varela se llenan de gente, amigues y familiares que lo dicen claro: fue gatillo fácil. Recién el jueves por la noche, mientras los medios transmiten la movilización, los amigos de Lucas son sobreseídos y el juez de menores Alejandro Cilleruelo se declara incompetente en la causa por el homicidio.
¿Por qué disparan?
“Veníamos recorriendo a la altura de Luna e Iriarte y observamos un masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito”, dijo uno de los policías en la comunicación con el 911.
Las “maniobras evasivas” y las “actitudes sospechosas” dan bandera verde para que los efectivos policiales actúen guiados por el olfato policial, que les sirve para identificar delincuentes. El olfato policial, justo lo que no mencionó Berard, resultó en una ‘mala actuación’ que es moneda corriente en los barrios más humildes.
La función que cumplen las brigadas en los barrios es la de tareas de investigación, vigilancia y allanamientos, motivo por el cual pueden recorrer las calles vestidos de civil.
No cuentan con habilitación para llevar a cabo tareas preventivas, ni siquiera parar autos en la vía pública ni pedir documentos, a excepción de que se haya cometido algún delito, lo que explica la versión que buscaron instalar.
Luego del asesinato de Lucas, chicos vecinos de la villa cercana contaron que la brigada de la comisaría 4D se adueñó del territorio. Dicen que suelen pararlos por la calle para pedirles los documentos, “verduguearlos” y exigirles plata.
Los policías que asesinaron a Lucas incumplieron todos los mandatos que ordena la Ley 5.688, creada por la Policía de la Ciudad: detuvieron el auto sin motivo, no se identificaron y abrieron fuego sin necesidad, pues solo pueden disparar si existe una amenaza hacia su vida o la de terceros.
Lorena Blanco, una de las abogadas representantes de los amigos de Lucas sostiene que “hubo un intento de asesinato”. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg.
Según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un índice de, al menos, 130 personas asesinadas entre enero del 2017 y julio de 2022. En muchos casos, los victimarios eran agentes que estaban fuera de servicio.
La muerte, como trágico final, no debe eclipsar que en incontables casos conocidos y no tanto, las prácticas cotidianas son las mismas: hostigamiento, maltrato, criminalización de la pobreza y la juventud, todo avalado por un extenso entramado de corrupción policial.
La violencia policial en Buenos Aires tiene un factor común: todo ocurre en las calles de los barrios más pobres del sur, tal como el lugar en donde Lucas y sus amigos fueron acribillados.
¿Qué hubiese pasado si el crimen ocurría en otro punto geográfico?, ¿se hubiese activado igualmente la reacción social?, ¿tiene el crimen de Lucas los factores necesarios para ser políticamente relevante e interpelar a los poderes públicos? Aún son preguntas sin responder.
En la primera jornada, los principales acusados sostuvieron haber cumplido su deber, ejercer legítima defensa y no cometer ningún delito. La próxima audiencia se realizará el martes 28 de marzo.