La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se ha convertido en el escenario de la violencia sin precedentes ejercida por bandas criminales dedicadas al narcotráfico. A este panorama se suma la complicidad de las fuerzas policiales, la amenaza a les funcionarios judiciales y la inoperancia de los sectores políticos.
Durante 2022 ocurrieron en Santa Fe 406 homicidios, de los cuales el 70% fueron en Rosario (un total de 288). Con estas cifras, la ciudad registró un promedio de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional de 4 asesinatos cada 100 mil habitantes. En tanto, en lo que va de 2023, ya se registraron 65 asesinatos.
En este contexto, los medios de comunicación se dedican a difundir mensajes de alerta sobre la creciente criminalidad en Rosario, sobre todo en lo que respecta a noticias sensacionalistas como la amenaza de una banda narco a Lionel Messi. Sin embargo, mientras los delitos cometidos en los barrios vulnerables son noticia de cada día, las actividades económicas que se benefician de estos crímenes permanecen encubiertas.
En los últimos años, la Justicia comenzó a investigar a organizaciones que tienen una fachada legal pero que se dedican a actividades ilícitas y reciben fondos provenientes del narcotráfico. En estas causas judiciales comienza a revelarse la parte sumergida del iceberg, que vincula a empresaries, escribanes, desarrolladores inmobiliarios y familiares al crimen organizado.
Los vínculos entre los negocios, la droga y los asesinatos
Detrás del tráfico de drogas y el enfrentamiento entre bandas narco existen diversos circuitos económicos que se dedican a otros rubros de actividades ilegales. Como pantalla para realizar estafas y lavar activos, utilizan la creación de fideicomisos, cuevas financieras, agencias de turismo, entidades mutuales y puertos secos (depósitos clandestinos de cereales, agroquímicos y combustible).
El fiscal Sebastián Narvaja, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Especiales de Rosario, explicó que “los grupos que operan negocios ilegales generan estructuras según sus necesidades. Arman mutuales y fideicomisos, tienen cuevas y agencias de turismo”.
Al respecto, detalló que “las mutuales son utilizadas en particular para hacer descuentos de cheques que se reciben en las financieras, y además permiten tener una pata en el sistema bancario y evadir impuestos”.
Algunos de los actores cuyos negocios fraudulentos estaban vinculados a organizaciones del narcotráfico fueron procesados por la Justicia. Es el caso del desarrollador inmobiliario Gustavo Shanahan, quien vendía divisas a una red de venta de cocaína dirigida por Julio Rodríguez Granthon, y fue imputado por el delito de comercio de estupefacientes.
Granthon recibió dos condenas de prisión y tiene un pedido de prisión perpetua por el asesinato del pastor evangélico y ex concejal Eduardo Trasante. Según las acusaciones, la venta de dólares por parte de Shanahan aseguró beneficios para reinvertir en la provisión de droga.
Por otra parte, la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral (AMEL) fue acusada de mantener operaciones financieras con una banda narco dirigida por Pablo Camino desde la cárcel santafesina de Coronda. Presuntamente, Camino es uno de los implicados en el homicidio de Brandon Ortigoza, de 18 años, que era ajeno al enfrentamiento entre narcos.
En el caso de la causa por la Mega Estafa Inmobiliaria, cuyo juicio oral comenzó hace algunos días, también existen vinculaciones con el tráfico de drogas. La causa, en la que están imputadas 13 personas, trata los casos de estafa en los que ocho personas fueron desapoderadas de sus bienes inmobiliarios.
Uno de los imputados, Leandro Pérez, era socio de uno de los condenados por una causa de tráfico de cocaína a Portugal. Otra imputada, Vanina Vaglione, es la esposa de un condenado en el juicio de la banda de “los Monos”. También está implicado Maximiliano González de Gaetano, socio del empresario narco Luis Medina (asesinado en 2013) y de Yalil Azum, quien poseía una organización en la que lavaba dinero y fue acusado de falsificar derechos de imagen de Messi en China.
El rol de la política en el conflicto
Frente a la situación urgente que se vive en Rosario y la declaración del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, de que “los narcos ganaron”; el gobierno del Frente de Todos decidió enviar efectivos de la Gendarmería a la ciudad. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández anunció el envío del Ejército para avanzar en la urbanización de barrios populares.
A partir de esta política se profundiza la criminalización de les habitantes de los barrios pobres, mientras que se garantiza la impunidad de los poderosos implicados en los negocios del narcotráfico. Fuera de esta acción, la dirigencia política tanto nacional como provincial se muestra incapaz de manejar la situación.
En cambio, les funcionaries insisten en realizar acusaciones mutuas. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, denunció que la Nación había “abandonado” a su provincia, a lo cual el Presidente respondió que la solución le compete al gobernador. Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se declaró impotente, debido a la sospecha de complicidad entre les efectives policiales.