No es la primera vez que el gobierno porteño toma decisiones polémicas en cuanto a la construcción de grandes complejos urbanísticos en espacios verdes. Hace algunas semanas se aprobó la actualización de la ley de Catastro. Los partidos opositores denunciaron que la iniciativa intenta dar piedra libre a la construcción privada. Ahora se suma un nuevo territorio en disputa. Se trata del predio de la ex Ciudad Deportiva Boca, ubicado en la Costanera Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Para la construcción de edificios en ese lugar, el gobierno porteño firmó un convenio con la empresa Irsa, poseedora de los terrenos. Ayer, jueves 22 de julio, organizaciones sociales y ambientalistas presentaron un amparo judicial para frenar el debate en la Legislatura porteña sobre este convenio.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes son quienes están a cargo de esta iniciativa.
Les amparistas aluden que el tratamiento del tema en la Legislatura no cumple con la Constitución local, que prevé una audiencia pública obligatoria previamente.
El amparo para frenar el proyecto en Costanera Sur
“A los bloques legislativos que impulsan el proyecto y al Poder Ejecutivo se les pasó algo esencial a nivel constitucional, no cumplieron con la convocatoria a audiencia pública obligatoria que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 63 para proyectos de normas de planeamiento urbano”, indicaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad en un comunicado oficial.
Y es que la Legislatura porteña comenzó a tratar el tema este jueves en la Comisión de Planeamiento. Desde el Observatorio adjudicaron que el texto constitucional expresa que la audiencia debe ser llamada antes del tratamiento legislativo. Por ello, el objetivo del recurso de amparo es “que se ordene la inmediata convocatoria y realización de la audiencia pública, y la suspensión del trámite parlamentario”.
Pero… ¿En qué consiste el proyecto inmobiliario?
El convenio urbanístico se firmó entre el gobierno porteño y la empresa Irsa para cambiar la zonificación actual de una parcela de 71 hectáreas. El predio se extiende frente al barrio de Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno.
El terreno pertenecía al Estado nacional hasta que en la década del ’60 fue donado al Club Boca Juniors para hacer una Ciudad Deportiva. Como la idea nunca se concretó, en 1997 lo adquirió Irsa.
El proyecto habilitaría allí nuevos usos del suelo, para autorizar la construcción de edificios de hasta 145 metros de altura. En la actualidad la normativa urbana solo permite construcciones de hasta 12 metros.
De las 71 hectáreas, Irsa edificaría en 23. Las 48 restantes serían cedidas al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para convertirse en espacios verdes y de acceso público.
Esos serían los puntos buenos del proyecto. En la reunión en la Legislatura, el secretario de Desarrollo Urbano porteño, Álvaro García Resta, explicó que la intención del convenio es “recuperar hectáreas que van a aumentar la superficie de espacio verde” en la parcela más grande de CABA en manos del sector privado.
Por su parte, un comunicado de la empresa Irsa informó que, además de la cesión de tierras, financiará “parte del Fideicomiso de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad y las obras de infraestructura de gas, agua corriente, cloacas y luz eléctrica en el interior de la urbanización”. El aporte sería de un monto cercano a los 250 millones de dólares.
Voces en contra: ¿tratamiento exprés?
Uno de los grandes reclamos se dio a partir del rápido paso del proyecto por la Legislatura porteña. No solo les amparistas se quejaron de ello, sino que diferentes legisladores en la última sesión se proclamaron al respecto.
El pasado jueves 22, en una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, se empezó a tratar el tema. Fueron funcionarios del Gobierno de la Ciudad quienes explicaron allí el proyecto. El lunes 26 de julio se volverá a discutir en comisión, para pasar el 5 de agosto a la sesión legislativa.
La legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira, cuestionó que el expediente no pase también por la comisión de Espacio Público que preside. Por otra parte, el diputado Matías Barroetaveña, del mismo partido, caracterizó al convenio como “anticonstitucional” y evaluó que el oficialismo “trata de hacer todo a las apuradas porque sabe que la opinión pública está en contra”.
En el mismo espectro político, el legislador Javier Andrade denunció que en el proyecto no se incluyó requisito del estudio de impacto ambiental del emprendimiento, el cual “se va a hacer sobre esta zona que es un humedal”. Otra voz fue la de la legisladora Amanda Martín, del Frente de Izquierda, quien sostuvo que el proyecto “va a empeorar la calidad de vida de la población”, por lo que planteó la idea de expropiar el predio.