En La Pampa condenaron por trata de personas a Daniel Bravo, exintendente de Colonia 25 de Mayo y actual concejal de la ciudad. El hecho se da en un contexto en el que, según el padrón del Observatorio Lucía Pérez, en lo que va del 2023 desaparecieron 48 mujeres.
El juicio
El Tribunal Oral de Santa Rosa condenó a cinco años de prisión a Bravo, como partícipe necesario, y a Nurys Caraballo Castillo, la dueña del prostíbulo que funcionaba con los nombres “Venus” y “Karibian”, como autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. También absolvió al ex comisario Miguel Ángel Oyarce, quien había sido acusado por encubrimiento agravado.
Los hechos juzgados ocurrieron entre el 16 de diciembre de 2011 y el 6 de octubre de 2012. Los jueces Pablo Díaz Lacava, José Tripputi y Marcos Aguerrido los encontraron culpables de cometer perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual.
El juicio se había iniciado el 4 de noviembre pasado. A su vez, los magistrados declararon prescrito el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto a Bravo por lo que no le aplicaron la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos que había requerido la fiscal Silvestre.
El caso
La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia realizada en la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones. Allí una mujer de origen dominicano denunció que se había escapado de un cabaret de la Colonia 25 de Mayo. La mujer relató que había sido maltratada y amenazada y que allí había otras mujeres en la misma situación.
La mujer también expuso la complicidad policial. En el llamado explicó que no había avisado a la policía «porque sabían todo” y que, cuando iba el jefe de la
municipalidad al cabaret, “le daban mil pesos y él firmaba”.
Como consecuencia de las tareas investigativas, el 16 de diciembre de 2011 se allanó el local nocturno. Durante el operativo se constató la presencia de diez mujeres: nueve de nacionalidad dominicana y una argentina. El 2 de febrero de 2012, el Ministerio Público Fiscal solicitó el llamado a declaración indagatoria de Bravo, de Caraballo Castillo y de la encargada del local. Sin embargo, por un conflicto de competencia se demoró el avance de la causa.
En marzo de 2013, el intendente Bravo había sido condenado por la justicia provincial a siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por catorce meses para su desempeño en el ejercicio de cargos públicos, por abuso de autoridad en el marco de otro caso de trata de personas. En julio de 2014, el Tribunal de Impugnación confirmó la condena.
La lucha de madres y víctimas
Desde el 2008, año en que fue sancionada la Ley 26.364 de prevención y sanción de trata de personas, hasta el último día 2022 se rescataron 18.497 personas víctimas de trata en nuestro país. En cuanto a la Línea 145, dedicada a la atención de este tipo de delitos, recibió 1589 denuncias durante 2022.
En paralelo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial las mujeres son las principales víctimas de la trata de personas. Del total de las víctimas, representan un 46 por ciento, mientras el 19 por ciento está conformado por niñas. Otro dato fundamental es que 1 de cada 3 víctimas detectadas es menor.
Frente a estos delitos, la ONG Madres Víctimas de Trata viene trabajando desde hace años para combatir la trata de personas. Es una organización sin fines de lucro conformada por un grupo de madres, familiares, amigxs, voluntaries, artistas y amigxs de mujeres, niñes desaparecides para ser prostituides.
En cuanto a las víctimas, aseguran que solo el 1 por ciento de las víctimas son rescatadas, y sólo el 2 por ciento sobrevive. Además, mencionan que sin políticas públicas de acompañamiento, una vez rescatas corren el riesgo de caer en el suicidio, los delitos o las adicciones.
En este sentido, desde dicha organización realizan el trabajo que debería hacer el Estado. Además de denunciar la complicidad del poder judicial y la falta de asistencia, ellas trabajan para acompañar a quienes fueron víctimas y ayudarlas a salir adelante.
“Con el conocimiento de nuestros derechos, seguridad, respeto por uno mismo y sin culpas, todos podemos abogar por les víctimes y apoyarnos mutuamente para lograr un cambio”, aseguran en sus redes sociales. Y agregan: “Hablá sobre la explotación sexual, alzate y rompe el silencio, no sufras sola”.