El 9 de julio en Sudáfrica se determinó el inicio de la condena a 15 meses de cárcel por parte de su ex mandatario. La misma fue a causa de que se negó a declarar en un caso de presunta corrupción en su gobierno, llevado a cabo desde 2009 a 2018.
Asimismo, esa misma fecha comenzaron a tomar pie las protestas sociales. Las cuales, según la ministra interina Khumbudzo Ntshavheni, hasta el momento llevan un saldo de 337 personas muertas.
En una rueda de prensa afirmó que la policía sudafricana elevó el número total de muertos en Gauteng a 79, y en KwaZulu-Natal a 258.
A partir de la muerte de su hermano Michael, el ex mandatario obtuvo un permiso para acudir al funeral del mismo. Argumentan que la medida fue tomada en base a que al haber estado poco tiempo en prisión, se lo considera aún un “preso de bajo riesgo”.
Las comisarías del país fueron puestas en alerta debido a que llegaron informaciones de Inteligencia sobre un posible plan para asaltarlas. Algunas contienen almacenes de armas, por lo cual sería de máximo peligro.
Acusaciones de corrupción y malversación de fondos
Jacob Zuma, ex presidente del país, en un principio se negó a su condena. Sin embargo, terminó entregándose a las fuerzas policiales.
El mismo se vio obligado a renunciar a su cargo en 2018, un año antes del fin del mandato. Se veía acusado por causas de malversación de fondos públicos. Así como también se lo vio envuelto en acusaciones sobre corrupción, lavado de dinero, extorsión y fraude.
Sin embargo, Zuma rechazó esas acusaciones haciendo hincapié en que todas sus operaciones financieras fueron vigiladas por los organismos competentes.
Anteriormente, en 2009 se le habría acusado de 783 cargos de corrupción relacionados con contratos públicos para la adquisición de armas en los años 90s. Sin embargo, como ganó las elecciones presidenciales de ese año la fiscalía obviarlos a causa de que el proceso obstaculizaría la vida política del país.
Amnistía Internacional
La directora de Amnistía Internacional Sudáfrica, Shenilla Mohamed, declaró en la página web de la organización que “las autoridades se quedaron de brazos cruzados mientras grupos organizados bloqueaban carreteras, incendiaban propiedades y saqueaban tiendas y fábricas”.
Afirmó que el gobierno tiene “la responsabilidad de garantizar que se controlan los disturbios, respetando las normas internacionales”. Sin embargo, “ha actuado demasiado poco y demasiado tarde, lo que ha dado lugar a la pérdida innecesaria de vidas y la destrucción de innumerables medios de vida”.