Este mes se cumple un año del Régimen de Excepción instalado en El Salvador. El mismo fue establecido por el presidente Nayib Bukele a raíz del asesinato de 87 personas en un fin de semana. Esto último fue producto del conflicto social que aqueja al país centroamericano hace 30 años.
En la actualidad, el mandatario salvadoreño tiene el control casi absoluto debido a un oficialismo mayoritario en el Poder Legislativo y Judicial. Asimismo, durante su mandato a través del régimen se presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y con ello el traslado de presos a esas nuevas instalaciones.
La viralización de contenido propagandístico del gobierno generó que gran parte del mundo posara la vista sobre lo que acontece en El Salvador, sobre todo de parte de Latinoamérica. En este sentido, también hubo cruces entre Bukele y Gustavo Petro, presidente de Colombia, en dos oportunidades.
En el último, el mandatario colombiano se refirió a la inexistencia del principio universal de la presunción de inocencia. “Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos”, argumentó.
En este marco, Nota al Pie dialogó con la directora administrativa del instituto Socorro Juridico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, para conocer la situación del país en relación a la violación de los derechos humanos.
Captura de inocentes
Escobar describió la situación de El Salvador como “muy grave”. Además, la directora del SJH sostuvo que el problema fue desencadenado por el mismo Bukele debido a los pactos que realizó con les líderes de las dos grandes pandillas Maras del país: La 18 y el MS13.
En esta línea, aseguró que “ellos pactan la reducción de homicidios en el país para que el pueblo crea que hay una disminución de la delincuencia por las medidas del gobierno, pero no hay nada más alejado de la realidad”. Al respecto, detalló: “Por el rompimiento de la tregua ‘inventan la solución’, entre comillas, porque para los salvadoreños delincuentes y no delincuentes significó la pérdida de garantías constitucionales”.
Les habitantes salvadoreños perdieron derechos en materia de un juicio justo, de presunción de inocencia, y del debido proceso. Además, los días de retención administrativa que eran tres pasaron a ser quince. Asimismo, el tiempo del proceso penal constaba de dos años mientras que ahora se extendió hasta cuatro años.
“Nosotros calculamos que son por lo menos 10 mil personas inocentes en los centros penales que han sido torturadas y asesinadas por delincuentes activos en las pandillas o delincuentes que cometieron delitos gravísimos”, relató la entrevistada.
La preocupación tanto de la directora administrativa del SJH como de otras personas que velan por los derechos humanos se centra en que no se cumple la diversificación de las personas de acuerdo a su proceso legal.
De esa manera, el régimen de excepción ingresa a las cárceles a toda persona que fue capturada en fase de investigación. Esto implica que las personas con sospecha de algún delito son mezcladas con detenidos ya condenados.
Escobar aseguró que de los 10 mil detenidos que son inocentes, 200 murieron en condiciones de tortura y negligencia del sistema penitenciario. Cabe destacar que la situación empeoró ya que las personas que estaban detenidas y enfermas no tuvieron acceso a medicaciones ni cuidados necesarios.
Respecto del argumento del régimen para llevar adelante las detenciones, Escobar sostuvo que se debe a procedimientos nuevos generados por el gobierno. Cabe mencionar que en este momento cualquier persona puede ser acusada de pertenecer a las pandillas mediante llamadas anónimas. Eso implica que los sujetos señalados sean investigados hasta por seis meses.
En la fase inicial de las audiencias son enviadas entre 100 y 300 personas a la cárcel. “Hasta el presidente de Colombia cuestiona de lo que se jacta Bukele. Aquí en El Salvador no hay presunción de inocencia. Se pueden llevar a cualquiera, allí se los torturan y viola”, afirmó la directora del SJH.
Censura a medios y activistas
Otra de las cuestiones centrales en el mandato de Nayib Bukele es la censura a distintos campos de la sociedad. En ese sentido, Escobar aseguró que hay criminalización de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales. Ello también contempla a periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas. Para contrarrestar sus actividades, hay reformas penales que amenazan con meterlos presos si continúan disintiendo con la línea del gobierno.
A su vez, Escobar denunció que son sujetos de persecución por el gobierno. “Ellos mandan vehículos polarizados para darnos seguimientos, también mandan a la policía a nuestras casas con la excusa de hacer patrullaje preventivo. Es una forma de amedrentar”, denunció.
Quienes denuncian las irregularidades del régimen, como les sindicalistas, son despedidos, procesados, o presos por desorden público y asociación ilícita. Esta situación también ocurriría a directivos de asociaciones trabajadoras.
Uno de los casos es el de Nubia Morales Quintanilla, una abogada que defendía a personas inocentes capturadas por el régimen de excepción. Tras denunciar la violación de derechos humanos en una conferencia de prensa, fue abordada y detenida en su domicilio.
“Hay mucha violación de derechos humanos. Definitivamente nuestra democracia se tambalea, estamos ante las puertas de una dictadura autoritaria, donde el culto a la personalidad al presidente es principal”, afirmó Escobar.
Desaparecides durante el gobierno de Bukele
Según la SJH, hasta el momento hay 4 mil denuncias de desaparecides. De acuerdo a distintas organizaciones sociales, se sabe de la existencia de fosas clandestinas en distintas zonas del país.
“Vivimos sobre fosas clandestinas, están en reserva, porque los criminales hacen ajusticiamiento entre ellos pero también hay homicidios y feminicidios en general”, comentó Ingrid Escobar.
Asimismo, relató que se acata la idea de que los cuerpos no sean visibles en las calles para no despertar la mediatización, lo que lleva a la aparición de fosas clandestinas. “Si matan entiérrenlos en fosas clandestinas donde no se entere nadie”, ironizó; y agregó: “Es por eso que están todas en reserva”.
El SJH lleva adelante el caso de Armando Tejada, desaparecido el 2 de octubre de 2021, momento en el que estaba el plan de control territorial. En esa instancia también se comentaba que había cero homicidios. Por último, Escobar aseveró: “Hasta la fecha los desaparecidos no están, la gente no tiene respuestas institucionales, porque no les interesa sacar a la luz que están enterrados en fosas clandestinas”.